La falta de respeto ciudadano, de educación y de liderazgo democrático de Sánchez y Feijóo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el dirigente del principal partido de la oposición, Alberto Núñez Feijoo, se las arreglaron en los actos de celebración del 45 aniversario de la aprobación de la Constitución para no encontrarse frente a frente ni tener que darse la mano en público. Una decisión que demuestra la dureza del enfrentamiento que mantienen los dos políticos y también, desgraciadamente, su falta de respeto por las organizaciones fundamentales de un Estado, su falta de educación, su falta de liderazgo y personalidad y su falta de comprensión de lo que supone la institucionalidad para la vitalidad del sistema político creado por esa Constitución.

Si las cosas han llegado a un punto en el que el presidente del Gobierno y el líder de la oposición no son capaces de saludarse en público, no se comprende bien por qué el rey Felipe VI no ha hecho ya uso de las competencias que le confiere la Constitución y los ha llamado al orden… y a una reunión conjunta en La Zarzuela. El artículo 56.1 del texto fundamental establece que el rey “arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones”, un trabajo discreto, pero importante, que reconocen prácticamente todas las constituciones del mundo democrático al jefe del Estado, sea rey o presidente de la República. El rey en una monarquía parlamentaria y el presidente en una república parlamentaria no pueden forzar a los políticos a que lleguen a acuerdos, ni mucho menos presionar en ningún sentido sobre esos acuerdos concretos, pero sí pueden obligar a los políticos a sentarse en su mesa, avergonzarles en público y animarles a hablar. Habrá que preguntarse si Felipe VI ha hecho esas gestiones con nulo resultado (con la responsabilidad que ello acarrearía a los políticos convocados) o si ni siquiera ha podido (o querido) ejercer esa función moderadora, tan necesaria en momentos de crispación.

Horas después del bochornoso desencuentro protocolario, el presidente del Gobierno propuso, en una entrevista televisiva, que PSOE y PP formaran una comisión de trabajo para tratar de la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), bloqueada desde hace cinco años por decisión del PP; un nuevo modelo de financiación autonómica (sin la que las administraciones públicas seguirán funcionando rematadamente mal) y la supresión en la Constitución de la palabra disminuido, sustituida por discapacitado, tal y como proponen los interesados. El PP ha acogido con frialdad la propuesta, aunque no la ha rechazado de pleno. En cualquier caso, la comisión tiene que ir precedida de una entrevista entre los dos políticos que nos demuestre a los ciudadanos que el presidente del Gobierno y el líder de la oposición no son víctimas de una constelación de errores cognitivos, emocionales y estratégicos que les incapacitan para la política y la conversación. No se trata de hipocresía, fingir sentimientos contrarios a los que se tienen, sino de plantear todas sus discrepancias dentro del marco previsto por el sistema y de aceptar que tienen una obligación pedagógica (valorar el diálogo y el reconocimiento del adversario) respecto a la ciudadanía.

El principal partido de la oposición no puede poner en duda la legitimidad de un gobierno nacido de una mayoría parlamentaria y el presidente del Gobierno no puede negar a su adversario el derecho a exigir que sea en el Parlamento donde se discutan, con detalle y tiempo, todas las decisiones que afectan a los ciudadanos. La proposición de ley de amnistía tiene que ser discutida, enmendada, si procede, y validada, si procede, por el Tribunal Constitucional. Y nada de lo que se acuerde en las conversaciones PSOE-Junts en Suiza puede ser traducido en decretos o leyes, sino en proposiciones o propuestas de ley, que transiten el procedimiento parlamentario habitual. De hecho, las negociaciones entre PSOE y Junts que se llevan a cabo con la desacostumbrada presencia de un mediador son institucionalmente irrelevantes. Es decir, son conversaciones entre dos partidos políticos que no tienen mayoría parlamentaria ni en el Congreso ni en el Parlamento autonómico correspondiente. Son, en realidad, interlocutores equivocados, que no representan ni al Estado ni a Cataluña. Mucho más productivas y lógicas hubieran sido conversaciones entre el Gobierno y la Generalitat de Catalunya, un formato donde una institución recoge las reclamaciones de otra.

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