El 40% de las españolas que tienen que viajar a Bruselas para abortar son de Madrid: “Me sentí una criminal”

Marina D., de 39 años, tuvo que coger dos trenes en enero de este año para abortar en Bruselas. Ella es solo una de las que hacen las maletas cada año desde la Comunidad de Madrid. Y es que, el 40% de las españolas que se ven obligadas a viajar a la capital belga para abortar son madrileñas. Según los últimos datos recabados por el hospital universitario público de la ciudad, CHU Brugmann, en 2024 se practicaron 200 abortos, de los cuales 80 correspondían a mujeres de Bélgica, 60 de Italia y 44 de España.

Marina asegura que ella nunca debió llegar hasta este punto. Las primeras noticias de que algo podría ir mal en el feto la recibió junto a su pareja poco antes de que se cumplieran las 22 semanas de embarazo, plazo legal para interrumpir la gestación en España. Los médicos detectaron una malformación en el cerebro de su bebé: “Tenía un quiste interhemisférico, pero nos dijeron que era muy pequeño y se podría reabsorber”. A partir de entonces, comenzaron las resonancias magnéticas. “Después de las 22 semanas consideraron que podía ser muy grave y me dijeron que podría interrumpir si un comité lo aprobaba. Nos asustamos mucho”, dice sobre aquellos días llenos de incertidumbre.

La mujer recuerda que esa fue la decisión más difícil de sus vidas. Era un hijo muy deseado, ya casi un bebé, con 37 semanas, cuando tuvo que tomar la decisión. La idea de un aborto era algo extremadamente traumático. Pero tampoco querían traer a este mundo a un niño para que viviera con terribles sufrimientos. Antes de tomar la decisión, pidieron dos valoraciones más, y cada una fue más dura que la anterior. “Después tuvimos una entrevista con una persona del comité clínico para interrumpir el embarazo. Al día siguiente, nos rechazaron”. Estaba de 32 semanas. Al ver el panorama, su ginecólogo de la sanidad pública le habló, casi en voz baja, de un contacto en el extranjero. Siguió pidiendo opiniones, tuvo diagnósticos similares y con la ley española en la mano, y viendo que el embarazo seguía su proceso, en el octavo mes decidieron viajar a Bruselas, a 1.500 kilómetros de su lugar de residencia, en Madrid. “Me sentí como si hubiera vuelto el franquismo”.

El secretismo y la opacidad de los comités

¿Cómo se ha llegado a esta situación? Hoy todavía muchas mujeres tienen que salir cada año a abortar al extranjero porque sufren embarazos deseados con malformaciones fetales graves. Hasta 2010, la ley del aborto en España permitía interrumpir el embarazo por malformaciones fetales solo hasta la semana 22. No contemplaba la posibilidad de hacerlo más allá de ese plazo, incluso en casos extremos. La Ley Orgánica 2/2010 cambió ese marco precisamente para evitar casos como el de Marina: ahora permite abortar después de las 22 semanas si se detectan anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable. Eso sí, para autorizarlo, cada caso debe contar con el aval de un comité clínico. El problema llega cuando este comité rechaza los casos de estas mujeres y no les deja otra opción que irse al extranjero a abortar. “Cada semana recibo dos correos de mujeres españolas, sobre todo de Madrid, que necesitan venir a abortar”, asegura la jefa del Departamento de Medicina Fetal en CHU Brugmann, la española Teresa Cos.

La ley del aborto belga es muy parecida a la española, pues permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas y hasta las 22 en el caso de riesgo vital para la madre o anomalías en el feto. Pasado este periodo de gestación, las mujeres se someten al veredicto de un comité clínico hospitalario que debe confirmar o no un dictamen previo emitido por su médico. Este tiene como función confirmar que el feto presenta anomalías graves, incurables o incompatibles con la vida. En España, esto depende de cada comunidad autónoma, que debe disponer de al menos uno de estos comités.

Es por esto que la falta de un registro de objetores en Madrid deja a las mujeres en situación de incertidumbre y vulnerabilidad, pues no saben si los médicos que los conforman son partidarios de realizar estas interrupciones. “Si no saben si el hospital al que acuden cuenta con profesionales no objetores, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo deja de ser efectivo”, aseguran desde el Ministerio de Sanidad, donde explican que el registro de objetores, que no es público, no es una lista para señalar, sino que se trata de una herramienta de gestión para garantizar derechos.

El año pasado, en España se realizaron 106.172 abortos y, de estos, 161 fueron autorizados tras pasar por un comité al tratarse de mujeres con más de 22 semanas de embarazo. No obstante, no existen cifras oficiales de cuántas fueron rechazadas. Según José Antonio Bosch, abogado de la Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), el número de mujeres rechazadas ronda el 40%. Bosch ha asesorado a más de 20 mujeres que reclaman a la sanidad pública no haber podido ejercer su derecho y a las que solo les quedó irse. ACAI asegura que las clínicas de interrupción del embarazo en Madrid no realizan abortos después de la semana 22 debido al riesgo para la madre, así que estos procedimientos se llevan a cabo en hospitales públicos.

