El Ayuntamiento de Madrid cierra por un año el mítico Teatro Barceló por el exceso de aforo
La Plataforma por el Ocio estalla contra el Consistorio por condenar a “pena de muerte” a las empresas de la noche madrileña y promete batallar en los tribunales

El futuro de la discoteca Teatro Barceló no ha dejado de tambalearse desde que el Ayuntamiento de Madrid decretó el cierre del establecimiento, como sanción por haber superado en dos ocasiones el aforo permitido de 990 personas durante 2023 —en unos 600 usuarios—. La antigua discoteca Pachá ha bajado la persiana este jueves en el último giro de guion de la guerra judicial que mantiene con el Consistorio, tras el levantamiento de las medidas cautelares que decretó la Justicia el pasado viernes. Todo a pesar de que la defensa de Noche Madrid, la patronal de ocio y espectáculos de la Comunidad de Madrid, mantiene que “no se superó el aforo de riesgo” y que no había “peligro para las personas”. Un conflicto que condena a los trabajadores de las discotecas y a las empresas de la noche madrileña a “pena de muerte”, según la Plataforma por el Ocio, ya que el cierre al público de las salas de fiesta supone, en muchos casos, la asfixia económica.
En torno a las diez de la mañana, tres agentes de la Policía Municipal se han presentado en el establecimiento acompañado por varios funcionarios del Gobierno municipal para hacer oficial el precinto de la emblemática sala de fiestas. El cierre llega después de que el tribunal estimase las medidas cautelares solicitadas por la promotora del local y paralizase el precinto el pasado viernes. Pero el Teatro Barceló ha perdido ese salvavidas apenas una semana después, ya que el juez ha dado un volantazo al caso y ha decidido levantar las cautelares. El cierre se prolongará durante un año en caso de que no prospere el recurso de apelación contra el levantamiento de las cautelares que va a tramitar el equipo jurídico de Noche Madrid. “La intención es presentar el recurso cuanto antes e intentar que sea lo más ágil posible, porque aquí hay muchas familias que viven de esto y es una situación que no tiene razón de ser”, asegura Silverio Porcel, uno de los abogados de la asociación del ocio.
El argumento de los hosteleros es que los criterios de aforo que establece la Agencia de Actividades (ADA) son “arbitrarios”, que las dos infracciones no supusieron un peligro para los usuarios y que el problema es la normativa que regula los aforos: “No solo está diciendo esto Noche Madrid. El informe que hace el cuerpo de Bomberos y que está haciendo la ADA dicen claramente que no hay riesgo para las personas, que es lo importante aquí. Sin embargo, el Ayuntamiento mantiene una instrucción que es obsoleta a todas luces”, defiende Porcel. El Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad desoye esas explicaciones y su delegado, Borja Carabante, volvió a afirmar el pasado miércoles que superar el aforo en el Teatro Barceló “compromete la seguridad de los asistentes”.
El conflicto por los aforos en los locales de ocio nocturno viene de lejos. Se remonta a 1997, cuando el Ayuntamiento, entonces bajo el mandato del popular José María Álvarez del Manzano, aprobó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Aquel documento fijó unos “tipos urbanísticos” que asignaban un aforo base según el tipo de actividad y permitían exenciones de hasta 600 personas o más en zonas periféricas. “En Madrid, el aforo se calcula por un mapa, no por la seguridad del local”, critica Vicente Pizcueta.
Eso significa que dos locales con las mismas dimensiones, salidas de emergencia y plan de evacuación pueden tener aforos diferentes solo por estar en barrios distintos. En la capital, desde hace casi 30 años, el número de personas permitidas en un local no depende únicamente de los criterios técnicos de seguridad, sino también de su ubicación.
Para los hosteleros, este statu quo tiene consecuencias claras: penaliza a los negocios del centro y favorece, en cierta medida, a los de la periferia. En distritos como Vallecas, donde las ZPAE —zonas de protección acústica especial— regulan los horarios pero no actúan con la misma severidad, los locales pueden obtener aforos más generosos. En cambio, en Centro, donde se encuentra Teatro Barceló, incluso los espacios con metros y salidas suficientes se topan con un límite administrativo que solo puede ajustarse si la administración tramita el ERIU, el procedimiento que permite adecuar el aforo según criterios técnicos de seguridad.
La Plataforma por el Ocio insiste en que existe un “proceso negociador” en curso entre la hostelería y el Ayuntamiento. El vocal de Noche Madrid, Vicente Pizcueta, asegura que Carabante prometió a la entidad un borrador de una hipotética reforma de la ordenanza de los aforos. “Tuvimos dos reuniones: el 10 de septiembre y el 29 de octubre. Pero el documento nunca llegó”. Y desde entonces no han recibido más noticias. Una portavoz del Consistorio evita ofrecer detalles sobre esas negociaciones y se limita a decir que “el Ayuntamiento mantiene siempre el diálogo con todos los sectores”.
El caso de Teatro Barceló no es el primero, y ahora los empresarios de la noche madrileña temen que el problema de los aforos afecte a otros recintos más pequeños y menos populares que la discoteca del Teatro Barceló. En junio, la sala Cocó, en la calle Alcalá, fue precintada tras una inspección que detectó 898 personas en un espacio con aforo oficial para 520. La administración ordenó el cierre y abrió un expediente sancionador. Sin embargo, ese mismo expediente incluye un informe técnico que, aplicando el Código Técnico de la Edificación, calcula que el local tiene capacidad para evacuar a más de 1.400 personas. En agosto, el tribunal también decretó medidas cautelares a favor de Cocó. La contradicción es evidente: los Bomberos consideran que el espacio es seguro para muchos más asistentes, pero la Agencia, amparándose en la ZPAE, mantiene el aforo administrativo por debajo.
El enfrentamiento entre el Ayuntamiento y el ocio nocturno molesta especialmente a los profesionales de la hostelería porque llega en un momento dulce para el sector, como ha recordado este jueves el portavoz de la Plataforma por el Ocio, Jesús Martínez: “Un conflicto que se dirige hacia un choque de trenes inevitable entre las pymes y empresas del sector de servicios y la delegación de urbanismo de Borja Carabante en el mejor momento de la historia de la gastronomía, la vida nocturna y los espectáculos de Madrid como atractivo turístico y de generación de riqueza para la ciudad”.
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