Datos que prueben el afán ecológico

Quizá sea la normativa más trascendente que llega desde Bruselas en las últimas dos décadas. La directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD, en sus siglas en inglés) revolucionará los informes sobre criterios de medio ambiente, sostenibilidad y gobernanza (ESG). Un cambio, en términos náuticos, abisal. Antes se debía informar sobre unos 90 indicadores; ahora pueden superar los 1.100. Las compañías tendrán que establecer cuáles son sus impactos, riesgos y oportunidades en relación a la sostenibilidad.

Este esfuerzo mira hacia afuera. Informa al futuro inversor de hasta qué punto la compañía está comprometida con los Acuerdos de París (neutralidad climática en 2050), y así tomar decisiones financieras más precisas. Queda una duda, que apela al ser humano: “¿Si la empresa, por ejemplo, contamina pero ofrece grandes beneficios, los inversores le darán la espalda?”. Lo aprendido del pasado, y el comportamiento de los mercados de capitales, presuponen que la UE tendrá que “multar” a los infractores, o los beneficios oscuros enturbiarán el río. “Los ahorradores están cada vez más interesados en incorporar criterios ESG a sus decisiones de inversión, ya que ven en ellos una oportunidad para crear valor a largo plazo”, defiende María Ordovás, responsable del área de Gobernanza de Forética.

Al menos, parte desde la ambición. Más de 5.500 empresas españolas están llamadas a estas filas. Las entidades de interés público (firmas que emiten títulos) junto a grandes compañías que cumplan dos de estas tres condiciones: volumen de activos superior a 20 millones de euros, negocio por encima de 40 millones o más de 250 trabajadores. Ambas tendrán que reportar el 1 de enero de 2025. “Esta nueva legislación lo que busca, sobre todo, es transparencia, y, además, será más fácil distinguir las prácticas de greenwashing [vender falsa imagen de sostenibilidad]”, observa Juan Capeans, director del Centro de Transición Sostenible de IE University. La norma se aplica de forma gradual hasta 2028, cuando afectará a las pymes.

De ahí que primero llegue la práctica y, después, la teoría. Los Estados miembros tienen 18 meses, hasta julio de 2024, para transponer la directiva, la inestabilidad política española podría retrasar esa fecha. La CSRD representa una revisión profunda de la directiva sobre información no financiera (NFRD, según su acepción inglesa), que está en vigor desde 2014.

El gozne sobre el que gira todo es el concepto de doble materialidad. “Para efectuar el análisis de doble materialidad debemos identificar y priorizar los impactos positivos y negativos (materialidad de impactos) en las personas y el planeta en el corto, medio y largo plazo, que pueden ser causados por la empresa (reales o potenciales); pero también de los riesgos y oportunidades que (materialidad financiera), en caso de producirse, pueden tener efectos financieros sobre la organización, también, a corto, medio y largo plazo”, describe, a través de una nota precisa, Concha Iglesias, socia líder de Sustainability & Climate de Deloitte España.

Complejo pero posible

Bajo esta dificultad poco sorprenden esos 1.100 indicadores. “Va ser complicado, sin embargo, se puede hacer”, subraya Nicole Rosow, directora de la Oficina de Sostenibilidad de IE University. “Nuestros trabajadores ya están acostumbrados a enviarnos los datos”. Ella profesa fe en esas nuevas siglas: “Tengo ilusión puesto que existe más conciencia social, activismo en la juventud y, sobre todo, porque las nuevas regulaciones también se extienden a las pymes. Va a impactar a muchísima gente a través de las cadenas de valor”, pronostica.

Porque el sistema legal se entrelaza y complica, aún más. El espacio normativo en sostenibilidad de España trenza la CSRD, los nuevos Estándares Europeos de Reporte de Sostenibilidad (ESRS, en sus siglas en inglés), la taxonomía (explica cómo los objetivos climáticos están alineados con las actividades de la empresa), las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS) y sus indicadores S1 y S2, que exigen desde este año información sobre los riesgos y oportunidades relacionados con el medio ambiente y el clima que repercuten en los usuarios de las cuentas anuales.

En este laberinto, algunas compañías españolas comienzan a desbrozar el camino. Bastantes han encargado la elaboración de la NFRD a la dirección de esa actividad. Pero esta nueva directiva va más allá: exige analizar riesgos, impactos y oportunidades en base a ese análisis de doble materialidad, en el que debe figurar la repercusión —si la hubiera— negativa de la compañía en el medio ambiente y lo sostenible. El tamiz se amplía. Unas 50.000 empresas europeas estarán obligadas (en 2028) a informar sobre sostenibilidad —incluidas grandes firmas y pymes cotizadas— cuando antes apenas eran 11.600.

A partir de ahora, las cuentas saldrán más caras. Harán falta —vaticina María Ordovás— mayores recursos humanos, tecnológicos y financieros para cumplir con los requisitos de doble materialidad, los estándares y su cuantificación. Y avisa: “Gran parte de las empresas españolas no están preparadas”. Surgen algunas excepciones. Concha Iglesias recorre aquellas bien situadas. Las compañías del Ibex 35 están mejor dispuestas debido a su tamaño, recursos y experiencia en estrategia ESG y cumplimiento normativo. También —adelanta la experta— aquellas que integran esos criterios ESG en su estrategia corporativa a nivel de junta directiva y alta dirección. Un añadido: firmas que desde hace años llevan publicando informes de sostenibilidad. Aunque el sector aconseja asesores y consultores especialistas en manejar esta documentación, pues el verificador tendrá que enviar su trabajo, en principio, al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), y terminará subido a la plataforma pública Punto de Acceso Único Europeo. Casi un trabalenguas jurídico cuya lectura será realmente complicada.