Las mejores intenciones

Sabemos ya que, en cuestión de vacunas contra el coronavirus, algunos gobiernos lo han hecho bastante bien. Los de Estados Unidos, Israel, Reino Unido o Chile, por ejemplo. Otros muchos gobiernos, por incompetencia o falta de recursos, lo han hecho mal. Quien peor lo ha hecho es la Unión Europea, teniendo en cuenta sus enormes recursos financieros e industriales: menos del 10% de la población vacunada con la doble dosis. Ay, los políticos y los tecnócratas.

¿Habría obtenido mejores resultados una gestión privada? Imaginemos que varias de las personas más ricas del mundo, gente que ha acreditado su capacidad para crear y organizar corporaciones gigantescas, hubieran diseñado un plan para fabricar y distribuir vacunas a un precio asequible: cuatro dólares por unidad. Imaginemos una operación sin ataduras políticas ni enredos burocráticos, realizada de forma altruista y con las mejores intenciones. ¿Qué tal habría funcionado?

En realidad, no es necesario imaginar. El plan existe.

La iniciativa surgió de la Fundación Bill Gates poco después de que se desatara la pandemia. Bill Gates (más de 130.000 millones de dólares de patrimonio) se puso en contacto con AstraZeneca y con la fundación de su amigo mexicano Carlos Slim (más de 68.000 millones de patrimonio) con el fin de proporcionar vacunas al continente latinoamericano. En un formidable ejercicio filantrópico, AstraZeneca aceptó no obtener beneficios por su producto y, durante dos años, ofrecerlo a precio de coste.

Alguien, la Fundación Slim o AstraZeneca (se desconocen los detalles, los acuerdos entre privados no se someten al escrutinio público), decidió que el principio activo de AstraZeneca fuera producido en el laboratorio bonaerense mAbxience del Grupo Insud (propiedad de los argentinos Hugo Sigman y Silvia Gold) y que se envasara en el laboratorio mexicano Liomont. La intención, parece, era darle al asunto una dimensión panamericana.

El plan se anunció en agosto de 2020. Hoy en día, ocho meses después, sigue la espera.

El laboratorio argentino ha fabricado y enviado a México la materia prima equivalente a más de 20 millones de dosis. Eso dicen los documentos aduaneros. Pero una decisión del Gobierno estadounidense, la de no exportar los filtros necesarios para el proceso de envasado, paralizó la actividad del laboratorio mexicano.

En Liomont dicen que el problema ya está resuelto. Sin embargo, aún no ha salido del laboratorio ni una sola dosis en condiciones de uso. En Argentina crece la presión política para que el producto fabricado por mAbxience se quede en el país y un diputado de la coalición macrista ha denunciado a Hugo Sigman. El diputado, José Manuel Cano, acusa a la empresa de Sigman de haber cobrado 60 millones de dólares del Gobierno argentino por una vacuna que se exporta a otro país y de la que no se sabe nada. Sigman afirma que no puede hacer otra cosa que cumplir su contrato con AstraZeneca, propietaria del producto. Los laboratorios mexicanos remiten también cualquier pregunta a AstraZeneca. Y AstraZeneca calla.

La operación privada y, según pregonaron todas las partes implicadas, completamente filantrópica está convirtiéndose en un problema público. Y dejando sin vacunas a los gobiernos que contaban con ellas. Lo cual viene a significar que los magnates más preclaros pueden fallar tanto como el más obtuso burócrata europeo.