La madama ‘Pitufina’ y sus cuatro hijas controlaban un negocio de explotación sexual en un chalet de Madrid con 21 víctimas

En apariencia, era un chalet de una zona acomodada de Madrid, en el distrito de Salamanca, con ventanas en forma de círculo y una gran puerta de madera, a la que se llega tras subir una pequeña escalinata. En el interior, mujeres que explotaban mujeres. Y más oculto aún, en el subsuelo, en el sótano del inmueble, estas esclavas, la mayoría procedentes de Latinoamérica y traídas en avión hasta España, habían creado un micromundo en el que podían alejarse, pero no mucho, de este terror. Allí, en la planta -1, se hacinaban hasta 30 víctimas que usaban lo que un día fue una piscina como tendedero, que amontonaban los zapatos de tacón que debían ponerse para resultar más apetecibles y que leían carteles en los que se les prohibía “coger el teléfono a los clientes”. Establecer cualquier relación estaba prohibido. Este era el imperio de terror controlado por una mujer y sus hijas, o lo que es lo mismo, Pitufina y las mamis, como las conocían las propias chicas. “Puede tratarse del mayor local dedicado a la prostitución de Madrid”, señala uno de los policías de la Comisaría General de Extranjería responsables de la investigación que ha desmantelado esta trama.

Si querían descansar, tenían que hacerlo maquilladas y con ropa sexy por si las requerían inmediatamente para un servicio. Los paseos al exterior debían ser breves y estaba prohibido pasarse de la hora establecida bajo riesgo de multa. En las condiciones que firmaban nada más poner un pie en España se las obligaba a pagar 100 euros como depósito y a drogarse con los hombres que pagaban por sexo si estos lo exigían. La mayoría eran captadas por redes sociales o en sus lugares de origen por integrantes del entramado, la mayoría en Colombia y Paraguay. Les prometían un trabajo estable y en buenas condiciones con perspectiva de conseguir permiso de residencia. Y encontraban un sótano del que solo tenían permitido salir para ser sometidas y hacer lo que les ordenaran sus captoras.

Todo comenzó por dos denuncias anónimas interpuestas en el norte de España. Dos personas notificaron la existencia de un posible caso de trata y daban algunos detalles de la ubicación y las personas responsables del negocio ilegal. “Las vigilancias en estos lugares siempre son complicadas porque son delitos que se producen de puertas para adentro”, señala el agente responsable del operativo, que se ha desarrollado de forma conjunta entre la Policía Nacional y la Guardia Civil. El chalet en cuestión ya estaba en el punto de mira desde hacía al menos tres años, e incluso otros cuerpos policiales habían llegado a identificar a los ocupantes en noviembre de 2020. Su actividad en el año de la pandemia, cuando las restricciones encerraron la explotación tras los muros de los narcoburdeles, fue incesante. Los responsables policiales esperan que esta operación suponga el final de este prostíbulo.

A su llegada, las mujeres, todas muy jóvenes, firmaban un contrato que las obligaba a permanecer un mínimo de tres semanas en el chalet. No hacían falta cadenas ni agresiones físicas. Las explotadoras sabían que trascurrido ese tiempo no iban a tener ningún otro lugar a donde ir, sin dinero, y muchas estarían atadas por unas supuestas deudas o por la adicción a sustancias. Si alguna decidía marcharse no les importaba porque había chicas de sobra en la reserva. Incluso era bueno para el negocio, pensaban ellas, porque así había nueva mercancía para los clientes habituales. Una siniestra maquinaria que nunca se detenía. “Había agresiones psicológicas constantes, las amenazaban por todo. Tan solo había un hombre en este entramado encargado de los temas de seguridad y control de las entradas y salidas”, explica el investigador.

Las fuerzas policiales han detenido a 12 personas, incluidas las cabecillas y su red de colaboradores. Pitufina y una de las hijas vivían en una casa en la localidad madrileña de Fuentidueña de Tajo, que también fue registrada. Los agentes encontraron en los registros 30.000 euros, 30 gramos de cocaína y 13 gramos de marihuana. El día en el que las fuerzas policiales entraron al narcoburdel, había 21 mujeres, de las que 12 han aceptado ser víctimas y recibir ayuda, una de ellas tiene una discapacidad intelectual del 67%. Junto a los agentes, el día del desmantelamiento del chalet estaban miembros de las asociaciones destinadas al apoyo a víctimas de trata Operation Underground Railroad y Amar Dragoste. Carolina Sánchez es la responsable de esta última: “Era una situación insalubre, las mujeres tenían miedo, estaban llorando, asustadas. Habían estado sometidas a un control tremendo. Nuestra labor fue la de darles apoyo y brindarles una red asistencial después de ese momento”.

Resulta más llamativo que este negocio estuviera controlado por una madre y sus cuatro hijas. La líder, Pitufina, rara vez pasaba por el chalet. Eran las hijas, a las que las mujeres llamaban mamis, las que se turnaban para vigilar y gestionar. “Suministraban comida a las chicas que tenían que pagar con su trabajo y se la tenían que comer en el sótano. También las obligaban a costear la ropa que ellas llamaban sexy para hacerles fotos y publicarlas en páginas de contactos. También estaban obligadas por contrato a transportar droga en una red de chóferes particulares de los que disponía la organización”, resume el investigador. Toda una red bien planificada y engrasada para que nunca acabara la esclavitud de estas mujeres.

Las tarifas estaban claras. Estaba el servicio de media hora; el extendido, de una hora; y por último se contemplaban servicios especiales. Las mujeres no podían decir que no a nada, ni siquiera a practicar sexo sin preservativo. Al principio las mamis les daban una formación con el modo de operar en ese chalet de la esclavitud. Una de las cosas que estaban más controladas era el hecho de que una de ellas repitiera más de la cuenta con alguno de los clientes. 24 horas al día, siete días a la semana, el prostíbulo oculto en una vivienda de lujo de Madrid no descansaba nunca. La jornada laboral mínima era de ocho horas y en ella cada una debía ofrecer un mínimo de dos servicios. Una actividad muy lucrativa. Los investigadores han podido acreditar 1,5 millones de euros obtenidos de los pagos a cambio de los servicios sexuales ofrecidos por esta red de trata. La cantidad recabada, por ejemplo, con pagos en efectivo nunca se podrá probar, pero también podría ser considerable. Carolina Sánchez, de Amar Dragoste, es tajante: “Las mujeres no se deberían poder comprar ni vender y lo que sucedía en ese chalet es absolutamente terrible”.

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