Los recuerdos de Mar Domínguez, hace cinco años, se convirtieron de nuevo en una película en blanco y negro, la semana pasada, cuando escuchó a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso: “¡Váyanse a otro lado a abortar!”. La frase le recordó aquellos años en los que las españolas que podían permitírselo se veían obligadas a salir del país para abortar con garantías legales y sanitarias.

A Domínguez, de 35 años, su ginecólogo en una clínica privada le dijo, a las 24 semanas de gestación, que el bebé que esperaba tenía una malformación grave. La derivaron a la sanidad pública, donde la jefa del departamento de uno de los hospitales públicos más grandes de la capital le aseguró que la enfermedad en el cerebro de su bebé no era grave pero que, si se complicaba, “podría interrumpir el embarazo en cualquier momento en su hospital”. Este presentaba hidrocefalia, es decir, acumulación de líquido dentro de las cavidades profundas del cerebro. La esperanza de vida de la hija de Domínguez era de menos de un año. Sin embargo, la única opción que le dieron en su hospital público fue esperar a ver si, con el tiempo, su bebé mejoraba. Esto nunca ocurrió, y a las 30 semanas, Domínguez y su marido tomaron la decisión más dura de su vida: interrumpir el embarazo.

Al tener más de 22 semanas de gestación, le tocó pasar por el comité clínico y este denegó su petición sin explicaciones. Domínguez descubrió después —cuando un médico se lo confesó— que sus jefes les obligaban a ser objetores de conciencia. En ese momento, llevaba ya 32 semanas de gestación. “Empecé a llamar a todas las clínicas de aborto de Madrid. Al final, conseguí una abogada que se dedica a sacar mujeres para poder abortar en el exterior”.

Al día siguiente, estaba sentada en un avión tratando de disimular su tercer trimestre de embarazo. “Me sentía como una criminal”, dice. En Bruselas, la ginecóloga le confirmó que el diagnóstico de su bebé era muy grave y que era incompatible con la vida. “Cuando volví a España, me sentí abandonada”, recuerda Domínguez, hoy madre de dos bebés sanos. “Pienso que Ayuso no diría estas cosas si supiera el miedo que da irse a abortar lejos de tu familia a un lugar extraño. Nadie quiere abortar, y nadie quiere tener que irse al extranjero para ejercer un derecho”, asegura.

La doctora Cos asegura desde Bruselas que reciben más de 200 mujeres cada año del extranjero que buscan abortar. “La mayoría son mujeres que quieren ser madres, pero deciden acabar con el embarazo al conocer la gravedad del diagnóstico del bebé”, explica al otro lado del teléfono. Muchas llegan hasta su departamento “porque han sido rechazadas por el comité o saben de antemano que no lo pasarán”. Ingresar en un hospital público belga es un proceso rápido gracias a la tarjeta sanitaria europea, a lo que hay que añadir el pago de 250 euros.

Patricia Martínez, de 38 años, utiliza un nombre ficticio para explicar el dolor que le supuso viajar en 2018 a Bruselas cuando estaba embarazada de seis meses. Su médico privado la derivó al hospital público, donde, tras semanas y semanas de pruebas y un diagnóstico erróneo, le dijeron que el bebé padecía síndrome de Pfeiffer, una alteración genética que provoca malformaciones, sobre todo en cabeza y extremidades pero que, según la ley española, es compatible con la vida. Como consecuencia, en vez de dejarla interrumpir el embarazo, le propusieron un paquete de “beneficios y ayudas para niños especiales”, recuerda. Le dijeron, eso sí, que su hijo nacería enfermo y al final moriría. Se quedó helada. Entonces buscó otra opinión y, finalmente, un lugar donde abortar. Le dijeron que su caso debía pasar por un comité, aunque le advirtieron de que no perdiera el tiempo porque no lo conseguiría.

Tras explorar opciones particularmente caras, como EE UU, dio con un médico en Bruselas que confirmó el diagnóstico, pero con mayores agravantes: el bebé padecía un grado más alto de la alteración.

Martínez decidió ponerse en manos de la doctora Cos. Viajó con un permiso especial de vuelo para una embarazada de 34 semanas. Al llegar a Bruselas, encontró todo lo que no había hallado en España: fue acogida y le ofrecieron apoyo psicológico. Al volver, la misma sanidad pública que, según ella, se había equivocado repetidamente en el diagnóstico y terminó por enviarla a Bruselas, la interrogó hasta el agotamiento en las revisiones posteriores por los documentos escritos en francés: “Me sentí juzgada de nuevo. Es como si hubiera hecho algo ilegal”.

Hace un mes se creó una web con el apoyo del Ministerio de Sanidad e Igualdad, en la que se explican las opciones que tienen las mujeres para abortar después de las 22 semanas de gestación. “Las opciones pasarían por el extranjero. En primer lugar, Inglaterra, donde se pueden realizar abortos después de las 23 semanas, y luego ya en EE UU o México”, reza la web.

Desde Bruselas, la doctora Cos no da crédito al revivir una escena que parecía superada. Aborto, aviones, clandestinidad y una habitación extraña. Y concluye: “No puedo creer que sigan llegando españolas a mi hospital con este problema”.