El precio por tener piñas disponibles día y noche: explotación laboral de 16 trabajadores en Madrid
La Policía detiene a tres dueños de fruterías de Madrid que obligaban a trabajar a compatriotas de Bangladés desde la apertura hasta el cierre y sin contrato a cambio únicamente de comida
Desde la apertura hasta el cierre, a cambio únicamente de comida y techo y sin contrato laboral de ningún tipo. Este era el día a día de los trabajadores de 16 fruterías de Madrid provenientes de Bangladés. Una operación policial ha detenido a los tres empresarios responsables de este modelo de negocio que pone a disposición del consumidor piñas, manzanas y aguacates desde que amanece hasta mucho más tarde del anochecer, pero que olvida en el camino la salud y los derechos de los que están detrás del mostrador. Un caso de explotación laboral a pie de calle.
“Pudimos observar que el mismo empleado trabajaba desde la apertura al cierre, de lunes a domingo, sin horario de descanso y sin ningún tipo de seguridad laboral. Casi siempre por un salario ínfimo y, en algunos casos, solo a cambio de alojamiento y comida”, resume el inspector José , de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid. Los agentes dieron con estos casos de esclavitud cotidiana gracias a la denuncia de otros compatriotas, que informaron de que estos trabajadores estaban trabajando día y noche de forma ilegal. Para el inspector, esta situación es posible por el anhelo de estas personas de vivir en Europa y por la falta de escrúpulos de los empresarios de su misma nacionalidad. “Muchas veces los captan personas cercanas, a veces de su mismo pueblo o provincia, y llegan aquí sin tener conocimiento de sus derechos laborales porque en sus propios países lo ven como algo normal”, apunta el policía.
El guion de estas operaciones es casi idéntico y los problemas para ponerles fin, el mismo. “Los explotados no quieren denunciar porque ellos tienen que seguir comiendo y esto les cierra las puertas y los explotadores guardan silencio”, señala. En este caso, los agentes contaron con el apoyo de la inspección de trabajo, que tramitó los expedientes administrativos, y los investigadores llevaron a cabo las acciones penales, especialmente porque uno de los empresarios detenidos era reincidente y mantenía en estas condiciones a dos trabajadores. Las fruterías investigadas se ubicaban en distritos populares de Madrid como Carabanchel, Usera, Tetuán y Latina. Estas fruterías con amplios horarios que solo piensan en el beneficio económico son parte del paisaje habitual de estos barrios con sus letreros luminosos y sus ofertas suculentas.
Uno de los motivos de la falta de colaboración de los propios explotados es la incertidumbre a la que se enfrentan si deciden denunciar. Así lo reconoce Judith Garcia Padilla, coordinadora de servicios jurídicos y asuntos internacionales de Accem, ONG que trabaja con personas refugiadas y migrantes o colectivos más vulnerables. “Es más difícil encontrar recursos para las víctimas de explotación laboral, no pueden usar los mismos que los de la trata de explotación sexual. Es un proceso más difícil y complejo”, asume.
Pocos recursos
“Seguimos pensando casi siempre en explotación sexual, algo que ya de por sí cuenta con recursos limitados, pero también hay laboral y también con fines de mendicidad, y en esos casos tal vez no se activan los mismos mecanismos”, explica la experta. La cercanía de los captadores con los allegados de los trabajadores esclavizados en sus lugares de origen supone otro de los obstáculos a la hora de que haya consecuencias para los empresarios que no respetan los derechos laborales. “Muchas veces estos empleados tienen miedo al qué pasará, tienen especial vulnerabilidad por lo que pueda pasar en su país de origen o porque se considere unos traidores en caso de que denuncien”, añade.
García Padilla apunta que cuando trabajan con estas víctimas, tratan de reforzar sus conocimientos sobre sus derechos para que reconozcan “las situaciones que no tienen que tolerar”. Bangladés es foco de las organizaciones internacionales por su falta de condiciones de seguridad laborales, un problema que tuvo su punto álgido en el colapso del edificio Rana Plaza, en el que murieron 1.134 empleados del sector textil que trabajan en situación de semiesclavitud.
No es el único caso reciente de esclavitud en el corazón de una ciudad. La Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid también acaba de inspeccionar 18 restaurantes peruanos en los que identificaron a 114 trabajadores que trabajaban más horas de las permitidas, sin el contrato pertinente ni los descansos necesarios. Los agentes detuvieron a cuatro propietarios de los establecimientos que explotaban en su mayoría también a compatriotas. En las inspecciones detectaron también delitos de falsedad documental, algo habitual en estas operaciones. Los restaurantes no solo estaban en barrios populares, sino que también se encontraban en el distrito Centro, conviviendo diariamente con los turistas que visitan Madrid.
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