Leguina declina explicar en la Asamblea un informe de la Cámara de Cuentas, que preside: “Mi experiencia en estos acuerdos es cero”

“Mi experiencia en estos acuerdos entre el Gobierno nacional y de la Comunidad de Madrid es cero“. Con esas palabras Joaquín Leguina, presidente de la Cámara de Cuentas a los 83 años, ha acotado este miércoles su intervención en la Asamblea de Madrid, donde ha sido convocado por Vox para dar detalle sobre un duro informe del organismo que preside sobre la ejecución de los planes de vivienda estatales en la región. El único presidente socialista que ha tenido la Comunidad de Madrid, aupado en 2024 por Isabel Díaz Ayuso a la presidencia del ente fiscalizador, donde cobra 100.556,52 euros brutos anuales y ha fichado como secretaria a su pareja, ha solicitado la asistencia de Ana Cossío Capdevila, una consejera de la Cámara, para responder a las preguntas técnicas. Y tras pasar palabra, se ha despedido así: “Si me permite el presidente [de la comisión] una broma, que gane el Madrid esta noche [contra el Manchester City en la Liga de Campeones]”.

No obstante, la oposición no ha criticado el silencio selectivo de Leguina, inusitado en las comparecencias convocadas en el Parlamento regional.

“A su edad ha hecho un esfuerzo loable”, ha llegado a decir Eduardo Gutiérrez, de Más Madrid, sobre la presencia del octogenario en el Parlamento regional. “Apelo a que haga un servicio más a la ciudadanía tomándose como un objetivo que se empodere a la Cámara, se la respete y se la permita ejercer sus funciones”.

Esa petición, también hecha por el PSOE, refleja las dificultades que reconoce haberse encontrado la Cámara a la hora de fiscalizar la política de vivienda de la Comunidad de Madrid y su ejecución de los planes estatales.

En septiembre, la Cámara de Cuentas inauguró su nueva etapa, marcada por la llegada de Leguina a la presidencia, y por una reforma legal que facilita al PP de Ayuso el control del organismo fiscalizador, avalando un informe elaborado antes de todos esos cambios en el que se critica “la deficiente colaboración” de la Administración regional. El documento recoge las quejas que ya subrayaba un anteproyecto adelantado por este diario que se centraba en analizar las actuaciones y los objetivos previstos en los planes de vivienda autonómicos y estatales 2013-2016 y 2018-2021 gestionados por la Comunidad de Madrid; o en examinar el gasto presupuestario de los ejercicios 2018-2022 en materia de planes de vivienda.

“El elevado número de solicitudes presentadas sin que hayan sido respondidas ha dado lugar a las limitaciones descritas a lo largo del Informe, lo que evidencia una deficiente colaboración de la entidad fiscalizada”, se lee en el documento sellado el 18 de septiembre; “habiendo expresado los responsables de las distintas unidades competentes para la ejecución de los Planes de Vivienda 2018-2022, continuadamente y, únicamente de forma verbal, la imposibilidad de atender las solicitudes, habida cuenta la carga de trabajo que soportan, así como la insuficiente dotación de personal, sin que se haya dado traslado a esta Cámara por escrito de las dificultades debidamente razonadas y sin que se haya requerido el plazo que hubiera precisado la Consejería para dar respuesta a la información solicitada”.

No es la única queja que recoge el documento sobre la falta de colaboración por parte del gobierno regional en la tarea fiscalizadora encargada a la Cámara de Cuentas.

De esta manera, se subraya que “una parte de la documentación se ha entregado de forma masiva (al menos, 795 archivos) sin organizar ni estructurar”. También, que “Madrid no ha facilitado información a esta Cámara de las aportaciones del Ministerio para financiar los programas del Plan a desarrollar en el marco del Convenio de 2015 y de la prórroga de 2017, por lo que no se pueden cuantificar los ingresos anuales ni su distribución por programas”. O que “tampoco se ha aportado información del total de obligaciones contabilizadas en ejecución del Plan 2013-2016 y su prórroga, detalladas por ejercicios y por programas, por lo no se puede cifrar la totalidad de las obligaciones registradas en los años de vigencia del Plan”.

Son solo unos ejemplos de una ristra de quejas por falta de información que debía proporcionar la Administración regional. Por todo ello, subraya el informe, la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras debe “fortalecer las capacidades del personal a cargo de la gestión de los Planes objeto de esta fiscalización, habiendo sido esta capacidad una causa aludida expresamente en la identificación de las limitaciones al alcance motivadas por la falta de información disponible para la fiscalización”.

Además, el texto reclama a la Comunidad de Madrid que justifique “con estudios e informes la elección de los Programas a financiar dentro de los establecidos por los Planes de Vivienda del Estado”; que realice “las acciones de control y seguimiento establecidas, tanto en el Convenio firmado con el Ministerio de Fomento, como en los suscritos con las Entidades Gestoras; o que reclame “al Estado una cuantía de 7.391.256 euros que ha compensado en exceso”.

De todo eso quería preguntarle este miércoles la oposición a Leguina. Hasta que el presidente, tras su intervención inicial, ha declinado intervenir y ha cedido la palabra a una consejera de la Cámara de Cuentas.