Tres años de batalla judicial para desalojar un narcopiso con 100 intervenciones policiales

El pasado 25 de febrero fue la última vez, por ahora, que la policía hizo una visita al bajo del número 11 de la calle Juanelo de Madrid. En apenas dos años, han sido más de cien, según documentación consultada por EL PAÍS. ¿Qué pasa en ese local para que reciba tanta atención de los agentes? Según atestiguan varias intervenciones policiales y los documentos gráficos recabados por los vecinos, se ha convertido en uno de los principales puntos de venta de sustancias estupefacientes del centro de Madrid. Dos procesos judiciales abiertos pretenden conseguir el desalojo, pero por ahora no han dado resultado porque, según un fallo judicial, no ha quedado acreditado que haya nadie en el inmueble.

“Necesitamos que el local se cierre ya porque ya van tres años insoportables. No es una familia que se ha metido ahí porque no tiene dónde ir, es un trasiego constante siempre para cosas malas”, expresa con pesar uno de los vecinos, que pide no dar su nombre por motivos de seguridad. Existen abiertos dos procesos judiciales. Uno es el de las propietarias, que han solicitado por vía judicial el desalojo. Sin embargo, y a pesar de acreditar más de un centenar de intervenciones policiales, entre las que hay agresiones sexuales y apuñalamientos, y adjuntar recortes de prensa, entre otros argumentos, la jueza ha considerado que no está probado que el inmueble este ocupado ilegalmente. La razón fundamental es que el servicio común de notificaciones, trabajadores del juzgado que acuden in situ a entregar un documento, alegaron que el local estaba “cerrado y sin actividad”. Es decir, que no encontraron a nadie con quien contactar ni vieron ningún movimiento. Algo que, según los residentes y como ha podido comprobar este periódico, es difícil.

El local llevaba vacío años y a mediados de 2021, un grupo de personas lo allanó y empezó a vivir en él. Al principio eran solo unos pocos, pero rápidamente se fueron instalando más y a invadir más espacios comunes. Los residentes en el bloque y en las calles aledañas indican que pronto comenzaron con los ruidos, las molestias y la venta de sustancias. Al principio, según explican, trataron de mantener un diálogo con ellos, pero esta comunicación se rompió tras algunos episodios violentos. “Hemos tenido que intentar tender puentes hasta que la resolución judicial devolviera la propiedad a las dueñas. El problema es que tenemos la sensación de que hay un trasiego de una veintena de personas y que se usa para narcotráfico y fiestas, pero nadie con el que dialogar. Hay algunos más fijos que se prestan a hablar y que incluso nos han pedido que por favor les cierren ya el local porque ahí va a pasar algo muy grave”, argumenta el vecino que prefiere mantenerse anónimo.

Ante este panorama y tras innumerables reuniones de escalera sin soluciones, la comunidad de vecinos decidió presentar su propia demanda. La comunidad ha logrado identificar a cuatro de los moradores contra los que dirigirla. “Ha habido familias que se han tenido que ir, personas que no pueden dormir, personas mayores que se van a casa de familiares, vecinas con partes médicos de depresión…Esta misma semana los obreros no han podido trabajar porque ha habido algunos que seguían haciendo sus necesidades a través de las ventanas y el ruido no podemos evitarlo, se oyen los gritos, la música y las discusiones”, enumera el vecino.

En estos tres años, los ocupantes del bajo han hecho desaparecer la puerta de acceso al local, y han dejado en su lugar únicamente una cortina, también abrieron un hueco entre ese espacio y el patio interior, una zona común, que empezaron a usar como una extensión del inmueble, y además abrieron una ventana lateral a la calle a través de la cual, según documentos gráficos, dispensan la droga. Los vecinos denuncian los malos olores que se acumulan en el patio e incluso los restos de jeringas y otros desperdicios. En las imágenes de una de las últimas intervenciones policiales más llamativas, el pasado 22 de enero, se observa basura tirada por todo el portal. Tampoco es extraño encontrar restos de sangre en las escaleras como fruto de agresiones y peleas que se producen en el local y en sus alrededores. “A la policía le damos aviso día sí día también. El miércoles —22 de enero— hubo una pelea brutal y se llevaron a unos cuantos detenidos, todo el portal quedó lleno de sangre y dos cubos de basura abiertos y destrozados en la entrada”, resume el afectado.

La batalla judicial para vaciar el que la comunidad ha bautizado como “el supermercado de la droga” continúa, mientras el grupo de Whatsapp vecinal continúa acumulando pruebas gráficas, y la lista de intervenciones policiales se engrosa día tras día.