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El horror permanece un año después de la tragedia

Familiares y supervivientes del trágico incendio en un supermercado de Asunción recriminan la falta de responsabilidades penales

Para muchos sobrevivientes del incendio en el supermercado Ycuá Bolaños, en el antiguo barrio de Trinidad, a las afueras de la capital, Asunción, la angustia crecía a medida que se acercaba el primer aniversario de la tragedia, que se cebó aquel día con casi 400 muertos y centenares de heridos. Muchos evitaban tener que salir de sus casas. Otros lloraban inconsolablemente. Sobre todo los familiares de las víctimas. El sentimiento de pérdida se les hacía insoportable. Centenares de familiares han salido a la calle para reclamar responsabilidades penales, no sólo para los dueños del supermercado, también para las autoridades locales.

"Hay ciertos momentos en el día que me gasto las uñas arañando las paredes", dice Francisca Giménez, una dulce abuela de 60 años que sacó fuerzas de donde no tenía para llevar adelante un grupo de oración y ayudar a otros familiares. Pancha, como la conocen cariñosamente sus amigos, encontró consuelo empapelando su casa con recuerdos y fotografías de su hija Mirna Marlene, de 36 años, y sus tres nietos, Gustavito, que hubiese cumplido 12 años el domingo pasado, María Sol, de 8 y el bebé de la casa, José Sebastián, de sólo 2 años. Más de la mitad de los muertos aquella soleada mañana de agosto eran niños, incluyendo un grupo de niños que celebraban un cumpleaños en el Patio de Comidas del supermercado.

El moderno edificio se había inaugurado hacía solo tres años y era motivo de orgullo para la gente de este barrio donde se alternan las calles muy pobres con lujosas viviendas y que pasaban allí muchas horas de distracción. Muchos viajaban desde lejos por la calidad de la carne, otros venían por el bajo precio de las verduras, otros simplemente para pasear, porque la comida preparada era muy barata, el local era limpio y tenía aire acondicionado.

Ninguno de todos los que estaban allí ese domingo sospechaba que el edificio era una trampa mortal. Los informes de los peritos después del incendio así lo confirman: "Tres de los ductos de la parrilla, de la panadería, de la confitería y la rotisería, no salían al exterior", explica el abogado Luis Escobar Faella, ex fiscal general y abogado de los dueños del supermercado. "Había una gran cantidad de humo y gases que desde la misma inauguración del supermercado se iban acumulando en la cámara que se formó entre el cielo raso y el techo del edificio, que permitió una acumulación de gases de 9.000 m³", añade Escobar.

El dueño mayoritario del supermercado, Juan Pío Paiva, y su hijo Daniel, encargado del supermercado, están presos aguardando juicio por su responsabilidad en el incendio. La estrategia de su defensa ha sido concentrarse en los errores de construcción, que fueron innumerables y que incluyen la ausencia de salidas de emergencia directamente al exterior, la falta de extractores eólicos en el techo y la utilización de materiales tóxicos, como un revestimiento de poliuretano que al quemarse emitió gases de cianuro.

Cierre de puertas

Pero los Paiva están acusados de algo todavía peor. Numerosos testigos, entre ellos los bomberos que llegaron pocos minutos después del incendio y los sobrevivientes, sostienen que las puertas del supermercado fueron cerradas poco después de que comenzase el siniestro. Presuntamente, según los testimonios, era hasta ese momento una práctica normal en la mayoría de los supermercados, para impedir que salga la gente sin pagar. En este caso, las consecuencias fueron criminales. Pero, a pesar de que muchos de ellos están pasando por una difícil situación económica, en lo que menos piensan los familiares y sobrevivientes ahora es en una indemnización económica. Hablar de dinero para algunos de ellos es inclusive un insulto.

"A mí lo que menos me interesa es la indemnización", explica María del Carmen Cristaldo, Lili, que a los 40 años perdió a sus dos hijas adolescentes y a su marido. "Si me traen todo el oro del mundo acá yo no quiero, porque a mi familia no la voy a recuperar jamás. Mi familia murió por culpa de un señor avaro". Lili pelea consigo misma todos los días para seguir viviendo . Se repite a sí misma que tiene una misión. Sufre en silencio el horrible dolor de las cicatrices que para siempre dejarán marcados su brazos y su rostro. Hoy, un año después de la tragedia, saca fuerzas para salir a reclamar justicia. Todavía, no se ha realizado ninguno de los tres juicios que deslindarán las responsabilidades de los propietarios, del constructor y de las autoridades municipales que habilitaron el local sin una debida inspección.

A raíz del terrible incendio, las autoridades municipales comenzaron a tomar más en serio la seguridad en edificios públicos, pero el abogado de 93 de las familias afectadas, el ex fiscal Alejandro Nissen, cree que la mayoría de los asuncenos todavía viven en peligro: "Existen actualmente 30.000 expedientes en el municipio de Asunción, esperando el día de la inspección final de su sistema de prevención de incendios. Solamente se logra hacer dos inspecciones por día. Eso quiere decir que recién en 80 años vamos a tener posibilidades de blanquear todos los comercios de la ciudad". Para el médico Roberto Almirón, uno de los primeros que llegó para prestar asistencia a las víctimas, —su clínica privada está a pocas manzanas del supermercado—, sin saber que su hijo se encontraba entre ellas, las autoridades en Paraguay no han tomado el caso con la seriedad suficiente.

"Aquí hay falta de patriotismo para arrancar de cuajo los males del país y se sigue negociando con la corrupción, con la mediocridad en la medida que no me afecte. Y se sigue jugando con la vida de las personas, hasta que aparezcan situaciones extremas como la del Ycuá Bolaños, que son un reflejo del país. Una radiografía de a lo que llega un país que no piensa en su gente. Después, todo siguió igual. El país de siempre. Donde el poder judicial y la propia municipalidad son edificios que no tienen escalera de incendios. Un país carente de valores en un estado terminal", reflexiona Almirón.

El Gobierno ha agotado sus exiguos recursos ayudando a los más necesitados, pero anunció que a través del Comité de Emergencia Nacional continuará apoyando a los heridos con sus tratamientos. Los sobrevivientes han formado varios grupos de apoyo y fondos para ayudarse entre sí y para el primer aniversario iniciaron una vigilia en el pequeño memorial que construyeron en el estacionamiento del supermercado (cuyo edificio sigue en pie).

"Toda mi fuerza ahora está en la lucha para hablar por aquellos que no puedan hablar. Un año después, no hemos escuchado que nadie se disculpe por la tragedia. Esto fue una negligencia, una irresponsabilidad", dice Ramona Fleitas de Heyer, de 52 años, quien milagrosamente se salvó abrazada a su hija Cecilia, de 25 años, quien encuentra más difícil que su madre reponerse. "Quizás porque no lloré en su momento. Es difícil ser sobrevivientes. Es cierto, nos volvieron a dar una vida, pero es difícil entender por qué y para qué. No es fácil, más porque la gente te dice: ¡estás viva!. Pero no es así nomás. Es imposible olvidar lo que sucedió aca, sabiendo que muchos ya no están". Parece que cuesta más, dice Cecilia, mientras mira con su madre el pasillo interior del supermercado donde quedaron tiradas en el suelo durante más de una hora hasta que los bomberos lograron entrar para rescatarlas.

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