La imposibilidad de encontrar techo de urgencia si eres una persona LGBTI en Madrid: “En el albergue general la violencia era increíble”

Brenda Justiniano tiene 36 años, un problema en la vista que probablemente la deje ciega, no puede trabajar y cuando decidió que, mientras pudiese ver, quería empezar a transicionar (cambiar de sexo), se vio abocada a la calle. “Cuando comencé mi proceso, me separé de mi pareja y me fui a casa de mi hermana mayor, que muy amablemente me pidió que me marchase”, cuenta una semana antes del inicio del Orgullo de Madrid, que comenzó el viernes 23 y seguirá hasta el 2 de julio. Lo hace en una de las aulas de la Fundación San Martín de Porres, en Carpetana la única en la Comunidad que tiene un proyecto para personas en situación de calle con perspectiva LGBTI, Hogar con Orgullo. Justiniano estuvo varios meses sin un lugar fijo en el que dormir. Cuando su trabajadora social le informó, en junio, de que querían incluirla en el programa Hogar con Orgullo, le dijeron que tenía que esperar hasta septiembre porque había lista de espera.

La mesa técnica de atención a personas LGBTI en riesgo de exclusión residencial de Madrid (Maper) presentó hace unos días un informe que ha puesto de manifiesto los problemas del colectivo a la hora de encontrar alternativas habitacionales seguras. De los datos obtenidos, los que más llaman la atención son que no existe ni una plaza de emergencia y que durante el año 2022 se recibieron 429 solicitudes, de la cuales solo se pudieron atender a 116. Ni un 30% del total. Aún más preocupante es el número de alojamientos específicos para personas del colectivo: 67, cuando hay 1.017 plazas en la red estable de atención a personas sin hogar en la ciudad de Madrid.

Darío Brítez (Paraguay, 35 años) también terminó viviendo en la calle durante tres semanas. Hace siete meses decidió huir de su país debido a la persecución y estigmatización de las personas LGBTI. “Siempre me sentí atrapado por ser gay. No te dan oportunidades, no te dan trabajo”, explica. En 2013, se graduó en Psicología, pero nunca encontró empleo en el sector y se dedicó durante muchos años al comercio informal. Con lo que había ahorrado decidió migrar a Madrid. “Sabía que me podría mantener unos meses con lo que tenía, pero cuando se acabó el dinero no tenía donde quedarme. Mi situación administrativa es irregular y nadie me quería contratar”, cuenta.

Daniel Ugalde, trabajador social de la Fundación San Martín de Porres y uno de los investigadores de Maper, aclara que la situación para las personas migrantes es “muy complicada”. Para pedir asilo es necesario estar empadronado en la localidad y el país del cual se huye tiene que tener leyes en contra de las personas LGBTI para ser considerados aptos. “Además, en Madrid hay que estar empadronado para absolutamente todo. Si no tienes padrón, no te atienden en algunos comedores sociales”, se queja.

Antes de obtener una plaza en el albergue de Hogar con Orgullo, Brítez paso por uno general donde tuvo que “dejar de ser visible porque la violencia que había era increíble”. Clara Castillo, trabajadora social de la fundación Apoyo+, subraya que lo más común es que “se vean obligados a volver al armario para no sufrir maltratos”.

En el informe, se muestra también que más de la mitad de las personas encuestadas han sufrido prejuicios y/o discriminación de su propia familia. Justiniano es una de ellas. Cuando su hermana decidió echarla de casa, no tenía demasiadas opciones. “Mi hermana dejó de creerse nada de lo que le contaba, ni siquiera mis problemas de vista y me dejó con una mano delante y otra detrás. Así que tuve que empezar a tirar de amigos y amigos de amigos. Incluso llegué a irme al norte de España a casa de un desconocido”, recuerda. Y añade que también estuvo un mes viviendo debajo de un puente en su coche.

Todos los ponentes de la presentación del informe, ya fuesen asociaciones o políticos, se mostraron unánimes en cuanto a la falta de políticas y protección para el colectivo LGBTI en Madrid. “Vivimos con un Gobierno que externaliza los problemas. Y lo que tienen que hacer es encargarse ellos de estas situaciones, diagnosticar y ofrecer las soluciones que se necesitan”, indicó el secretario de Políticas Sociales y Diversidad de CC OO, Manuel Rodríguez, sobre el gobierno tanto de la Comunidad como del Ayuntamiento de Madrid. Al acto no acudió nadie del PP, “por problemas de agenda”, ni nadie más de la derecha capitalina.

Los ejemplos de ese desamparo y violencia política que citan son, por ejemplo, la lona que apareció el 17 de junio, firmada por Vox, en la cual una mano con la bandera de España tiraba a la basura papeles con varios símbolos, entre ellos la bandera LGBTI y la feminista. También la decisión, tres días después, de José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital, de no colgar la bandera del colectivo en el Ayuntamiento durante el mes del Orgullo. Y el anuncio del 21 de junio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad, de que cambiará la ley trans de Madrid por una norma “más sensata”, algo que tanteaba desde el 2021.

La realidad del informe de Maper

El estudio realizado por Maper muestra que los mayores solicitantes de soluciones habitacionales son los hombres, cisgénero y gais, con un 65%. Muy lejos de estos porcentajes le siguen las mujeres cis con un 16% y las mujeres trans con un 14%. Sin embargo, Ugalde puntualiza que las cifras de las mujeres trans no son concluyentes, ya que hay que tener en cuenta las trabas burocráticas que enfrentan para poder cambiar su DNI.

Jacinto conoce bien el laberinto que supone solicitar la reasignación de sexo en el documento de identidad. “Yo tengo una tarjeta comunitaria en la cual, aunque con la nueva ley se puede hacer el cambio, tengo que enfrentarme a todo el papeleo, ir al consulado, pedir el justificante de que en mi país [Bolivia] no puedo cambiar mi nombre, luego tengo que ir al registro…. Además, ahora se puede hacer con la tarjeta comunitaria, pero antes no se podía”, explica la boliviana, afincada en España desde hace 17 años.

Todos los colectivos tienen necesidades específicas, pero sobre todo cuando se trata de personas LGBTI, subraya Ugalde. Muchas acceden a los centros con traumas relacionados con su orientación sexual, con violencias que han podido vivir en la calle, en las casas familiares o en las instituciones. “Las personas del colectivo que se ven abocadas al sinhogarismo vienen de situaciones muy difíciles y traumáticas, por lo que es imperante que los albergues y las diferentes entidades que acogen a personas LGBTI puedan atender a sus necesidades”, incide el trabajador social.

Un ejemplo perfecto de esta necesidad es Justiniano, que comenzó su transición cerca de los 35 años y es discapacitada, lo cual le impide trabajar. Ella lleva en el sistema dos años, debido a la situación excepcional en la que se encuentra. No vive en el albergue sino en uno de los pisos de autonomía que ofrece la fundación. “Ser visiblemente trans y tener una discapacidad hace la vida muy difícil, así que tener un espacio con otras compañeras que es seguro hace todo un poquito más fácil”, dice emocionada.

Brítez es contundente a la hora de explicar lo que el albergue ha supuesto para él. “Vine a España para ser libre y me encontré con que no lo podía ser. Al llegar a Hogar con Orgullo me he sentido yo mismo, me he apoyado en otros compañeros y nos hemos convertido en familia. Sean o no parte del colectivo”, sentencia.

Suscríbete aquí a nuestra newsletter diaria sobre Madrid.