“O nos dan una pensión vitalicia o nos dejan trabajar”. La dificultad de regular las puertas giratorias en política

En el vendaval con que llegó Podemos a la política española, el asunto de las puertas giratorias era uno de sus argumentos de fuerza. Y aunque hace tiempo que ha abandonado aquel vocabulario sobre “la casta”, el ahora socio minoritario del Gobierno aún aspira a promulgar una ley que castigue los trasvases de cargos entre sectores público y privado. Hace dos años, Unidas Podemos ya presentó un texto en el Congreso que acabó enterrado por las sucesivas convocatorias electorales sin que se llegase a debatir. La formación ha recuperado la bandera ahora tras la controversia del fichaje del socialista Antonio Carmona por Iberdrola.

Una enseña que, de momento, Unidas Podemos enarbola en solitario. Su diputada Aina Vidal recuerda que ya hace tiempo propusieron a los demás partidos un pacto contra las puertas giratorias y ninguno contestó formalmente. Tampoco en su socio de Gobierno ha visto la formación izquierdista una gran disposición para afrontar un asunto que el PSOE no tiene en su agenda.

Los partidos siempre han alegado que resulta muy difícil definir qué es exactamente una puerta giratoria y mucho más aún regularlo y perseguirlo por ley. Los casos de más repercusión pública —que Pablo Iglesias recitaba como una oración en sus mítines electorales— afectan sobre todo a exministros de los dos grandes partidos y a expresidentes como Felipe González y José María Aznar. Pero no solo. Unidas Podemos y EH Bildu han aireado estos días, al calor del caso Carmona y de la subida disparada de la factura de la luz, listas de 15 ex altos dirigentes del PNV enrolados en empresas del sector energético.

Unidas Podemos quiere rescatar su iniciativa legislativa en la estela de la controversia de los políticos fichados por las eléctricas, aunque Vidal admita que lo de Carmona no es estrictamente una puerta giratoria, más bien “un caso flagrante de falta de ética política en un momento muy delicado”. La formación ahora en el Gobierno también se ha topado con que una regulación legal sobre este asunto pisa terreno muy quebradizo. “Íbamos muy fuertes, pero nos hemos dado cuenta de que es un asunto difícil”, reconoce Vidal. “Nuestros servicios jurídicos están trabajando en un nuevo texto que es el que pretendemos presentar, porque en el antiguo han visto posibles problemas de constitucionalidad”.

La actual ley de incompatibilidades prohíbe que un alto cargo, en los dos años posteriores a su cese, trabaje en una empresa sobre la que hubiese tomado decisiones. La propuesta inicial de Unidas Podemos planteaba ampliar el plazo a cinco años e incluir todas las compañías que coticen en Bolsa. Un nuevo organismo público, llamado Entidad de Protección del Estado ante la Corrupción, se encargaría de vigilar esas prácticas e imponer sanciones que podrían llegar a la inhabilitación.

“O nos dan una pensión vitalicia o nos dejan trabajar”, protesta un destacado exdirigente socialista que, tras muchos años dedicado a la política, se desempeña ahora en el sector privado. “Si hay que revisar las incompatibilidades, que las revisen, pero este asunto está desenfocado. Lo de Carmona no es ni de lejos una puerta giratoria. No podemos vivir siempre con una lupa encima cuando queremos trabajar después de la política”.

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