La pérdida de fondos y alumnos crece en la universidad pública madrileña
El último informe de CC OO se suma a otros estudios que alertan sobre la infrafinanciación de las instituciones públicas que pierden fondos y alumnos, frente a las privadas

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Las universidades públicas madrileñas menguan cada año un poco más. En alumnos, en dinero y en resultados académicos. Las puertas cierran mal, cuesta conseguir un proyector o aparecen goteras donde antes había un despacho. Cada año menos alumnos y más abandonos. En cambio, junto a estas surgen cada año nuevas universidades privadas, con edificios más modernos, con sistemas de reconocimiento facial para el acceso y con máster en Inteligencia Artificial. 13 en Madrid, camino de 20. Son muchas las voces que alertan de un paulatino deterioro de la enseñanza universitaria, en general, pero el caso de Madrid es más sangrante por la velocidad del deterioro y, porque todo lo que pasa en Madrid va más rápido.
El último en sumarse a los reproches, ha sido el sindicato Comisiones Obreras (CC OO) en un detallado informe sobre universidades, especialmente preciso en desigualdad y la relación existente que hay entre una mala universidad y un mal trabajo. Según el informe Análisis del sistema universitario de la Comunidad de Madrid, que se presenta este miércoles, el modelo universitario del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tiende a un paulatino proceso de privatización consistente en que cada año hay menos dinero destinado a las públicas mientras aumentan en alumnos y en número las universidades privadas. Igual que sucede con los seguros médicos, lo que antes era una anormalidad es hoy un fenómeno creciente que lleva a las familias a pagar por lo que antes tenían gratis. Un fenómeno creciente que se aceleró en los últimos años, concluye el sindicato.
Los estudiantes madrileños en universidades públicas son un 5,5% menos que antes de la pandemia, frente a los más de 80.000 matriculados en universidades privadas que aumentaron un 55,7% respecto a 2019. Y un 68,3% respecto al 2015. El fenómeno se extiende cuando hablamos de másteres y doctorados. En Madrid hay 11.975 personas menos haciendo un doctorado en universidades públicas que en 2019, frente a los más de 38.000 que creció la privada en el mismo periodo.
Paralelamente, la Comunidad de Madrid tiene un sistema de becas, denuncia el sindicato, tanto en número como en cantidad, muy inferior a la media nacional. A pesar de ser el principal destino de estudiantes de España, de la Comunidad de Madrid solo sale el 12% del dinero público que las comunidades dan en España a los estudiantes. Según el sindicato, de los 174.359 estudiantes madrileños, un 21% recibe algún tipo de beca, la segunda por abajo que menos da en España.
En el curso 20/21, según los últimos datos disponibles, por cada 50 estudiantes que reciben una ayuda, 49 reciben el dinero del Gobierno central y uno de la Comunidad de Madrid, la mayoría por becas de excelencia o premios y no a la renta. El informe de CC OO detalla con cifras de la Seguridad Social cómo, a menos formación, más tiempo en paro. Y, cuanto menos inversión en universidades públicas, más desigualdad. Un retroceso que se ceba especialmente con las mujeres.
En este contexto, el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Jesús Celada, dijo la semana pasada de que la universidad madrileña estaba “herida de muerte” y el consejero de Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, le respondió que Madrid es la región que “más invierte en universidad pública”, 4% del PIB. Viciana, una de las estrellas emergentes del equipo de Ayuso, recordó que su consejería aumentó 45 millones de euros la partida del próximo año para universidades, principalmente para infraestructuras y sueldos.
Para la oposición, sin embargo, estas cuentas tienen trampa. Ya que Madrid es la que menos dinero dedica por alumno. Según el PSOE, “desde 2009, los sucesivos gobiernos del PP están empleando la estrategia ultraliberal que consiste en ahogar económicamente (a la universidad pública) para desprestigiar su calidad y, posteriormente, convencer a las familias madrileñas de que solo hay una opción universitaria, que son las privadas”. Y puso un ejemplo: “Estudiar Medicina en la pública cuesta 9.000 euros, pero si se hace en una privada, son 123.000 euros, 14 veces más”.
Esta es la teoría que sostiene el último informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) presentado en noviembre y que señala que Madrid, la autonomía con más riqueza en España, es también las que menos invierte en sus universidades públicas. El gasto por alumno en estas comunidades ronda los 5.500 euros por estudiante, algo más bajo que Cataluña, pero a mucha distancia de los 8.000 euros en Valencia, La Rioja, Navarra y País Vasco.
El informe de CYD también destaca la diferente evolución entre la universidad pública y la privada. En el curso 2022/23, se graduaron 202.000 estudiantes en España, 10.000 más que seis años antes. Ese crecimiento lo acaparó la universidad privada, que pasó de 32.000 a 41.000 titulados, un 29% más. La pública apenas creció en mil egresados en ese período, hasta 161.000; pero lo relevante es el marcado descenso frente a tiempos prepandemia, cuando salieron 172.000 licenciados en el curso 2019/20. A nivel nacional, en estos seis años, el número de universidades en España sigue siendo de 50, mientras que las privadas no para de crecer hasta las 41 que hay en la actualidad.
El informe de CYD incluye también una relación clara entre el nivel de estudios y el trabajo logrado, algo en lo que también inciden el sindicato. “El estudiante que se ha graduado en una universidad pública tiene una base de cotización anual de 29.006 euros, lo que supone 3.426 euros menos que el de una privada; o lo que es lo mismo, los que pueden permitirse pagar un centro privado van a resultar premiados con un salario un 10% superior a los que salen de la pública, lo que significa prolongar el sesgo de renta en el ámbito laboral”, concluye el estudio.
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