Cuatro agresiones sexuales en centros educativos en un mes en Madrid, una de las dos regiones sin protocolo contra la violencia de género

En poco más de mes y medio, cuatro familias madrileñas han denunciado cuatro agresiones sexuales a sus respectivas hijas en dos institutos públicos de la región. En el Cardenal Herrera Oria, dos alumnos presuntamente inmovilizaron, desnudaron y manosearon los pechos y los genitales a una compañera de clase, de 13 años. Y la Fiscalía de Menores investiga otras tres presuntas agresiones de un menor, también de 13 años, a tres adolescentes de 14 en el instituto Antonio Gala, en Móstoles. En ambos casos se abrió el protocolo contra el acoso escolar ―aprobado en noviembre de 2016 bajo la presidencia de Cristina Cifuentes (PP)―, aunque los padres critican que resultó insuficiente y que se hizo tarde y mal. Uno de los motivos: las estudiantes no solo fueron víctimas de bullying, también lo fueron de violencia sexual, y Madrid es la única comunidad, junto a Castilla-La Mancha, donde no existe un protocolo específico contra la violencia machista en los centros educativos.

En la guía madrileña contra el acoso escolar, se mencionan seis veces las palabras “acoso sexual”, como un tipo de bullying, acompañadas de los apellidos “físico” y “verbal”. La violencia de género aparece solo una vez, además de “ciberviolencia por razón de género”. Abuso sexual o agresión sexual no se mentan. Tampoco en el protocolo a aplicar ante una situación de acoso escolar. En ninguno de los dos documentos se desarrollan medidas concretas para identificar o hacer frente a casos de violencia machista ―donde se incluyen las agresiones sexuales― entre estudiantes en un colegio o instituto.

“Como no hay ningún protocolo específico, lo único que han tenido hasta ahora [como guía] en los centros viene del plan de convivencia de la comunidad”, cuenta Teresa Jusdado, responsable de educación de UGT Madrid. Ese plan, aprobado en 2019, “deberá diferenciar con claridad el acoso escolar, el ciberacoso, la violencia de género y la LGTBIfobia de otras conductas esporádicas que dificulten la convivencia”, recoge el texto. Sin embargo, en el documento tampoco se desarrollan actuaciones precisas para cada uno de los supuestos mencionados.

Un portavoz de la Consejería de Educación señala que en la Comunidad de Madrid “existen instrucciones con protocolos ante cualquier tipo de violencia” y que todos los casos se atienden de forma inmediata, gestionado por los equipos directivos y los servicios de orientación. Y añade que la página web de convivencia de la región contiene “documentos y recursos para elaborar programas contra el acoso escolar, donde hay orientaciones y propuestas para los planes de prevención de la violencia contra la mujer”. En Castilla-La Mancha tampoco hay plan específico contra la violencia machista en el ámbito escolar, señala un portavoz de la consejería, pero matiza que “todos los centros educativos tiene la obligación de desarrollar un plan de igualdad y contra la violencia de género propio”. Sí que existe un programa concreto para docentes víctimas.

En octubre de 2022, la viceconsejería de educación de Madrid publicó una resolución con protocolos ante “cualquier tipo de violencia” en los centros educativos. Hay cuatro tipos: contra el acoso escolar, prevención de conductas autolesivas; prevención del riesgo de pertenencia a grupos juveniles violentos y para prevención del consumo de sustancias. Tampoco se mencionan la violencia de género o las agresiones sexuales. “Los casos de violencia machista ocurren, pero se llevan con un sigilo impresionante por parte de la Administración, porque son menores y la resolución de estos conflictos es muy compleja. Llevamos años pidiendo que se contemple la violencia de género en todos los ámbitos, incluido en el educativo, porque así se puede atajar y prevenir casi desde el origen”, critica Jusdado.

Los adolescentes fueron el grupo de edad en el que más aumentó el número de denunciados por violencia de género en 2021 respecto al año anterior: un 70,8% más, según el informe sobre violencia de género y doméstica del Instituto Nacional de Estadística. Y entre las adolescentes, donde más lo hizo el número de víctimas: un aumento del 28,6%, de 884 a 955. En todas las comunidades autónomas, salvo Castilla-La Mancha y Madrid, se han implementado medidas más o menos extensas para atajar la situación o se incluyen, desarrolladas, en un protocolo genérico contra la violencia machista, como es el caso de Extremadura o Navarra. El plan de la Junta de Andalucía, por ejemplo, se remonta a 2011 y consta de 12 pasos a seguir si el instituto detecta que una alumna ha sido o está siendo agredida ―verbal, física, psicológica o sexualmente― por un compañero.

