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Drones, traslados forzosos y deportaciones: así trata Rusia de expulsar de sus casas a los ucranios

Una investigación de la ONU culpa a Moscú de cometer “crímenes de guerra” al atacar de forma sistemática a la población civil en tres provincias ucranias

Guerra Ucrania
Óscar Gutiérrez

Poco antes de morir, a finales de agosto, Oleksandr Gordienko fue retratado por la cadena Suspilne. Rifle en mano, el agricultor ucranio de 58 años aparecía como un héroe de la resistencia frente a los drones rusos en la orilla derecha del río Dniéper. Contaba Gordienko que había derribado 80 aeronaves enviadas por Rusia hacia sus campos. Unos días después, el 5 de septiembre, uno de estos aparatos acabó con su vida mientras viajaba en coche. Gordienko ingresaba en la lista de víctimas de la campaña de terror aéreo perpetrada por Moscú en las provincias de Dnipró, Jersón y Mikolaiv, en el sur y centro del país. Este lunes, la Comisión de Investigación de la ONU sobre Ucrania ha calificado de “crímenes de guerra y contra la humanidad” este tipo de ataques contra los civiles. El objetivo de Rusia, según este organismo: expulsarlos de su tierra.

La comisión de la ONU, dirigida por los expertos en derechos humanos Erik Mose, Pablo de Greiff y Vrinda Grover, ha concluido, tras más de 200 entrevistas en el terreno y el visionado de medio millar de vídeos, que el ejército ruso ha efectuado durante el último año ataques con drones contra civiles en un área que abarca más de 300 kilómetros a lo largo de las tres provincias. Según las conclusiones del informe, las fuerzas armadas rusas actúan desde posiciones bajo control de Moscú, en la orilla izquierda del Dniéper, a su paso por Jersón y Zaporiyia, en el sur del país. El reporte asegura que no hay constancia de que en las zonas atacadas hubiera presencia militar de las fuerzas ucranias. El objetivo era civil.

Según datos de la ONU, desde julio de 2024, este tipo de ataques ha causado la muerte de al menos 200 civiles ucranios y heridas a otros 2.000. Más de 3.000 viviendas han sufrido daños.

El informe de esta comisión incluye los testimonios de varias víctimas que por seguridad no aparecen identificadas. El relato de una de ellas, una mujer residente en la localidad de Dobra Nadiia, en la provincia de Dnipró, sirve de ejemplo del modus operandi ruso: el pasado 8 de julio, un dron entró en su casa por la ventana causando un incendio. Ella iba de camino al trabajo, mientras su madre, de 60 años, se encontraba en el jardín. Tras recibir los mensajes de los vecinos, la mujer regresó a su vivienda para sofocar el fuego, que se propagó rápidamente. No pudo continuar ante el temor de ser objeto de otro ataque tras ver que una segunda aeronave se aproximaba a su vivienda. “Los drones no nos permiten apagar los incendios”, contó esta mujer a los investigadores, “vigilan y lanzan explosivos sobre la gente”.

Los civiles que resisten junto a la orilla derecha del Dniéper, hacia la desembocadura en el mar Negro, en zona bajo control de Kiev, se han convertido en la diana de los ataques diarios de drones de corto alcance, que o bien impactan directamente a modo suicida contra el objetivo o bien arrojan algún tipo de artefacto explosivo desde su barriga. Estas aeronaves, provistas de cámaras, observan, persiguen y golpean a ciudadanos que caminan por la calle o circulan en sus vehículos; también viviendas en zonas residenciales; instalaciones críticas vinculadas al sector energético, o incluso centros hospitalarios y puntos de reparto humanitario. En ocasiones, tras el primer dron, embiste un segundo aparato para rematar la faena en plena emergencia.

Destrucción “a gran escala”

La comisión de investigación de la ONU ha concluido que esta campaña, que describe como “sistemática”, encaja en la definición de crimen de guerra y contra la humanidad, primero por perseguir de forma deliberada a civiles, protegidos por la Convención de Ginebra, y, segundo, por tener como fin último el “traslado forzoso de la población”. “Los casos documentados demuestran la intención de los perpetradores de matar e infligir daño y destrucción a gran escala”, señala el informe. Tanto como para impedir que familiares de víctimas como el agricultor Gordienko pudieran siquiera acudir para darle su último adiós ante el temor a estas aeronaves de ataque.

Al frente en el terreno de esta campaña orquestada en Moscú está el general ruso Mijail Teplinski, que mantiene hilo directo con el jefe del Estado Mayor, el veterano Valeri Guerásimov. Testigos y autoridades locales de la región trasladaron al equipo investigador de la ONU que algunos de los ataques provenían de zonas aledañas a la planta nuclear de Zaporiyia, controlada por el ejército ruso, algo que contraviene de nuevo el derecho internacional en tiempos de guerra.

La Comisión de Investigación de la ONU sobre Ucrania ha identificado otras dos prácticas que persiguen la expulsión de ucranios de sus hogares. En primer lugar, el traslado forzoso de civiles desde zona bajo control ruso hacia territorio controlado por el ejército ucranio. Esta ha sido una práctica habitual en la Zaporiyia ocupada, desde donde las tropas rusas han obligado a ciudadanos a dejar sus casas acusados de actividades desestabilizadoras o de mantener posturas proucranias.

Este traslado a la fuerza, generalmente por el cruce de Vasilivka, obliga a civiles a recorrer a pie cerca de una decena de kilómetros a través de la zona gris que separa a los dos bandos. EL PAÍS reconstruyó el pasado febrero uno de estos viajes al infierno de la guerra, el de Inna Borisenko, de 50 años. Según el relato de su hijo, fue detenida por oponerse a las autoridades del ejército invasor. Tras unos días entre rejas, la mujer fue expulsada de su ciudad hacia el oeste. Su cadáver apareció unos días después en un bosque de esta zona gris entre ejércitos.

Finalmente, el equipo de investigación de la ONU ha documentado, entre los años 2024 y 2025, casos de deportaciones de mujeres y hombres ucranios desde la provincia de Zaporiyia a territorio de Georgia vía Rusia, desde el paso de Verkhnii Lars. El informe presentado este lunes y enviado a la Asamblea General de la ONU, señala que las autoridades rusas acusan a estos deportados de negarse a cooperar con los ocupantes o rechazar el pasaporte con el sello de Rusia. Uno de estos ciudadanos expulsados, según recoge el reporte, recibió la siguiente advertencia de un agente ruso mientras cruzaba la linde: “Vete y mejor no vuelvas. Tenemos gente que no será liberada pronto. Y algunos desaparecerán por completo, y nadie los encontrará. Alégrate de salir con vida y sano. No siempre es así, créeme”.

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Sobre la firma

Óscar Gutiérrez
Periodista de la sección Internacional desde 2011. Está especializado en temas relacionados con terrorismo yihadista y conflicto. Coordina la información sobre el continente africano y tiene siempre un ojo en Oriente Próximo. Es licenciado en Periodismo y máster en Relaciones Internacionales
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