El príncipe Enrique pierde la batalla judicial contra el Gobierno británico por la retirada de sus escoltas

Los lazos que unen a Enrique de Inglaterra con su país son cada vez más judiciales que familiares. El duque de Sussex mantiene, con diversa suerte, varios litigios pendientes en los tribunales británicos, contra los medios de comunicación y contra el propio Gobierno. Este miércoles 28 de febrero, el magistrado Peter Lane, del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, ha propinado un varapalo al hijo menor del rey Carlos III en el caso que le enfrentaba con el Ministerio del Interior por la retirada del servicio de escoltas. El juez, que celebró la vista a puerta cerrada el pasado mes de diciembre, ha fallado a favor de la decisión del Gobierno de retirar al príncipe Enrique el servicio permanente de seguridad del que gozaba en el Reino Unido. Poco después de conocerse esa decisión, un portavoz del príncipe ha anunciado de que este va a recurrir la decisión.

El Comité Ejecutivo para la Realeza y Autoridades VIP (Ravec, en sus siglas en inglés), el organismo conjunto del Ministerio del Interior y la Policía Metropolitana, acabó con esas prestaciones policiales desde el momento en que el duque de Sussex y su esposa, Meghan Markle, anunciaron que dejaban de realizar actividades públicas en representación de la casa real, a principios de 2020. Dos años después, Enrique de Inglaterra reclamó su derecho a combatir en los tribunales una decisión que consideraba injusta, tanto en el procedimiento como en el contenido, y la justicia le permitió, en parte, seguir adelante con su batalla.

El pasado diciembre, los abogados en representación del Ministerio del Interior aseguraron al juez Lane que el príncipe Enrique podría seguir gozando de protección oficial durante sus visitas al Reino Unido —el duque de Sussex, su esposa y sus dos hijos residen en California desde marzo de 2020—. Pero especificaba que no podría hacerlo de modo permanente y automático, sino “con preparativos a medida, específicamente diseñados para él”.

El duque de Sussex reclamó incluso la posibilidad de pagar él mismo por los servicios policiales de escolta, y sus abogados presentaron ante el juez precedentes legales para defender esa opción. Sin embargo, el equipo jurídico del Gobierno británico defendió su negativa en los tribunales, argumentando que no resultaba correcto que “los ricos” pudieran “comprar” su seguridad con los servicios proporcionados por agentes de policía armados. El príncipe Enrique perdió la batalla de esa reclamación.

Quedaba la baza de que el juez Lane fallara contra la decisión de Ravec, pero ha sido justo lo contrario. En una sentencia de medio centenar de páginas, el magistrado ha acusado a los abogados del príncipe de haber interpretado de un modo formalista e inapropiado las tareas y competencias del comité ejecutivo. Defendieron en su momento que en la decisión había participado el palacio de Buckingham, cuando eran evidentes las tensiones existentes entre la casa real y el segundo hijo de Carlos III. El juez recuerda en su veredicto que la participación del palacio en las decisiones de Ravec está contemplada en su composición y funcionamiento, y ha defendido la oferta de una “seguridad a medida” para Enrique de Inglaterra como una solución “legalmente correcta”. “Nos complace que el tribunal haya fallado a favor de la decisión del Gobierno en este caso, y estamos considerando cuidadosamente nuestros próximos pasos. Sería inapropiado hacer más comentarios”, ha dicho un portavoz, añadiendo que el sistema de seguridad era “riguroso y proporcionado”.