Relaciones sádicas

Los usuarios de WhatsApp han recibido estos días un mensaje en el que se les dice que esta aplicación de mensajería instantánea, utilizada por miles de millones de personas de todo el mundo, “actualizará sus condiciones y su política de privacidad”. Esto se traduce en que, a partir del próximo 8 de febrero, WhatsApp obligará a compartir con Facebook (su propietaria) los datos y conversaciones que posee, aunque el usuario no sea miembro de Facebook. Este es uno más de los mensajes que los ciudadanos que utilizan los servicios y productos de algunas de las grandes empresas tecnológicas reciben de vez en cuando a través de sus teléfonos inteligentes o tabletas, y que son denominados por los expertos jurídicos “contratos de adhesión” porque imponen unas condiciones de “lo tomas o lo dejas”, desde el momento en que se hace clic en la casilla de “sí, acepto”.

La profesora de Derecho Nancy Kim (mencionada por Shoshana Zuboff en su ya clásico estudio sobre el capitalismo de la vigilancia) define las relaciones entre los ciudadanos y las grandes tecnológicas como “relaciones sádicas”. El poder de los gigantes tecnológicos en el mundo actual es enorme, tanto en términos políticos como en su capacidad para afectar nuestras vidas. Paralelamente, son los grandes beneficiarios de que la pandemia de la covid-19 haya acelerado extraordinariamente la digitalización.

El economista Carlos Sebastián, en el recientemente aparecido El capitalismo del siglo XXI (Galaxia Gutenberg), destaca el crecimiento de las big tech en medio de la permisividad de las autoridades de la competencia: han renunciado a regular su poder y su capacidad de manipulación, al mismo tiempo que ellas laminaban literalmente a su competencia potencial (la política de “comprar o enterrar”). Facebook pudo adquirir Instagram y WhatsApp sin ninguna traba reguladora; o Google compró YouTube por un precio desorbitado con el objeto de asegurarse el control de los datos y hábitos de los consumidores de vídeos.

Los “contratos de adhesión” digitales son, en su generalidad (parecen copiados unos de otros), excesivamente largos y complejos, y están escritos en una letra minúscula, de modo que esas características disuaden a los usuarios de leerlos, y mucho menos hasta el final. El presidente del Tribunal Supremo de EE UU, John Roberts, confesó en una ocasión que ni él leía la letra pequeña de esos documentos. Otra experta legal citada por Zuboff, Margaret Rodin, comenta que nociones tan sagradas como las de “acuerdo” o “promesa”, fundamentales para la evolución de la institución del contrato desde la época de los romanos, han retrocedido en el tiempo para volver a ser una especie de simples señales que “indican meramente que la empresa elaboradora de ese texto modelo quiere que el receptor del servicio quede automáticamente vinculado”. Esta manera de actuar de los Apple, Microsoft, Amazon, Google, Facebook… sería una forma de “expropiación privada”, una confiscación unilateral de derechos sin el consentimiento de las personas a las que se les confisca; y considera que tales documentos representan una degradación moral del Estado de derecho y de la institución contractual misma, una perversión que reestructura muchos de los derechos que los ciudadanos han conquistado a través de los procesos democráticos y los sustituyen por el sistema que el gigante tecnológico quiere imponer. Para poder realizar transacciones con este último, los destinatarios deben incorporarse al universo legal diseñado por él. Las cinco empresas citadas suman ahora una capitación bursátil de cinco billones de dólares. Para situar en contexto esta cifra, el PIB español sería el equivalente a 1,5 billones de dólares, lo mismo que vale Microsoft.

Existe un consenso generalizado sobre la necesidad de establecer límites al poder de este oligopolio tecnológico (¿troceándolo?). Mientras tanto, la mayoría de la ciudadanía que utiliza sus servicios continúa ignorando los rapaces términos que permiten que las big tech adquieran derechos sin negociación previa e incorporen prácticas antes de que los usuarios y los reguladores (no capturados) hayan tenido tiempo siquiera de percatarse de lo que está sucediendo. Esta es otra cara del capitalismo de vigilancia.