Acuerdo PSC-ERC: un documento ambiguo y una negociación larga

Es difícil pensar que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) o Junts estén dispuestos a apoyar una mayor federalización de la estructura del Estado. El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol lo dejó muy claro hace años en una conversación con periodistas: “Pero ¿por qué creen ustedes que yo soy federalista? Un Estado federal es lo último que quiero para Cataluña”. Por eso resulta complicado ver en el acuerdo firmado por el Partido Socialista y ERC sobre la financiación “singular” de Cataluña lo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó como “dar pasos en la federalización del Estado”.

El texto es, sin lugar a dudas, deliberadamente ambiguo y puede implicar pasos en muchos sentidos, federalizantes o no, según como se desarrolle finalmente. Por ahora nadie en el PSOE ni en el Gobierno ha dado mayores pistas. Tampoco los portavoces de ERC, por mucho que reclamen el “cumplimiento exacto de lo acordado” porque, en realidad, no han firmado nada muy exacto. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en su obligada comparecencia esta semana ante el Senado, se limitó también a leer párrafos del acuerdo, sin añadir concreciones, posiblemente porque ella tampoco sabe exactamente cómo va a decantarse toda esa ambigüedad, ni desde el punto de vista técnico ni del político. En lo que tiene razón es en que el documento no responde al modelo del concierto vasco ni al cupo como asegura el Partido Popular. Es otra cosa, aunque no se sepa todavía bien cuál.

El propio presidente del Gobierno hizo una mínima mención al tema en su comparecencia en el Instituto Cervantes, limitándose a garantizar que la reforma del sistema de financiación autonómica implicará que todas las comunidades recibirán más recursos, porque se duplicará el Fondo de Compensación Territorial. Es un dato, pero eso no implica necesariamente una reforma federal, sino que el Estado central derivará más recursos propios a las CC AA (ahora hay dinero para poder hacerlo, gracias a los fondos europeos). La pregunta que habría que responder es ¿qué porcentaje de la recaudación total de impuestos (IRPF y sociedades, fundamentalmente, porque el IVA es casi totalmente competencia europea) irá a parar a las comunidades autónomas y ayuntamientos y qué porcentaje al Estado central? En Alemania, por ejemplo, un Estado de estructura federal, en el que los länder recaudan todos los impuestos, se sabe que el 45% se destina a cada Estado federado, el 45% al Estado central y el 10% a la financiación de los municipios.

El documento PSC-ERC contiene algunas líneas imprescindibles para poder hablar de federalización: prevé la extensión del modelo que se pacte a todas las comunidades que lo deseen y establece que la comunidad catalana “recauda y administra” los impuestos, pero no que pueda fijarlos (es decir, que la capacidad normativa sigue siendo solo del Estado). Pero faltan muchos otros elementos. En teoría, el debate socialista sobre la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas, Cataluña incluida, debería encuadrarse en el marco del documento conocido como Declaración de Granada, que firmaron los dirigentes del PSOE en 2013 y que sigue en vigor, salvo que el próximo congreso federal lo desautorice. Y ese documento, que se denomina Reformar la estructura territorial del Estado con los principios y técnicas del federalismo, considera que “los cambios que necesita el Estado de las autonomías no pueden solventarse mediante simples modificaciones legales. Si queremos hacerlo de verdad, es obligatorio abrir el camino de la reforma constitucional”.

“Cualquier paso en el camino de una estructural federal”, añade el documento, “exige la reforma del Senado e incluir el principio de lealtad federal entre el Estado y las comunidades autónomas, así como impulsar los instrumentos de colaboración y cooperación entre administraciones”.

No existe en la actualidad la menor posibilidad de abrir una negociación multilateral, con el Partido Popular incluido, para proceder a esa reforma constitucional. Pedro Sánchez cree que, puesto que la “necesidad obliga” y conseguir que Salvador Illa presida la Generalitat y mantener su propio Gobierno a flote son objetivos que merecen la pena, es posible abandonar aquel proyecto y atajar mediante un acuerdo bilateral con ERC sobre un aspecto concreto, la financiación, que después pueda extenderse a todas las otras comunidades. Es un paso arriesgado y ambiguo. Quizás lo primero que hay que dejar claro es que se tratará de una negociación muy larga. Y, que si se resuelve en poco tiempo, quizás sea una mala solución.

Apúntate aquí a la newsletter semanal de Ideas.