Bomberos en tierra de nadie y en huelga de hambre: “Prefiero morir a renunciar”

Las señoras mayores y los bomberos comparten la sombra que proporciona un castaño de indias frente al Ayuntamiento de Leganés (Madrid). Es el lugar en el que ellas siempre pasan un ratito de sus mañanas y, desde el miércoles 29, cuentan con estos dos acompañantes inusuales. Son Charles Rodríguez y Rubén Agudo, dos bomberos en huelga de hambre, tal y como se lee en el cartel que han colgado del árbol que les da cobijo. El consistorio ya no cuenta con un cuerpo municipal desde que hizo el traspaso de este servicio a la Comunidad de Madrid, y estos dos efectivos, que no firmaron las nuevas condiciones en su momento, quedaron en una especie de limbo que ahora el equipo municipal trata de desenredar. Mientras tanto, ellos pasan largas horas acompañados de las amables señoras de Leganés. Dos vidas suspendidas por la burocracia.

Hay que remontarse a 2017 para entender cómo se ha llegado a esta huelga bajo el castaño. En ese año, la Comunidad de Madrid pone en marcha un plan para unificar bajo su paraguas a todos los parques de bomberos municipales que hay en la región. Este proyecto no incluye a los de la capital. En un primer momento, se hace con Alcobendas, Alcalá y Getafe. En 2020 llega el turno de Leganés. En junio, el consistorio, entonces socialista, pone en marcha el proceso administrativo para ceder su parque al Gobierno regional.

En un primer momento, los bomberos municipales votan en contra de esta modificación, pero poco a poco van cambiando de opinión y acaban mostrándose favorables a firmar el nuevo convenio. Charles y Rubén no lo suscriben. El padre del primero estaba en aquel momento enfermo de cáncer, muy grave ya, y necesitaba los cuidados de su hijo. “Todo esto me pilló cuando yo estaba volcado en atenderle y aun así yo pedí información sobre qué condiciones implicaba ese cambio y la firma de ese nuevo convenio, pero nunca las recibí”, explica.

En octubre de 2020 se hizo efectivo el traspaso. “Estamos aquí para alcanzar ese horizonte deseado que incluye solo dos cuerpos, el de la Comunidad de Madrid y el del Ayuntamiento de Madrid. Tenemos un peldaño más con la incorporación de este parque muy bien dotado”, dijo el entonces consejero de Justicia, Enrique López, quien deslizó que el parque era “antiguo pero modernizado”. Con este sistema de adhesiones, el Gobierno asegura que la región tiene más efectivos que nunca, pero los sindicatos aseguran que esto es una trampa, porque la Administración de Ayuso vende como aumento del personal lo que es una absorción de puestos ya existentes. El Sindicato de Bomberos también denunció hace un mes que ocho de los 21 parques regionales, entre los que se encuentra Leganés, está en un estado “insostenible” y “notificado a la Inspección de Trabajo”.

Por aquel entonces, Rubén disponía de una incapacidad permanente revisable, que finalizó en enero de 2021, cuando le llegó una notificación de la seguridad social en la que se le informaba de su alta médica. “Me dirigí al ayuntamiento para volver al trabajo y fue cuando me indicaron que mi plaza de bombero ya no existía y que hablara con la Comunidad de Madrid”, indica. Así lo hizo, y entre las dos administraciones se pasaron la pelota hasta que concluyeron que, legalmente, Rubén seguía dependiendo del consistorio. “Entonces me señalaron que me tenía que incorporar como administrativo. Me pusieron delante un papel que firmé aconsejado por mi abogado”, apunta. En agosto de ese año le concedieron de nuevo una baja por motivos psicológicos.

Entonces empezó su periplo judicial y demandaron a la Comunidad de Madrid por fraude de ley, ya que alegan que el convenio por el que se traspasa la competencia se basa en que el consistorio no puede hacerse cargo del servicio. Una sentencia le dio la razón en primera instancia, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se la revocó y lo dejó sumido aún más en el vacío en el que lleva flotando casi tres años. Charles también interpuso una demanda en su día, pero el juicio se ha retrasado en dos ocasiones por diversos motivos.

“Nos han ofrecido ser barrenderos o conductores, pero es que nosotros elegimos ser bomberos y tenemos nuestra plaza. Prefiero morir antes que renunciar. Si me tienen que llevar al hospital, en cuanto salga volveré a instalarme aquí”, asegura Charles, muy tajante. Él está desde 2021 en una situación de excedencia forzosa, por lo que cobra 700 euros. “Vendí una casa que tenía en Tenerife, donde estuve viviendo hace años, y ahora mis hermanas y yo hemos vendido la de mis padres, en la que yo me estaba quedando desde que me separé. Ahora mi casa es la plaza del ayuntamiento”, añade. El bombero alega además que, en otros municipios, sí que se ha permitido a algunos trabajadores permanecer bajo la gestión municipal.

En medio de este embrollo, están el Ayuntamiento de Leganés y la Comunidad de Madrid. Más bien el primero, porque ambas administraciones coinciden en poner el peso de la responsabilidad en el municipio. Un portavoz de la Consejería de Interior aduce que el Gobierno autonómico llevó a cabo esta integración hace tres años sin ningún problema con los otros 72 bomberos que sí se integraron y que si hubo dos que no firmaron, es algo que se escapa a su competencia y que están fuera de plazo. En este momento, no entra en sus planes incorporarlos a sus filas.

El alcalde actual, el popular Miguel Ángel Recuenco, reconoce en conversación telefónica con EL PAÍS que están estudiando los “cauces legales posibles” para buscar una posible solución, sin entrar en detalles. Sí insiste en que todo esto es una “herencia envenenada” del anterior equipo municipal socialista.

Y así siguen Charles y Rubén, a la espera de esos “cauces legales”, convencidos de que esta es la última medida de presión de la que disponen para solucionar su entuerto. Mientras, toman agua y bebidas con azúcares, y cuentan su historia a todo aquel que se acerca a sentarse con ellos. Ya que no pueden ejercer su profesión, pasan sus horas contando cuánto la echan de menos.

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