Profesores de enseñanza pública con hijos con enfermedades graves: “Nos niegan la reducción de jornada sistemáticamente”

Luna, Unai, Natalia, Leire y Dylan no se conocen, pero comparten varias cosas: duermen mal, tienen una enfermedad grave y al menos uno de sus progenitores es profesor de la escuela pública. También, que sus familias están tristes, enfadadas, cansadas y angustiadas. Llevan tiempo ―algunos docentes meses, otros más de cinco años― solicitando la reducción de jornada al 50% y sin rebaja de salario a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Pero esta no la concede, porque alega que como sus hijos están escolarizados, no requieren de un cuidado “directo, continuo y permanente”, requisito que recogen el real decreto que regula este permiso y el Estatuto Básico del Empleado Público. Sin embargo, una reciente sentencia del Tribunal Supremo a favor del padre de uno de estos niños establece que la escolarización no es motivo para denegar la prestación.

Ese progenitor es Alfonso Santamaría, profesor de Física y Química en un instituto de Coslada, al este de Madrid. La niña es Luna, su hija de 16 años, diagnosticada de autismo severo y con una discapacidad del 69%. “La Consejería nos niega la reducción de jornada sistemáticamente. No consideran nada”, se queja él por teléfono. “Ponga lo que ponga, tenga lo que tenga mi hija, es un no”.

Su lucha para conseguir el permiso empezó en 2015, la primera vez que se le negó la reducción de jornada, y después de haber estado un año disfrutando de ella. Los motivos son los mismos desde entonces: que Luna acude al colegio a diario ―en su caso a uno de educación especial― y que, como el progenitor es docente, los horarios son compatibles. “Creen que porque vaya a un centro significa que el permiso no es para cuidarla, es para que yo descanse”, critica Santamaría.

Tribunales

Harto de pelear con Educación, Santamaría decidió en 2018 llevar su caso a la jurisdicción contencioso-administrativa de Madrid, donde le dieron la razón. La Consejería recurrió después ese fallo judicial al Tribunal Superior de Justicia de la capital (TSJM), y ganó. “Van a utilizar esta sentencia [la del TSJM] para denegar el permiso a otros padres que llevan años pidiéndolo, y este curso [2020-2021] especialmente, porque se han puesto salvajes”, le dijo un trabajador del departamento de Recursos Humanos a Santamaría.

Entonces, él decidió que también iba a recurrir. Lo hizo y el pasado octubre el Tribunal Supremo dictó una sentencia a su favor, donde expone lo siguiente: “El hecho de que la menor esté escolarizada en un centro escolar, en el que existan terapeutas y profesionales especializados, no dispensa de la atención permanente y la colaboración de los padres con aquellos”. Aun así, el padre de Luna y otros docentes en situaciones similares han pedido la reducción para este curso y se la han denegado, o ni siquiera han recibido una respuesta. “La Comunidad de Madrid actúa como una caja negra, nunca saben nada. Se pasan la pelota, pasan meses y nadie responde”, cuenta el profesor de Física.

Patricia Merchán, de 48 años, es una de ellos. Da clases en un colegio de primaria en Rivas, un municipio al sureste de Madrid, y es madre de Natalia, de 15 años y diagnosticada de una enfermedad rara. “Habrá unos 10 como ella en España. Tiene un retraso cognitivo importante, como si fuera una niña de tres años, con las características de un cuerpo adolescente. También muchas dificultades motrices, un 68% de discapacidad y grado tres de dependencia [el más alto]”, relata la madre. A ella solo le han concedido la reducción una vez, el curso 2019-2020, y al terminar no le aprobaron la prórroga. Ha recurrido la decisión de la Consejería y en la documentación incluyó la sentencia del Supremo de Santamaría, pero todavía no ha recibido una respuesta.

“No puedo más. Tengo la sensación de que no llego a nada. No le puedo dedicar a mi hija el tiempo que quiero, y tampoco puedo dedicar a mis alumnos el tiempo que se merecen. Me preguntan: ‘¿Profe, por qué faltas tanto?’ Qué les digo. Necesito tiempo para mi hija, para su hermano [de 17 años] y para mí”, se lamenta Merchán. Está de baja por ansiedad y critica que la Consejería de Educación no tiene en cuenta las dificultades de los padres con hijos enfermos: “Hay que ayudarla con todo. Vestirla, desvestirla, lavarla, darle de comer, llevarla al colegio, recogerla del colegio, ir a una, dos, tres, cuatro terapias diferentes. Es ser un taxista todo el día, y médicos especialistas ya ni sé los que tengo. Son 24 horas encima y mil ojos atentos”. Muchas noches ella o su marido duermen con Natalia, para evitar que tenga una crisis y controlar sus movimientos. “Si no duermo, no puedo ir a trabajar, y cuando la dejo en el colegio es el único momento para descansar unas horas”, añade.

