Ayuso alienta el miedo a la okupación en Madrid y el Gobierno la desmiente

Las okupaciones de viviendas denunciadas como usurpación en la Comunidad de Madrid pasaron de 2.852 en 2023 a 1.616 en 2024, según la Delegación del Gobierno. Eso representa una reducción del 43%. Y en estos momentos, en las poblaciones dependientes de la Policía Nacional, hay 894 okupaciones denunciadas de un parque de 2,8 millones de residencias, según la representación del Ejecutivo central. Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), lleva dos semanas apostando por denunciar el supuesto incremento de este problema; por trasladar a través de su equipo que esos datos son incompletos, sin ofrecer otros; y por mezclar en sus intervenciones el delito penal de la okupación con la morosidad en el alquiler, que a su juicio “se ha extendido” como “inquiokupación”, sin que proporcione una estadística que apoye tal afirmación. Una estrategia que llegó a su cenit este jueves, cuando la baronesa anunció que pedirá la intervención del Defensor del Pueblo, y el Delegado del Gobierno, Francisco Martín, la acusó de “engañar a la ciudadanía”.

¿Por qué apostar por denunciar este problema en este momento? “Para sacar réditos políticos y económicos”, opinó el lunes el Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín (PSOE), sin mencionar directamente a la líder conservadora, a quien este jueves sí pidió que “contribuya a terminar con la okupación, aplique la ley de vivienda, y deje de engañar a la ciudadanía”.

La táctica de Ayuso, apoyada por las asociaciones de afectados, que no creen en los datos oficiales porque solo recogen las denuncias efectivas, y no los casos en los que las víctimas resuelven el problema por su cuenta (pagando para que los okupas se vayan o sean desalojados), sirve de apoyo al PP nacional, que patrocina una ley antiokupación. Al mismo tiempo, le permite limitar el impacto en Madrid de Vox, partido con el que los conservadores están en guerra abierta. Finalmente, según interpreta la oposición, facilita evitar que el debate sobre las dificultades para acceder a una vivienda en la región se centre únicamente en las responsabilidades de la administración autonómica.

“Lo que está claro es que el uso de ese término, inquiokupa, no es casual”, denuncia Jorge Moruno, diputado de Más Madrid. “Pretenden mezclar cosas que no tienen nada que ver en un mismo saco, desde allanamiento de morada, usurpación o morosidad”, sigue. “Como no tienen nada que decir sobre acceso a la vivienda, pretenden poner el foco en otro lado, con un doble propósito: genera nicho de mercado para muchos negocios [como las alarmas] e intenta desplazar el problema de acceso a la vivienda al miedo a que te okupen tu casa si bajas a comprar el pan”, añade. Y denuncia: “Habla como si su política de hundimiento de la vivienda pública no fuera el principal problema”.

La tasa de desahucios vinculados a incumplimientos de contratos de alquiler por cada 100.000 habitantes fue en Madrid del 6,6 en el tercer trimestre de 2024, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para una estadística liderada por los 14,8 de Baleares, los 12,8 de Cataluña o los 11,8 de Canarias. Y el número de sentencias y decretos dictados en procedimientos sobre arrendamientos urbanos de viviendas, que son los datos que mejor encajan con la “inquiokupación”, según el CGPJ, se redujeron un 11,3% y un 6,3%, respectivamente, entre el tercer trimestre de 2023 y el tercer trimestre de 2024. Sin embargo, Ayuso ha decidido poner el acento en esta problemática, y en su supuesto aumento en la región. A ello ha dedicado buena parte de su agenda pública en las dos últimas semanas.

4 de febrero. Ayuso se reúne con representantes de la Plataforma de Afectados por la Okupación y la Inquiokupación, y se fotografía con su camiseta. “La inquiokupación, como la okupación, es un delito que se ceba con mucha gente inocente haciéndole grave daño”, dice la presidenta regional. 10 de febrero. Ayuso acusa al Gobierno de “fomentar la okupación” con la ley de vivienda y se reúne con Teresa Mateos, una mujer de 82 años, de la que cuenta que su casa de Fuenlabrada fue okupada por sus inquilinos, causándole, dice, “trastornos tal que su marido falleció de los disgustos y peleas que tuvieron”. 11 de febrero. “Los de la pancarta de género que no se olviden de las mujeres que están solas porque son viudas o no tienen hijos y les okupan sus viviendas”, espeta Ayuso en referencia al mismo caso. Y así se llega hasta este jueves 13 de febrero, cuando la quincena dedicada por Ayuso a la okupación culmina en el pleno de control a su Gobierno en la Asamblea.

“Lo que la izquierda llama bulos tiene cara, ojos y una vida detrás”, arranca la baronesa conservadora. “La okupación y la inquiokupación son delitos y atentan contra el derecho fundamental de la propiedad”, añade, mezclando dos dramas con calificaciones jurídicas diferentes. Y asegura: “El 95% del mercado okupado es pequeño tenedor, no son los grandes [tenedores]”.

Sin embargo, la Comunidad de Madrid admite en documentación oficial consultada por EL PAÍS que hasta 2.499 viviendas que son responsabilidad suya, pues pertenecen a la Agencia de la Vivienda Social (AVS), estaban okupadas sin título a finales de 2024, lo que no es equiparable a que haya denunciado todos esos casos. Además, no considera completos los datos de la delegación, hechos con una metodología similar a los de toda España, porque “no incluyen las okupaciones que no son delitos de allanamiento de morada o usurpación [por ejemplo, las okupaciones que no se han denunciado]” ni lo que denomina “inquiokupaciones”. Y, en contraste, no detalla en qué estadísticas se sustenta el discurso de Ayuso.

Consultado por este diario, el equipo de la presidenta se remite a los datos del servicio del 112 Okupación de la Comunidad de Madrid; a los de las plataformas de afectados; y “a todas las víctimas que han escrito o se han puesto en contacto con Presidencia”.

Con respecto al servicio telefónico, la administración regional informa de que en un mes se han duplicado las llamadas (56 registradas en la primera semana de febrero frente a las 32 de la primera semana de enero). Sin embargo, ese número de llamadas no es equiparable a la existencia de otros tantos casos: si la misma persona llama varias veces, se contarán todas esas llamadas. El servicio comenzó a funcionar el 23 de junio de 2022 y hasta el 3 de febrero de 2025 había recibido 3.826 llamadas, que han derivado en la atención de 219 ciudadanos (siete al mes) y en que en 42 ocasiones se haya evitado la okupación o se haya logrado desalojarla, según el Ejecutivo regional.

Por su parte, las plataformas que agrupan a las víctimas del delito de okupación no aceptan los datos oficiales con el argumento de que muchos afectados no denuncian y resuelven el problema por su cuenta (pagando para que los okupas se vayan o sean desalojados). Las estadísticas de la delegación, efectivamente, solo recogen aquellos casos denunciados.