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ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN

Roland Dumas, condenado a seis meses de prisión en el primer juicio del caso Elf

El ex ministro francés de Exteriores deberá pagar una multa de 152.440 euros, unos 25 millones de pesetas

El ex ministro, de 78 años, fue juzgado por receptación y complicidad de abuso de bienes públicos en el sumario sobre los casi 10 millones de euros (1.666 millones de euros) que el ex grupo estatal abonó entre 1989 y 1993 a su entonces amante y colaboradora Christine Deviers-Joncour por un trabajo que la Fiscalía consideró como ficticio.

A su vez, Deviers-Joncour, de 53 años, ha sido condenada por el tribunal Correccional de París que ha entendido del caso a a un año y medio de prisión firme y otro tanto exento de cumplimiento, así como a una multa de 228.658 euros (38 millones de pesetas). La ex amante de Dumas consiguió un auténtico éxito de ventas con el libro La Puta de la República, en el que contaba las intrigas que rodearon el caso.

Los abogados de Dumas han anunciado ya que recurrirán la sentencia

En cuanto al ex número dos de Elf, Alfred Sirven, considerado como el personaje clave del escándalo, su condena ha sido algo mayor: cuatro años de prisión, además de 304.878 euros, unos 50 millones de pesetas de multa. Sirven amenazó con hacer tambalear los cimientos de la república tras su rocambolesca detención en Filipinas con el caso ya empezado.

Nada más anunciarse las sentencias Dumas ha hecho saber que recurrirá la condena, tachada de "anormal y decepcionante" por sus abogados. Según la acusación, Dumas intervino para que Elf contratara a Deviers-Joncour y se benefició de parte de las sumas que ella recibió así como del suntuoso apartamento parisiense que ella compró con dinero de la petrolera.

Contra Dumas, que fue dos veces ministro de Exteriores en la presidencia del socialista Francois Mitterrand y que como presidente del Consejo Constitucional fue la quinta autoridad de Francia, el fiscal había pedido dos años de cárcel firme, 380.000 euros de multa, la prohibición de ejercer un cargo público durante cinco años y la privación de sus derechos cívicos durante ese período.