La guerra contra el narcotráfico enfrenta a tiros a los cuerpos policiales mexicanos

La ciudad mexicana de Nuevo Laredo, fronteriza con Tejas (Estados Unidos), está sin Policía Municipal en las calles desde el pasado fin de semana. Todos los miembros de este cuerpo han sido acuartelados hasta nueva orden, para evitar enfrentamientos, pero no contra los delincuentes sino con otros policías.

Hoy más que nunca, Nuevo Laredo es una ciudad sin ley. No son sólo los ajustes de cuentas entre bandas rivales, arreglos a sangre y fuego por pasarse de la raya en el negocio de la droga o enfrentamientos entre la policía y el crimen organizado. La tensión ha llegado a tal punto que los tiroteos se libran entre los distintos cuerpos policiales. Para prevenirlos, la ciudad amaneció ayer con un inusitado despliegue militar y con el cuartel de la Policía Municipal sitiado por el Ejército.

Ocurrió el sábado en esta ciudad del Estado norteño de Tamaulipas. Un contingente de 26 miembros de la Agencia Federal de Investigación (AFI), recién llegado de Ciudad de México para reforzar la lucha contra el narcotráfico dentro de la operación México Seguro, fue interceptado y tiroteado por agentes de la Policía Municipal cuando se dirigía desde el aeropuerto a las instalaciones de la fiscalía.

Resultado: un herido grave, 41 municipales detenidos y trasladados al Distrito Federal para ser interrogados, y todos los integrantes de este cuerpo acantonados.

Las versiones de lo que ocurrió el sábado son contradictorias, pero el caso revela el grado de tensión que se vive en la Policía Municipal de Nuevo Laredo, actualmente sin mando después de que los dos últimos jefes hubieran sido asesinados en una semana. El último, Alejandro Domínguez, fue acribillado el miércoles pasado, siete horas después de asumir el cargo. La fiscalía sospecha que algunos de los policías municipales que agredieron a los agentes de la AFI podrían tener vinculaciones con organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Aparentemente, el contingente policial de la fiscalía enviado a Nuevo Laredo participará en las investigaciones del asesinato del comandante Domínguez.

El mismo día de este asesinato, un comando de siete hombres armados entró a la una de la madrugada en una clínica privada de Chihuahua, en el vecino Estado del mismo nombre. Su objetivo era un agente de la AFI que había sido tiroteado la víspera. Esta vez, los asesinos no fallaron y también se llevaron por delante a los otros dos policías que custodiaban al herido.

Hechos sin precedente

El poder del narcotráfico y del crimen organizado no es de fecha reciente en México, ni la guerra contra los carteles de la droga. Pero diversas voces advierten de que el problema ha adquirido una dimensión desconocida y piden acciones urgentes para frenar la escalada de violencia en varios Estados mexicanos. El embajador de Estados Unidos, Tony Garza, ha dicho una vez más que en la frontera norte de México la violencia ha empeorado de tal manera que las autoridades han sido rebasadas en algunas partes. En una reflexión similar, el gobernador de Nuevo León, Natividad González Parás (PRI), señala que México, como nación y como sociedad, está perdiendo la guerra contra el crimen organizado.

Más inquietante es la afirmación de Manuel Camacho Solís, principal asesor de López Obrador, favorito ante las elecciones presidenciales de 2006, de que varios Gobiernos estatales y municipales actúan en connivencia con el narcotráfico, que ha financiado campañas electorales millonarias, y hoy carecen de autoridad. "La violencia es un reto permanente a la autoridad, tanto federal como de los distintos Estados", advierte Camacho Solís, y dice sin pestañear que, si López Obrador gana las elecciones, la violencia ligada al narcotráfico será el mayor desafío que tendrá que enfrentar.

El Estado se muestra incapaz de reaccionar ante los zarpazos criminales, especialmente en una zona muy sensible, la frontera norte, que afecta a las relaciones con Estados Unidos. La prensa del país vecino sigue con máxima atención la ola de violencia en México, como el Houston Chronicle, que destacó en portada la noticia del asesinato del último jefe de la Policía Municipal de Nuevo Laredo.

Captura de jefes

La estrategia de la PGR dio resultados a corto plazo, con la captura de un buen número de jefes y sicarios de organizaciones de narcotraficantes, pero incubó problemas a largo plazo: las bandas delictivas han crecido en este supuesto vacío de poder temporal con un nivel de irracionalidad que ha desbordado al Estado.

La guerra contra el narcotráfico ha tenido la última semana un capítulo que ha puesto de relieve la desconfianza entre el poder ejecutivo y el judicial. El Gobierno lanzó una andanada contra determinados jueces acusándoles de complicidad con las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, tras la libertad bajo fianza decretada por un juez federal a favor de Archivaldo Iván Guzmán Salazar, El Chapito, de 21 años, hijo de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, presunto jefe del cartel de Sinaloa y uno de los narcotraficantes más poderosos y buscados de México. El Chapo está en paradero desconocido desde que se fugó de la cárcel, el 19 de enero de 2001. Los 12 jueces federales de amparo en materia penal de la Ciudad de México cerraron filas y replicaron con argumentos jurídicos las acusaciones del Gobierno.