El balance agridulce del Moves Flotas

La inclusión del renting en las ayudas a proyectos de renovación de flotas que sustituyan motores de combustión por tecnologías más amigables con el medio ambiente suscitó expectativa en las compañías arrendadoras por cuanto el tipo de beneficiario al que se dirige el programa encaja muy bien con su segmento de mercado clásico y porque su reglamento incorpora algunas mejoras que el sector venía reclamando desde hace tiempo en este tipo de subvenciones. Sin embargo, la falta de información sobre el número de solicitudes presentadas y el tiempo que tarda su tramitación hacen que cerrada la convocatoria sea imposible valorar su acogida. Los alquiladores se quejan de que las demoras en la aprobación de los expedientes y en el desembolso de las cuantías generan una incertidumbre que no contribuye a impulsar el uso del coche eléctrico.

El Moves Flotas, dotado con un presupuesto inicial de 50 millones de euros procedentes de los fondos de recuperación europeos, se aprobó a mediados de diciembre como un complemento al Moves III, dirigido a autónomos y particulares y que cuenta con una asignación mayor, de 400 millones. Al igual que su versión más popular, el programa empresarial subvenciona no solo la compra, sino también la adquisición por leasing o renting. La operación puede incluir la instalación de puntos de recarga, la digitalización del control de rutas y la formación de los empleados.

El plazo para la presentación de solicitudes estuvo abierto solo dos meses, del 19 de enero al 21 de marzo pasado. Más de dos meses después de cerrada la ronda, el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), que gestiona la línea, no puede facilitar información sobre el número de peticiones recibidas porque “los proyectos se están evaluando en estos momentos”. En efecto, una vez recibida la documentación, el IDAE tiene seis meses para validarla y comprobar que el interesado cumple los requisitos. Si al cabo de ese tiempo no contesta, la petición se considera desestimada. Si aprueba el expediente, da al beneficiario un plazo máximo de 18 meses, contados desde la fecha de notificación de la resolución, para que adquiera el vehículo e instale el cargador, tras lo cual deberá demostrar que el dinero se ha invertido en la actuación propuesta. En esta segunda fase, la empresa debe presentar evidencias, como la factura del vehículo, contrato de renting, permiso de circulación, constancia de achatarramiento si lo hubiera, etcétera. No será hasta que el órgano compruebe que la información es correcta que procederá al abono de la ayuda.

“En nuestra experiencia, desde que se inicia el proceso de solicitud hasta que la Administración concede la ayuda, si todo está OK, puede transcurrir un año e incluso algo más para que el beneficiario reciba el ingreso bancario de la subvención correspondiente”, precisa Alicia Gálvez, directora comercial y de marketing de Alphabet. “Actualmente este periodo puede verse influenciado por la crisis de semiconductores, ya que al retrasarse las entregas, cierta documentación asociada al vehículo nuevo también tarda más en generarse y, por lo tanto, el proceso puede llegar a prolongarse aún más”, añade.

Dispersión normativa

El renting ha sido una fórmula aceptada por las ayudas a la compra de híbridos y eléctricos desde por lo menos 2013; sin embargo, los arrendadores se han quejado siempre del manejo descentralizado de los incentivos, lo que ha impedido que el programa tenga un impacto más sustancial en las matriculaciones al obligar a empresas que operan en varias comunidades a enfrentarse a procedimientos distintos. Este obstáculo, también criticado por fabricantes y concesionarios, subsiste en el Moves III, pero ha sido removido en el Moves Flotas, donde la gestión de los fondos recae en el IDAE. De hecho, se ha creado una ventanilla única para que los expedientes se puedan ingresar de manera telemática en el portal del instituto y las subvenciones pueden solicitarse para flotas que circulen en más de una comunidad.

José-Martín Castro, presidente de la Asociación Española de Renting (AER), afirma que todavía la tramitación es muy compleja, y la ejecución, poco transparente en cuanto a que, transcurrido casi un año desde que se abrieron las convocatorias del Moves III, no se conoce el avance y saldo disponible en todas las autonomías. “Pero lo más importante es que, tal y como están diseñados, los programas no garantizan que el usuario que verdaderamente necesita el vehículo recibirá la ayuda en el momento que la precise”, expone. Para dar certidumbre, propone mecanismos automáticos que, por medio de un cribado rápido, permitan que el interesado reciba el dinero en el momento de la solicitud, dejando para después la obligación de acreditar su buen uso si no quiere sufrir penalizaciones. “En España llevan años funcionando líneas de financiación que te conceden la ayuda en el momento de la petición. Replicar eso en los Moves sería un salto crucial”, sostiene.

Parte de la lentitud del proceso se debe a que las solicitudes del Moves Flotas se resuelven por concurrencia competitiva, es decir, que la subvención la reciben las iniciativas de electrificación calificadas con mayor puntuación y no por orden de entrada como ocurre con el Moves III. “Esto, unido a que hay que presentar una memoria descriptiva del proyecto, ha desanimado a las empresas a decantarse por el plan. Por eso, desde el sector se demanda una mayor simplicidad administrativa”, insiste Gálvez, de Alphabet.

En cambio, Teresa Romo, directora de desarrollo y sostenibilidad de Northgate, valora “positivamente” este método de concesión, argumentando que así “se maximiza la calidad de los proyectos adjudicados”. No obstante, reconoce que el plazo de dos meses para presentar las solicitudes “ha sido muy ajustado, sobre todo teniendo en cuenta la complejidad que conlleva la electrificación de sedes corporativas. Debido al número elevado de ubicaciones, cargadores y potencia asociada, no son obras al uso, fáciles de concebir y cotizar en poco tiempo”, dice.

Al margen de estos reparos, las marcas de renting celebran la gestión centralizada de la línea, un modelo que les gustaría que se replicase en el Moves III, donde cada región tiene potestad para fijar sus propios requisitos y pasos. “A mayor dispersión, mayor dificultad. Una persona no puede aportar la misma documentación en Madrid que en Andalucía. Esto nos genera trámites burocráticos a empresas que prestamos servicios en todo el territorio nacional”, comenta Manuel Orejas, director de retail, marketing y movilidad de Arval.