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Bárbara Rey llega a un acuerdo y acepta una condena de dos años de cárcel por alzamiento de bienes

La exvedete, que gracias al pacto con la Fiscalía evita entrar en prisión, reconoce que llevó a cabo varias operaciones financieras para no pagar casi 144.000 euros a Hacienda

Barbara Rey
Bárbara Rey a su salida de la Audiencia Provincial de Madrid, el 6 de marzo de 2024.José Oliva (Europa Press)

Bárbara Rey ha evitado la cárcel al aceptar un acuerdo de condena de dos años de prisión de cara al juicio en el que estaba acusada de alzamiento de bienes. Este jueves 7 de marzo se ha conocido que la artista, de 74 años, ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía en el que reconoce los hechos para ver así rebajada sensiblemente la pena de tres años y medio de cárcel que pedía para ella el Ministerio Público por haber eludido el pago de 143.902 euros.

Según han informado a la agencia Efe fuentes jurídicas, también han llegado a un acuerdo con la Fiscalía los dos hijos de la artista, una hermana y otros tres acusados en la misma causa: los tres familiares y otro procesado han aceptado un año de cárcel como cooperadores del delito, y los otros dos acusados 11 meses de cárcel como cómplices. Para todos ellos se aplica la atenuante simple de dilaciones indebidas y la atenuante analógica de reparación del daño.

El acuerdo se ratificó en una vista judicial celebrada este miércoles 6 de marzo en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid, que no trascendió hasta hoy, y evitó que se llegara a celebrar el juicio, que ya había sido suspendido el pasado 16 de junio porque uno de los procesados estaba en paradero desconocido. La exvedette —que en 1979 fue imagen de la nueva ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)— y su hija Sofía, acompañadas por un familiar, acudieron ayer a primera hora de la mañana a la sede de la Audiencia Provincial para asistir a la vista oral, a cuya prueba renunciaron las partes como consecuencia del acuerdo de conformidad alcanzado con la fiscal del caso. Apenas estuvieron cinco minutos en la sala de vistas, donde madre e hija se limitaron a reconocer los hechos. El hijo de la artista, Ángel Cristo, en cambio, no acudió al encontrarse fuera de España ya que está a punto de participar en el reality Supervivientes.

La Fiscalía pedía en sus conclusiones provisionales tres años y seis meses de prisión para Bárbara Rey y dos años y medio para sus dos hijos, su hermana y los otros tres acusados de alzamiento de bienes en operaciones financieras para eludir pagos a Hacienda por el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) por un total de 143.902 euros. El Ministerio Público sostiene en su escrito de acusación que la exvedete llevó a cabo dichas operaciones, en las también intervinieron los demás acusados, para simular que no podía pagar el dinero que le reclamaba la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

Los hechos se remontan al 10 de mayo de 2011, cuando Hacienda comenzó una inspección a la artista en relación al pago del IRPF de los periodos fiscales comprendidos entre 2006 y 2008. Según la Fiscalía, el 16 de noviembre de 2012 se dictaron sendas actas por el IRPF, la primera de 2006 y la segunda de 2007, por importes de 135.031 y 131.568 euros, respectivamente. Explica que dichas actas fueron notificadas a Bárbara Rey el 12 de febrero de 2013 y tenían de plazo de ingreso voluntario el 20 de marzo de ese año. De ahí que el 18 de julio se dictaran sendos acuerdos de imposición de sanciones en ambos expedientes por importes de 51.496 y 60.6756 euros, respectivamente, notificados a la acusada el 8 de agosto de 2013.

“A sabiendas de que habían dado comienzo las labores de investigación de Hacienda, la acusada, con ánimo de eludir dicha responsabilidad de pago, se puso en contacto con varios familiares para actuar en connivencia para llevar a cabo actos de disposición patrimonial con la finalidad de generar la quiebra de las deudas contraídas”, señala la Fiscalía, cuya acusación es ahora corroborada por los acusados. La Fiscalía detalla un total de 13 operaciones en las que tomaron parte sus dos hijos, su hermana y otras personas con la finalidad de provocar una situación de indefensión económica por parte de la acusada “que imposibilitara satisfacer los créditos reclamados por la AEAT, al no haber habido bienes bastantes a tal fin por la situación de insolvencia creada por los acusados”. A fecha de 19 de diciembre del 2017 existía un saldo de deuda pendiente de ingreso de 143.902,24 euros.

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