La crisis energética que atenaza a Centroamérica

Centroamérica está estremecida por el alza internacional de los precios del petróleo. Hay preocupación entre los líderes políticos, que en gran medida actúan con improvisación y hacen de la gravedad económica un conflicto político que coloca, como es el caso de Nicaragua, a toda la institucionalidad del Estado en serio riesgo.

En El Salvador, todas las semanas se anuncian pequeñas subidas de los precios de las gasolinas y el diésel, que las estaciones distribuidoras se apresuran a cobrar a los clientes. Pero cuando en raras ocasiones la Asociación Salvadoreña de Distribuidores de Productos del Petróleo (ASDPP) informa de rebajas mínimas, nunca se aplican. "La defensoría del consumidor no tiene garras", dice Ana Ela Gómez, del no gubernamental Comité de Defensa del Consumidor (CDC).

El Ministerio de Economía salvadoreño informó de que este año se cancelarán como mínimo 900 millones de dólares en concepto de factura petrolera. Esto significa un 30% más de lo cancelado el año pasado. La factura de El Salvador en 2005 representa el 6% del producto interior bruto (PIB) y supone el triple de lo que fue en 1999 y el doble de lo pagado en 2002.

La situación en Guatemala, Honduras, Costa Rica y Nicaragua es similar a la salvadoreña, porque la región no es productora de petróleo. Los empresarios de la región y los funcionarios encargados de los hidrocarburos pretenden impulsar iniciativas para la producción del llamado biodiésel (a base de semillas) y del etanol (a base del bagazo de la caña de azúcar), pero dichos proyectos deben pasar por la aprobación de leyes y por fuertes inversiones, según Julio César Arroyo, gerente de la Asociación Azucarera de El Salvador. Mientras, el Gobierno hondureño ha enviado una delegación a Brasil para intercambiar experiencias sobre fuentes energéticas alternativas.

Nicaragua parece no necesitar de muchos motivos más para entrar en crisis. El pasado 30 de mayo, su presidente, Enrique Bolaños, decretó el estado de emergencia energética para maximizar el ahorro de combustible y energía, al mismo tiempo que permitía a la distribuidora española de electricidad Unión Fenosa un incremento de la tarifa de 11,83% para evitar que se produjeran apagones.

Pero, al cabo de una semana, Bolaños tuvo que abolir la emergencia; el Parlamento —dominado por liberales y sandinistas, opositores al Gobierno de Bolaños— nombró nuevos superintendentes de electricidad, telefonía y agua, quienes han suprimido el alza de las tarifas anunciadas por el Ejecutivo. Pero Bolaños no reconoce los nombramientos hechos por el legislativo. El presidente aspiraba a lograr la mediación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la crisis entre las instituciones; sin embargo, la junta directiva del Parlamento rechazó el pasado martes una posible intervención del organismo internacional. Con todo, ayer, un día después de la decisión del Parlamento, Bolaños anunció la visita del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, para estudiar la crisis del país.

Unión Fenosa se siente con las manos atadas, aunque promete que no habrá apagones ni subidas de las tarifas por el momento. Carlos Pellas, el más grande e influyente empresario local, se ha lamentado en público del "conflicto de poderes", que ha desembocado en "una falta de estabilidad y de tranquilidad en los inversionistas que perjudica enormemente el crecimiento de Nicaragua", asegura el jefe del poderoso Grupo Pellas. El empresario ha anunciado que las inversiones conjuntas que proyectaba para la generación de energía eólica con la trasnacional General Electric han sido canceladas a causa de la incertidumbre vigente en Nicaragua, nación que sólo es superada por Haití en índices de pobreza.