Anulada la prohibición de acercarse a niños a un profesor investigado por abusos a menores

La Audiencia Provincial ha revocado la medida cautelar impuesta a un docente de un centro de Madrid investigado por abusos a menores que le prohibía acercarse a niños y dar clases. La investigación comenzó a princpios de año, cuando las familias de dos niñas menores de cinco años denunciaron a un profesor auxiliar de un centro privado de Torrelodones (Madrid). A estos testimonios se sumaron otros dos en las semanas posteriores. Las presuntas víctimas fueron exploradas por un médico tras lo que el profesor fue detenido. El supuesto agresor negó los hechos y la jueza lo dejó en libertad pero dictaminó que se le retirara el pasaporte y le prohibió acercarse a menos de 500 metros del colegio, de las víctimas y de lugares frecuentados por menores. En el auto, adelantado por la Cadena SER, la magistrada y exministra de Justicia, Pilar Llop, mantiene el alejamiento de las denunciantes, pero revoca la decisión que le prohíbe dar clase y participar en actividades con niños por considerar que no se ajusta a derecho y que supone una “pena anticipada”.

La decisión llega después de un recurso de la defensa del acusado, en el que pedía que se eliminaran las medidas cautelares. La Audiencia Provincial lo ha estimado parcialmente y ha decidido rescindir la prohibición de acercarse a menores porque alega que no se puede imponer esta limitación de forma general, sin determinar específicamente a qué menor se quiere proteger con la medida. “No hay base legal que la justifique”, reza el escrito.

Al principio de la investigación, una jueza de Collado Villalba prohibió al investigado acercarse al centro escolar Green Stone, donde supuestamente ocurrieron los abusos, y a las denunciantes. En junio, cuando se sumaron dos víctimas a las dos iniciales, esta medida se amplió a cualquier espacio con niños y además decretó que el hombre no podría ejercer ninguna profesión relacionada con menores.

El último auto que rectifica estas medidas alega que esa última prohibición no se ajusta a la ley porque la anterior jueza “no concreta qué lugares y la ley exige que la medida sea necesaria para proteger a la víctima”. La magistrada firmante alega que hay que respetar “las garantías del Estado de Derecho”, por mucho que los delitos por los que se investiga a este hombre sean execrables y “merezcan todo el reproche penal”.

De las cuatro denuncias, hay tres que se refieren a delitos contra la libertad sexual y otra que hace referencia a otro tipo de abusos. El investigado siempre ha negado los hechos, según explica su representación letrada a la Cadena SER, y se dio de baja laboral cuando comenzaron las pesquisas judiciales. La investigación prosigue con la toma de declaraciones y recopilación de informes forenses. En este tipo de casos, está previsto que los menores declaren una única vez, para que no tengan que relatar los mismos hechos en varios puntos de la instrucción, y que lo hagan en espacios acondicionados con todas las garantías procesales.

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