Ponderación de las circunstancias

Un portavoz de la Consejería explica que la Comunidad de Madrid “realiza una rigurosa ponderación de las circunstancias singulares de cada caso”, y piden a los docentes cuyos hijos están escolarizados que acrediten si durante el tiempo que están en el colegio “se mantiene la necesidad del cuidado directo, continuo y permanente por el propio progenitor”. Para eso, solicitan a los padres sus horarios detallados, los horarios de sus hijos, e incluso si el centro del niño cuenta con personal de enfermería. “Piden muchas cosas que solo sirven para justificar que no te den el permiso”, señala Santamaría. Por eso, él, y al menos otros cinco padres y madres, se han puesto en manos del área de educación de Comisiones Obreras (CC OO), que asesora jurídicamente a los afectados para intentar resolver las denegaciones una a una.

Ana Aparicio es abogada y lleva el caso del profesor de Física y del resto de familias en la misma situación: “Lo que he visto estos años es que las resoluciones de Educación son todas iguales. Solo cambian los nombres y no tienen en cuenta la coyuntura personal para nada”. Todos los días recibe dos o tres llamadas de docentes angustiados porque no saben qué más hacer para conseguir la reducción de jornada. Según la Consejería, este año se han tramitado 84 solicitudes de permiso y se han concedido 71, y en 39 de ellas los menores estaban escolarizados. “Los 13 restantes se han denegado, en un caso, por informe médico desfavorable y, en los otros 12, porque no se ha acreditado la necesidad de cuidado”, añade un portavoz.

Sandra Palomino, Diana Alonso y Rebeca Martín también han recibido un no a la reducción de jornada para este curso. Palomino, de 37 años, es profesora de Educación Especial en primaria y su hijo Dylan, de dos, sufrió un ictus el año pasado. Su caso es especial porque tenía concedido un permiso del 99% hasta este octubre, debido al accidente cerebrovascular del niño. Al ir a pedir una prórroga, se la han denegado. “Va a una escuela infantil cuatro horas al día, porque los médicos me recomendaron que lo escolarizara para estimular su recuperación. Y van y me preguntan que qué hacía yo esas horas mientras él estaba en clase”, relata.

A Diana Alonso, de 43 años y maestra de Inglés en un instituto, le llevan denegando el permiso dos años, desde que se mudó de Brasil a Madrid para intentar tratar la enfermedad de su hijo Unai, de ocho años. El niño tiene parálisis cerebral, una discapacidad del 77% y grado tres de dependencia. “La primera vez me llamaron por teléfono para intentar disuadirme de que lo pidiera. Fue muy chocante. Me preguntaron por qué lo pedía y por qué los años previos no lo había hecho. Desde que mi hijo nació siempre he trabajado media jornada, cobrando la mitad, y durante sus dos primeros años de vida ni siquiera trabajé, porque mi única tarea era rehabilitarle. Este curso ya no podía más”, cuenta.

“El estrés que te supone estar todo el rato pendiente. Ir al trabajo, salir del trabajo, ir al hospital, dejar a tu hija en el colegio y volver al trabajo. Es horroroso. Con la reducción nos podríamos organizar, si no la conciliación es imposible”, se lamenta Rebeca Martín, de 39 años. Vive en Puente de Vallecas, con su marido, su hijo y Leire, de ocho años y diagnosticada de una encefalopatía epiléptica, una enfermedad neurológica caracterizada por crisis epilépticas que comienzan cuando los niños son todavía bebés. “Pierde el conocimiento, se despierta con la mitad del cuerpo parado [lo que se conoce como hemiparesia]. Las extremidades se le ponen muy rígidas o, al revés, se queda sin fuerza. Es un no parar”, explica. La negativa a la reducción de jornada ha sido como “una bofetada”. Y añade: “Duele, mucho, y agota”.

En su resolución, como en la del resto de casos expuestos, además de aludir a que Leire estaba escolarizada, se especificaba lo siguiente: “La sustancial coincidencia entre el horario escolar y la jornada de trabajo de los padres, implica considerar que la reducción de la jornada no es para el cuidado de la menor”. “No entienden nada”, concluye Martín.

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