La deuda oculta de Madrid con los cuatro hospitales de Quirón se reduce a toda velocidad con Ayuso: de 1.000 a 455 millones

La Comunidad de Madrid debe a los cuatro hospitales públicos de gestión privada del grupo Quirónsalud en la región un total de 455 millones de euros, según el informe anual del ejercicio 2024 del gigante sanitario mundial Fresenius, propietario desde 2017 de la red de centros sanitarios Quirón en España. Eso convierte a la Administración autonómica en el segundo principal deudor del conglomerado con un 13% del total de la deuda, aunque el Gobierno regional viene rechazando desde hace tiempo concretar a cuánto asciende lo adeudado según sus cálculos, con el argumento de que las liquidaciones pendientes forman parte de “un proceso vivo” en el que las dos partes discuten “euro a euro”. Lo que es seguro es que la deuda de Madrid con Fresenius se ha reducido a toda velocidad desde que Isabel Díaz Ayuso llegó al poder, según el balance conocido este miércoles: de los 1.004 millones con los que se cerró 2019 a los 455 con los que acabó 2024, su nivel más bajo desde que la compañía española forma parte de la alemana (2017).

La relación entre la Comunidad de Madrid y Quirón es objeto de una triple polémica. De un lado, por ser ejemplo paradigmático de la colaboración público-privada en sanidad a través de la Fundación Jiménez Díaz de la capital, el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, el Infanta Elena de Valdemoro y el Hospital General de Villalba. Del otro, porque el conglomerado recibe cientos de millones del Gobierno de Madrid a través de Quirónsalud, y ha sido, a través de Quirónprevención, el principal cliente de la empresa del novio de la presidenta regional, Alberto González Amador, investigado judicialmente por sus negocios durante la pandemia, lo que ha puesto bajo los focos su relación con uno de los directivos del grupo. Y, finalmente, porque la opacidad de un sistema en el que los pagos por la prestación de servicios en hospitales públicos de gestión privada tardan años en producirse, y son sujeto de constantes pleitos administrativos y judiciales, provoca las quejas de la oposición sobre la dificultad para obtener datos de gasto e inversión por parte de la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, Fresenius, como empresa cotizada, debe auditar anualmente todas sus cuentas e informar de las conclusiones a sus accionistas. En el caso de las de 2024, la compañía incluye un total de 3.500 millones de euros en el apartado de “provisiones por pérdidas crediticias esperadas”, en el que se recogen aquellas partidas cuyo cobro acumula retrasos o se considera en riesgo. De esa cantidad, el 13% —455 millones— se corresponde a cierre del año pasado a “la autoridad de salud pública de la región de Madrid”, según recoge el documento del último ejercicio, una deuda que acompaña al grupo desde 2017, cuando adquirió Quirón.

Así, Fresenius anotó entonces que Madrid le debía 558 millones en relación con el uso de la Fundación Jiménez Díaz de la capital, el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, el Infanta Elena de Valdemoro y el Hospital General de Villalba. En 2017, el dato llegó a 785. Entre 2019 y 2021, superó la barrera de los 1.000 millones, llegando al récord de 1.248 en 2020. En 2022, fue de 701. En 2023, de 918. Y ahora se queda por debajo de los 500. El factor diferencial es que el Gobierno de Ayuso ha decidido hacer un esfuerzo sin precedentes por reducir la deuda con Quirón, protagonizando una suerte de juego del gato y el ratón: de un lado la cifra crece cada año (pues se continúan usando los servicios) y del otro se intenta reducirla (al aumentar la frecuencia de los pagos).

“La tesis era sencilla: a esta gente se le debe dinero desde hace mucho tiempo y esta situación hay que ponerla ya en orden”, resumió una fuente cuando EL PAÍS adelantó que el Gobierno había saldado en seis meses de 2022 al menos 1.390 millones de la deuda pendiente desde 2015 con los hospitales públicos concesionados a diferentes gestores privados. “Ahí se impuso el sentido común de la jefa [por Ayuso] y del vicepresidente [Enrique] Ossorio, con la idea de quitarse eso de encima, porque luego vienen las sentencias en contra, que incluyen intereses de demora, y es mucho más lo que toca pagar”.

El efecto de esa decisión fue notable, según destacó la Cámara de Cuentas en un informe aprobado el 28 de diciembre de 2023. “En cuanto al importe de la provisión relativo a las liquidaciones pendientes de ejercicios anteriores de los convenios y conciertos con los hospitales gestionados de forma indirecta, su importe ha disminuido de forma considerable al cierre de 2022″, resaltó el ente fiscalizador, para inmediatamente detallar que quedaba un saldo de 763 millones a cierre del ejercicio.

Esas apreciaciones son el mejor resumen de que a llegada de Ayuso al poder, en agosto de 2019, supuso un cambio radical en la gestión de la deuda que mantiene Madrid con el gigante hospitalario. Y más aún desde que la baronesa consiguiera gobernar en solitario, deshaciendo su coalición con Ciudadanos, a partir de 2021. El aceleramiento de los pagos que comenzó en 2022, al poco de que se destituyera a la interventora general del gobierno, han seguido un ritmo sostenido desde entonces.

No obstante, al cierre de 2023, las facturas pendientes seguían siendo una auténtica espada de Damocles para la administración regional, que entró en 2024 con más de 1.200 millones de euros provisionados en sus cuentas para hacer frente a pagos atrasados y a conflictos judiciales pendientes con los cinco hospitales públicos de gestión privada ―cuatro de Quirónsalud y uno del Grupo Ribera Salud― y el militar Gómez Ulla ―del Ministerio de Defensa―. Así lo revela un informe de finales del año pasado de la Cámara de Cuentas, que detalla que la cifra creció con respecto a 2022 (1.011 millones), principalmente porque se incrementó la dotación para cubrir procedimientos judiciales (de 248 millones en 2022 a 315 en 2023).

Por eso los pagos siguen a buen ritmo en la actualidad. Este mismo enero, por ejemplo, se supo que la Comunidad había aprovechado el último Consejo de Gobierno de 2024, celebrado el 26 de diciembre, para aprobar el pago de 34,8 millones de euros a los cuatro hospitales públicos de gestión privada pertenecientes al grupo Quirón por los gastos extraordinarios que les supuso la pandemia del coronavirus en 2021.

Así consta en documentación oficial consultada por EL PAÍS, en la que se detalla que la Fundación Jiménez Díaz vio estimada su solicitud de ser compensada con 17.878.850 euros; el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles, con 7.530.415 euros; el General de Villalba, con 5.368.406 euros; y el Infanta Elena de Valdemoro, con 4.053.922 euros. Una apuesta que ha permitido a Madrid reducir su deuda con este grupo a toda velocidad.

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