El Gobierno de Perú extrema las medidas de seguridad en torno a Montesinos

Montesinos, que llegó ayer a Lima, se encuentra a disposición del Poder Judicial peruano. Todo apunta a que será encarcelado en las próximas horas en la base militar de El Callao, donde cumple cadena perpetua el líder de la banda terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Aquí permanecerá "hasta que se acondicione, de acuerdo a las medidas de seguridad que requiere el caso, la prisión común de Miguel Castro Castro", destino final del ex asesor presidencial, según fuentes del poder judicial.

El ministro de Justicia, Diego García Sayán, ha asegurado que Montesinos "no puede estar en cárcel peruana alguna porque ninguna de ellas ofrece las condiciones de seguridad para preservar su vida", con lo que el ex hombre fuerte del Gobierno fujimorista será encarcelado temporalmente en la base naval del Callao. García Sayán ha ratificado, de esta manera, la petición de los seis jueces anticorrupción, quienes esgrimieron las mismas razones de falta de seguridad de las cárceles peruanas para que Montesinos fuese trasladado de forma temporal al Callao.

Sin embardo, Montesinos ha asegurado que "está dispuesto a declararse en huelga de hambre si las autoridades penitenciarias deciden enviarlo a una prisión naval al oeste de Lima", según ha asegurado hoy su esposa, Trinidad Becerra.

Por su parte, su abogada, Patricia Hurtado, ha presentado ante el Ministerio Público un escrito solicitando que su defendido no sea recluído en la Base Naval del Callao, donde cumplen condena de cadena perpetua Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, y los líderes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), sino en un penal de máxima seguridad.

En declaraciones a la prensa, Hurtado ha justificado el hecho aduciendo que Montesinos "no es ningún terrorista y que se debe respetar su debido proceso", y ha agregado que la Base Naval no tiene jurisdicción y que solamente es para terroristas con condena de traición a la patria. Asimismo, ha informado de que Montesinos es un preso común.

La petición ha sido presentada este mediodía y en las próximas horas el presidente de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Guillermo Cábala, deberá resolver la solicitud.

Mientras se encuentra o se adecúa un lugar donde se puedan cumplir esas condiciones, Montesinos seguirá en la celda del Palacio de Justicia, donde hoy ha sido interrogado por los seis jueces anticorrupción encargados de investigar los delitos de los que está acusado el detenido.

Vladimiro Montesinos llegó ayer al aeropuerto de la División de la Policía Aérea, en Lima, tras ser detenido el pasado sábado en Venezuela y deportado por las autoridades de ese país. Quien fuera el brazo derecho del depuesto presidente peruano Alberto Fujimori está acusado, entre otros delitos, de corrupción de funcionarios, "lavado" de dinero procedente del narcotráfico, tráfico de influencias, defraudación tributaria, tortura, asesinato y enriquecimiento ilícito.

Pocos detalles sobre la operación

El Ejecutivo peruano ha eludido explicar, por razones de seguridad, los detalles de la operación que permitió detenerle, el llamado plan "Jaque Mate". Ningún miembro del Gobierno ha ofrecido información esclarecedora alguna en la rueda de prensa convocada para tal fin, y en un comunicado, el Ejecutivo peruano agradece a los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela la colaboración para el hallazgo del prófugo.

Sí se ha conocido, sin embargo que un primer intento de captura de Montesinos en Venezuela terminó en fracaso porque el ex asesor presidencial se fugó del lugar en el que se hallaba escondido poco antes de que llegaran sus captores. Según el diario estadounidense Washington Post, fue un ex miembro de los servicios secretos de Venezuela que colaboraba con el prófugo quien dio al FBI en Miami los datos que llevaron a la captura del ex asesor presidencial peruano.

En un artículo de primera página que menciona como fuente a un funcionario de la embajada de Estados Unidos en Lima, al que no identifica, el periódico señala que "el comienzo del fin para Montesinos fue una llamada telefónica hace dos meses a la representación de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en Miami". La llamada la hizo el magistrado peruano Saúl Peña Farfán, quien pidió que el FBI vigilara una cuenta bancaria de 38 millones de dólares que se creía vinculada a Montesinos y operaba en la sucursal de Miami del banco Pacific Industrial, registrado en las islas Caimán.