La democracia realmente existente

Como ciudadano es natural sentirse insatisfecho con la democracia realmente existente en cada país e interesarse por su mejoría o por sus marchas atrás. En ese momento de la reflexión resulta útil aplicar la máxima de san Agustín: si me contemplo, soy un pecador, pero, si me comparo, soy un santo. Por ejemplo, si mi país no es una democracia plena, ¿qué país del mundo lo es?, ¿o todos son, en el mejor de los casos, democracias defectuosas? Los científicos sociales suelen distinguir entre “democracias plenas”, “democracias defectuosas”, “regímenes híbridos” o “países con regímenes autoritarios” (The Economist) o “países libres”, “parcialmente libres” y “países no libres” (Freedom House).

¿En qué basarse para sostener esas calificaciones? Aunque sea ilusorio considerar que la información numérica puede zanjar, o sustituir, a la discusión cualitativa sobre la calidad de la democracia, los datos cuantitativos constituyen un complemento esencial para esa discusión. Pasar de las percepciones a los hechos. Freedom House, una organización no gubernamental con sede en ­Washington, mide desde principios de los años setenta del siglo pasado el estado de los derechos políticos y libertades civiles en todos los países del mundo. La unidad de inteligencia del semanario británico The Economist valora —y cuantifica— desde el año 2006 el nivel de democracia existente en la mayor parte de los Estados (la clasificación la encabezan tres países nórdicos eu­ropeos: Noruega, Islandia y Suecia). El más joven de estos índices, y el que está ganando más aceptación entre los científicos sociales, es el Varieties of Democracy (V-Dem) de la Universidad de Gotemburgo (Suecia) y del instituto norteamericano Kellogg.

Desde el año 2008, el Informe sobre la Democracia en España (IDE), de la Fundación Alternativas, estudia la calidad democrática de nuestro país basándose en cinco capítulos (ciudadanía, leyes y derecho; representación política; gobernabilidad y rendición de cuentas; sociedad civil —aquí se incluye el papel de los medios de comunicación— y participación, e internacional). Dirigida la encuesta por el profesor Modesto Escobar, de la Universidad de Salamanca, el IDE sigue la metodología inspirada en el proyecto Auditoría Democrática, realizado en el seno del Human ­Rights Centre en la Universidad de Essex, y es bastante parecido al V-Dem: un grupo de varios centenares de expertos responden a una serie de cuestiones relacionadas con el tema y dan a la democracia española una valoración entre el 0 y el 10. La correspondiente a 2019, último año publicado, es un aprobado medio (6,1), nota bastante análoga a la del resto de los índices citados. La mayor debilidad de nuestra democracia (se repite año tras año) es la corrupción, y a continuación es mayoritaria la idea de que ni los representantes políticos ni los medios de comunicación parecen estar a la altura de las circunstancias. La principal fortaleza es la limpieza de los procesos electorales (recuérdese que en 2019 hubo que repetir dos veces unas elecciones generales), ejerciendo los ciudadanos el derecho al voto con total libertad, sin coacciones ni intimidaciones. En todas estas mediciones, España puede considerarse una “democracia plena” a pesar de sus imperfecciones.

Son muy significativas las reflexiones generales sobre la situación de la calidad democrática en el mundo que hace The Economist: en 2020 ha habido una caída generalizada de los índices democráticos, siendo las medidas contra la pandemia el mayor retroceso en las libertades individuales jamás emprendido por los Gobiernos en tiempos de paz (y quizá, incluso, en algunos tiempos de guerra). El mayor dilema ha sido el de compensar la vida, la muerte, la salud, los confinamientos y las libertades ciudadanas. Prevenir la catastrófica pérdida de la vida está justificando una pérdida temporal de libertades.

Una limitación de todos estos índices es que apenas contemplan los derechos sociales y económicos para sus clasificaciones, de modo que aspectos como el paro, las desigualdades, la precariedad, la igualdad de oportunidades, etcétera, no han sido incluidos o desarrollados con la misma magnitud que los derechos políticos (la libertad de elegir o ser elegido) y civiles (las libertades clásicas, expresión, reunión, religiosa…).