Tres militares y un sacerdote guatemaltecos, condenados por el crimen del obispo Gerardi
Un tribunal de Guatemala ha resuelto hoy condenar a 30 años de prisión a los tres militares de alto rango y a un sacerdote inculpados por la muerte del obispo defensor de los Derechos Humanos Juan José Gerardi asesinado el 26 de abril de 1998.
Los tres militares y el prelado han sido condenados a 30 y 20 años de prisión, respectivamente, por el asesinato del obispo Gerardi sin posibilidad de conmutar la pena. El Tribunal Tercero de Sentencia ha emitido el fallo por aquel crimen, perpetrado el 26 de abril de 1998, una sentencia que fue considerada por activistas de los derechos humanos como un acontecimiento en la historia judicial del país y un precedente en la lucha contra la impunidad.
El Juzgado ha tomado como base, principalmente, el testimonio del indigente Rubén Chanax Sontáy para declarar como coautores del crimen al coronel retirado Byron Disrael Lima Estrada, su hijo el capitán Byron Lima Oliva y el ex guardaespaldas presidencial, José Obdulio Nillanueva.
Según Chanax, testigo protegido por el Ministerio Público, el coronel Lima Estrada le contrató para vigilar los movimientos del obispo, mientras que Lima Oliva y Villanueva estuvieron en la escena del crimen e incluso él les ayudó a mover el cadáver.
Los tres han recibido serenamente el veredicto de "culpables", según han explicado sus abogados, que han anunciado una inmediata apelación.
Los tres militares han sido sentenciados a 30 años de prisión "inconmutables" al ser hallados culpables de ser coautores del delito de "ejecución extrajudicial", tipificado en la legislación guatemalteca como
imputado a agentes del Estado y castigado con cárcel entre 25 y 30 años o, incluso, con la pena capital.
El sacerdote Mario Orantes, quien fue auxiliar de la víctima en la iglesia de San Sebastián, fue sentenciado a 20 años de cárcel igualmente "inconmutables", como cómplice del crimen, que, según el Tribunal, tuvo móviles políticos por las actividades que realizaba el prelado de la Iglesia Católica guatemalteca.
El obispo Gerardi fue asesinado a golpes la noche del 26 de abril de 1998 en el garaje de la casa parroquial de la iglesia de San Sebastián, dos días después de haber hecho público el informe interdiocesano Recuperación de la Memoria Histórica. Guatemala: Nunca Más.
Ese informe documenta las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la guerra civil de 36 años -que finalizó en 1996 con la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno y la guerrilla-, en su mayor parte atribuidas a las Fuerzas Armadas.
La única que salió bien librada del juicio fue Margarita López, en su día empleada como cocinera en la casa del obispo y que fue absuelta del delito de encubrimiento.
López, quien ha asegurado que se ha quedado "sin nada" por haber sido implicada en el crimen, dijo que el fallo ha puesto fin a una historia bastante "difícil", pero "doy gracias a Dios por mi libertad".
En la sentencia, contenida en 250 folios, el Tribunal subraya que los militares no fueron los ejecutores directos de Gerardi, pero sí participaron en su muerte como coautores.
La participación de los militares quedó demostrada "y estos actos deben ser reprimidos", señala el fallo, que fue rechazado por los defensores, quienes acusaron a Chanax de ser un "mentiroso".
El abogado de Orantes, José Toledo, ha calificado el veredicto de "precipitado", mientras que el de Lima Oliva, Julio Echeverría, lo ha considerado "inadecuado".
