Ayuso busca un golpe de efecto frente a Sánchez y Vox al declarar bien de interés cultural la Escolanía del Valle de Cuelgamuros

El gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, planea proteger la Escolanía de la Santa Cruz, situada en el Valle de Cuelgamuros, y fundada durante la dictadura (1958) en el contexto del monumento franquista, designándola como bien de interés cultural (BIC) en la categoría de patrimonio inmaterial. Esa decisión, con más efectos simbólicos que prácticos, está cargada de intencionalidad política. De un lado, supone una muestra de apoyo a los benedictinos que gestionan el coro, tras conocerse que el gobierno central quiere que abandonen cuanto antes el lugar dentro de las labores de resignificación del complejo que ampara la ley de memoria democrática. Del otro, es un guiño a los votantes de Vox, cuya portavoz regional, Rocío Monasterio, lleva largo tiempo reclamando que se protejan también la basílica y la cruz que preside el monumento de la dictadura. Ese paso no se dará, afirma una fuente gubernamental, porque la Comunidad de Madrid considera que no tiene competencias sobre el resto del conjunto, al pertenecer a Patrimonio Nacional.

En mayo, el ministro Ángel Torres, titular de la cartera gubernamental de Política Territorial y Memoria Democrática, fue taxativo. “Queremos que se vayan”, dijo sobre los benedictinos del Valle en una entrevista con EL PAÍS. “Debe ser un centro laico que sirva para explicar la guerra y lo que vino después”, añadió, subrayando así la importancia de resignificar el monumento de la dictadura, en el que continúa la ingente labor de exhumación del mayor osario de la Guerra Civil, en el que están enterrados 40.000 personas, entre sublevados y republicanos. “No cabe que se queden”, insistió Torres sobre los religiosos. Y reconoció: “No quieren irse, hay cierta resistencia”.

Esa oposición se tradujo en hechos en julio. Apenas un par de meses después de aquellas declaraciones, el abad de la orden consiguió que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y alguno de sus colaboradores clave, visitaran el Valle en una cita privada. Con la hospedería de la Santa Cruz como escenario, la baronesa conservadora conoció la situación de los monjes de primera mano, y luego visitó la basílica. Apenas unas semanas después de aquella cita, la Comunidad ha decidido declarar la escolanía como BIC.

“Fuimos por petición del abad, que quería contarnos en qué situación se encuentran”, recuerda una fuente que cuenta con la confianza de Díaz Ayuso sobre una visita que adelantó el digital El Debate. “Se trata de proteger el valor que tienen esas escolanías [también se declarará BIC la del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, fundada en 1567] que están en el contexto además de un abandono y desatención del gobierno central debido al contexto en todo el conjunto del Valle”, sostiene. “Y es además una petición de la abadía”, subraya. “Tenemos esas competencias y como hacemos con otros elementos de estas características, se lleva a cabo esa declaración”.

En la Real Casa de Correos, sede del gobierno madrileño, se asume que a nadie se le escapa “la oportunidad política” del movimiento. Al tiempo, se rechaza que haya conexión entre la protección de las escolanías “por su valor” y que el gobierno trate de expulsar a los monjes, aunque se reconoce que la decisión tiene un valor simbólico en ese sentido.

“Estos dos coros que se han encargado de preservar la tradición oral a los largo del tiempo y han tenido un papel fundamental en el desarrollo de sus comunidades religiosas”, justifica la decisión la consejería de Cultura, Turismo y Deporte, que detalla que la escolanía del Valle está compuesta por 40 niños con edades que van de los 8 a los 16 años. ”Su repertorio abarca desde la monodia medieval, especialmente el canto gregoriano e hispano-mozárabe, hasta la polifonía sagrada y profana de las diferentes épocas de la historia de la música”, añade en un comunicado en el que se refiere repetidamente a Cuelgamuros por su denominación anterior de Valle de los Caídos.

La posibilidad de proteger el conjunto el megamonumento que el dictador Francisco Franco ordenó construir en 1939 provocó en abril un resultado inesperado en la Asamblea de Madrid: la izquierda apoyó esa tesis de Vox para que la cruz y la basílica fueran declaradas como BIC.

Esa coincidencia formal, sin embargo, oculta grandes discrepancias de fondo, como recuerda la diputada socialista Mar Espinar. “Nosotros queremos poner el acento en que hay que protegerlo para enseñarlo, para contar lo que pasó y que no vuelva a pasar”, sostiene en conversación telefónica. “El lugar al que quieren declarar BIC acoge todavía a muchos cadáveres sin identificar, todavía queda un doloroso trabajo de exhumación de restos anónimos”, recuerda. “Todos sabemos que esos muertos les dan exactamente igual, pero deberían disimular un poco”, opina. “Debe convertirse en un centro pedagógico de memoria democrática”, añade. Y remata: “No quieren proteger el valor artístico de Cuelgamuros, quieren incendiar de nuevo los bosques del diálogo”.

Vicente Aleixandre

Así se explicó entonces Alicia Torija, de Más Madrid. “Nos encontramos ante un patrimonio incómodo, un patrimonio en conflicto (...) El monumento no es aséptico. Tenemos 30.000 muertos, 40.000. (...)”, recordó. “Solo hay un abordaje posible, el de los derechos humanos. Lo que hay que hacer es reciclaje democrático, explicar sin destruir (...) No tiene sentido declarar [BIC] únicamente la cruz, lo que tiene sentido es el conjunto”, siguió. Y defendió: “Para recordar es preciso conservar aquellos elementos que no queremos olvidar”.

Ahora, ante la declaración de la escolanía como BIC, dice: “La Comunidad de Madrid tiene un grave problema con lo que ellos consideran que es patrimonio inmaterial. Como en 2023 han hecho una ley de patrimonio muy mala, en la que no se han trabajado adecuadamente las categorías, ahora va a resultar que la de patrimonio inmaterial nos vale para una escolanía, y la casa de Vicente Aleixandre. Más les valdría estudiarse un poquito qué es el patrimonio cultural”.

Este diario solicitó la opinión del ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática sobre la decisión de la Comunidad de Madrid, sin haber obtenido respuesta en el momento de publicación de este artículo.

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