Más reciente es el programa aragonés, de enero de este año, e incluye un extenso apartado sobre violencia sexual y prácticas como el revenge porn (porno de venganza), el grooming o la extorsión a cambio de favores sexuales, llamada “sextorsión”. También cómo detectar cambios de conducta que puedan alertar de que alguien ha sufrido una agresión sexual o un protocolo diferente para estos tres casos: violencia en el ámbito familiar de un alumno, violencia de género contra una alumna o violencia sexual contra una estudiante. En este último, por ejemplo, las pautas incluyen la entrevistas con la víctima y con la familia, por separado; recabar información sobre el agresor, incluida la edad ―porque los menores de 14 años son inimputables―; notificar a las fuerzas y cuerpos de seguridad; un seguimiento posterior a la agredida y el agresor, con tutorías individualizadas.

No basta con el protocolo

Tras la presunta agresión en el instituto Cardenal Herrera Oria y bajo la amenaza de volver a hacerlo, los chavales coaccionaron a la alumna para que les enviara fotos desnuda. Ella, asustada, terminó haciéndolo. María José Fernández, presidenta de la asociación madrileña contra el acoso escolar (Amacae), cuenta que el protocolo de acoso en Móstoles se abrió una vez terminadas las clases. “¿Qué van a investigar si no hay alumnos ya? Llega tarde y ni siquiera es solo acoso escolar, es agresión sexual. Vendrá reflejado en la investigación, pero no mucho más”, critica y advierte de que la falta de protocolos concretos lleva a los centros a “meter la pata”. “Días después de la agresión, alguien del equipo directivo dijo en clase que en el instituto estaban prohibidas las relaciones sexuales, como si hubiera sido algo consentido. No saben cómo actuar”, añade.

Los profesionales de las asociaciones consultadas ―tanto contra el acoso como contra la violencia machista― coinciden en que los protocolos, por sí solos, no son la solución. Carmen Guillén, presidenta de la Federación de asociaciones de acoso escolar, cuenta que muchas comunidades “están en pañales” ante las agresiones sexuales en los centros. “Lo ponemos en un papel y nos olvidamos. Si no se difunde, no llega. Si no se ajusta a cada centro, no funciona. Si no se forma al coordinador, de qué sirve”, sostiene. Según Guillén, uno de los motivos por los que la violencia se sigue dando, es porque las Administraciones “tienen ojos, pero están mudas”.

“Madrid está ausente [en políticas relacionadas con la violencia de género]”, coincide Esteban Álvarez, portavoz de educación del PSOE en la Asamblea. Por un lado, está “el intento de agradar y no molestar, entre comillas, a Vox [que niega la violencia machista y habla de violencia intrafamiliar]”, dice. Por el otro: “La miopía y desconexión de la Comunidad de Madrid con lo que pasa en los centros. Más allá del sesgo ideológico, está la incapacidad de gestión, de adelantarse y detectar los verdaderos problemas”. Para María Pastor, la portavoz de educación de Más Madrid, es una cuestión de prioridades. “El Gobierno de Ayuso no pone la violencia machista en el centro. No se nombra y se pacta con quien lo niega. Los protocolos sirven para proteger a los centros, es lo mínimo”, opina. Después está la educación sexual. Ambos portavoces consideran que las charlas y talleres son insuficientes. “Tener una educación sexual en el instituto en Madrid es como que te toque la lotería”, resume Pastor.

La “punta del iceberg”

Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Educación de CC OO, señala que “están alarmados” y que cada vez más profesores “les piden ayuda o recomendaciones sobre cómo abordar la violencia de género en los centros” porque no saben qué hacer. “Esto es la punta del iceberg. La violencia sexual no es un problema de convivencia, es un delito. Se puede y debe incidir en la prevención, pero cuando se da la agresión es diferente. Ahí, ¿qué haces?”, cuestiona. Galvín sostiene que la Administración “desatiende” a los institutos en esta materia y que el protocolo es necesario, pero solo si se refuerza el personal para llevarlo a cabo. “No hay plantilla suficiente, no están los perfiles profesionales que se requieren, solo con más burocracia no se puede”, añade.

La falta de personal también es clave para Rosa Rocha, presidenta de la Asociación de Directores de Institutos Públicos de Madrid (Adimad). “Los equipos directivos lo tienen complicado. No hay otra herramienta más allá de llamar a las familias y ofrecer la ayuda del departamento de orientación. Eso y el sentido común”, comenta y se queja de que el número de orientadores por centro es “totalmente insuficiente”. “La recomendación europea es uno por cada 250 alumnos, y en Madrid tenemos solo uno por centro, salvo en los más grandes, que hay un orientador y medio”. Se refiere a que uno de los orientadores trabaja a jornada completa y un segundo lo hace media jornada. “Los protocolos van acompañados de muchísimo papeleo y cada vez se dedica más tiempo a eso que a la propia víctima. Estas muchas veces terminan cambiándose de centro y esa no es la solución. Un protocolo sin medios deriva en que no se ayuda de verdad a las agredidas. El centro sí, claro, descubre la violencia, pero, ¿qué pasa después?”, critica.

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