El Senado de EE UU confirma al juez conservador John Roberts como presidente del Supremo
El candidato de Bush ha recibido 78 votos a favor y 22 en contra
El Senado de EE UU ha confirmado hoy por amplia mayoría la candidatura del juez John Roberts como nuevo presidente del Tribunal Supremo. Roberts, candidato del presidente George Bush y considerado como un conservador, ha obtenido 78 votos a favor y 22 en contra y se convertirá en la máxima autoridad del país con una influencia decisiva en temas candentes como el aborto o los matrimonios homosexuales.
Una vez investido, Roberts de 50 años, se convertirá en el presidente del Supremo más joven de los últimos dos siglos. Sustituye en el cargo a William Rehnquist, fallecido a principios de este mes víctima de un cáncer de tiroides.
Durante su comparecencia de tres días ante el Senado, Roberts dejó perplejos a la mayoría de los analistas por su habilidad para esconder sus opiniones sobre la mayoría de los temas clave. La conclusión es que los republicanos no salieron convencidos de que fuera uno de los suyos y los demócratas no saben si sus modales dan una falsa impresión de moderación.
Roberts se estrenará como presidente del Tribunal Supremo cuando el 3 de octubre quede abierto el año judicial. Después, el Tribunal ha de pronunciarse sobre casos que afectan a la eutanasia, la pena de muerte, el aborto y los derechos para parejas homosexuales.
Reacciones
Las reacciones a la confirmación de Roberts no han tardado en surgir en Washington, con los republicanos y demócratas, y grupos afines, enfrentados sobre la idoneidad del juez conservador para el cargo. Durante una rueda de prensa, el presidente del Comité Judicial del Senado, Arlen Specter, acompañado de otros líderes republicanos, han elogiado la figura y trayectoria de Roberts.
Sin embargo, el grupo liberal People for the American Way, entre otros, ha afirmado hoy que la confirmación de Roberts en el cargo vitalicio resulta "decepcionante" porque, a su juicio, el juez no ha demostrado un "compromiso básico" con la defensa de los derechos constitucionales y demás protecciones legales de los estadounidenses.
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