PP y Vox se unen para consultar al Consejo de Estado si Sánchez debe comparecer en la Asamblea por el ‘caso Begoña Gómez’

La Mesa de la Asamblea de Madrid, en la que el PP de Isabel Díaz Ayuso tiene mayoría absoluta, ha aceptado una petición de Vox para que el Parlamento regional consulte “de urgencia” al Consejo de Estado si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está obligado a comparecer el próximo miércoles 19 en la última sesión de la comisión que investiga el presunto trato de favor recibido por su mujer, Begoña Gómez, por parte de la Universidad Complutense (UCM). Aunque el órgano consultivo ya ha dictaminado en ocasiones precedentes que los miembros del Gobierno central no están obligados a acudir a Parlamentos regionales, las formaciones de derechas justifican su petición al introducir un matiz: Sánchez, argumentan, no comparecería como presidente, sino como esposo de Gómez. Una pirueta argumental a la que el PP y Vox se agarran como a un clavo ardiendo para mantener viva una investigación que no ha deparado novedades de calado, y de la que Más Madrid y PSOE se han desligado en protesta porque dependa de unas reglas diseñadas a medida de los conservadores.

“La Mesa ha aprobado solicitar al Consejo de Estado si Pedro Sánchez tiene obligación de comparecer en calidad de esposo, pero la solicitud la van a redactar los servicios jurídicos”, ha precisado un portavoz de la Asamblea tras una consulta de este diario. “La solicitud formal la hará la Comunidad de Madrid, pues esa es la vía por la que se tramita, y se hará de urgencia”.

El Consejo de Estado tiene la obligación de pronunciarse en un plazo de 15 días desde la entrada en el registro de la petición, según Vox. Como solo queda una sesión con comparecencias de la comisión, que se celebrará este miércoles, el partido de extrema derecha reclama que se amplíe el calendario, para que así dé tiempo de que resuelva el organismo consultivo, o de que se pueda convocar a otros comparecientes, como el empresario Carlos Barrabés, que declinó una primera citación por razones de salud.

La maniobra del PP y Vox, en todo caso, ha causado estupor en el PSOE. Primero, porque el propio partido conservador ha rechazado en el pasado que puedan comparecer en la Asamblea delegados del gobierno de sus siglas precisamente por representar al ejecutivo central. Segundo, porque el Consejo de Estado ya rechazó que los integrantes del gobierno de Mariano Rajoy estuvieran obligados a comparecer en una comisión del Parlament sobre la aplicación del artículo 155 en Cataluña, con el mismo argumento: el ejecutivo central es solo fiscalizable por el Congreso y el Senado. Y tercero, porque la convocatoria que ya se ha enviado a La Moncloa de cara al 19 de febrero recoge negro sobre blanco que se cita a Sánchez como presidente del Gobierno.

“En calidad de Presidente del Gobierno de España y esposo de la Codirectora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid”, se lee textualmente en la solicitud.

“Han admitido pedir el dictamen a raíz de una solicitud de Vox que dice textualmente que se le solicita a Sánchez su comparecencia en calidad de esposo de Begoña Gómez, cuando la solicitud de comparecencia que se le ha remitido a La Moncloa para el 19 de febrero es la que redactó el PP, y que se hace, indisolublemente, en su calidad de presidente y esposo”, afirma una fuente conocedora de lo ocurrido. “Ossorio dice que los precedentes se refieren a que los presidentes no tienen que comparecer”, añade. “Es una barbaridad tremenda”.

Gómez comenzó su relación con la UCM en 2012, cuando Sánchez aún no era ni secretario general del PSOE, como directora de un curso de captación de fondos. Dos años después, cuando Sánchez ya lideraba a los socialistas, ese curso evolucionó a un máster. En ese momento, se puso al frente de otro: el Máster de Transformación Social Competitiva. La relación profesional de Gómez con el centro educativo acabó en 2024, cuando la universidad canceló tanto la cátedra como el máster que impartía la esposa de Sánchez.

El PP, que goza de mayoría absoluta en la Asamblea, impulsó esta comisión en verano con la excusa de que el caso que afecta a Gómez, investigada también judicialmente por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida en su trabajo en la UCM, afectaba al prestigio del centro educativo.

Sin embargo, la investigación parlamentaria languidece desde que Gómez compareció en la comisión en noviembre, acogiéndose a su derecho a no declarar. De hecho, ese mismo día, el rector de esta universidad, Joaquín Goyache, desmontó una a una las sospechas que vierten el PP y Vox sobre la creación de la cátedra de Transformación Social Competitiva impartida por Gómez (“todo fue absolutamente legal y regular”); negó cualquier trato de favor (“desde luego que no (...) no hubo presión”); y desvinculó los trabajos de Gómez de cualquier influencia del presidente Sánchez.

Por su parte, el vicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales, José María Coello de Portugal, también fue contundente cuando fue convocado a la Asamblea: “No cabe duda de la legalidad”, afirmó durante su comparecencia en la comisión sobre los estudios organizados por Gómez en la UCM.

Y este miércoles, José Antonio Martínez Aguilar, en calidad de Director General de Making Science Group, dijo que “el proyecto se desarrolló como cualquier proyecto de desarrollo de software (...) Fue un proyecto más”.