Un médico con discapacidad pleitea contra la Comunidad de Madrid y gana: “Se puede pelear y vencer”

Lo primero que quiere dejar claro José Antonio Martínez Campos, de 46 años y con una lesión medular desde los siete, es que su caso no es una cuestión política, sino de discapacidad. Acaba de ganarle un pleito a la Comunidad de Madrid, para la que trabaja como médico de familia en el centro de salud de Navalcarnero, por no adaptar su jornada laboral a la patología crónica neuromuscular que padece y no quiere que su victoria judicial se mezcle con el convulso estado de la sanidad. Al doctor, con una discapacidad del 52%, ya han tratado de instrumentalizarlo antes, tanto partidos como asociaciones, pero él habla desde la “absoluta independencia” de no estar afiliado a nada, salvo al sindicato profesional Amyts. “Yo quiero denunciar lo que sufrimos día a día en las empresas públicas y privadas las personas con discapacidad porque no se respetan nuestros derechos y decir a todos los discapacitados que no se conformen, que le echen valor, que se puede luchar y ganar”, declara nada más sentarse en una cafetería de su pueblo, a la que llega conduciendo su coche, andando apoyado en muletas y convulsionando todo su cuerpo para poder dar cada paso.

El pasado 25 de octubre, el juzgado de lo contencioso-administrativo número 6 de Madrid dictó sentencia a su favor frente a sus jefes, la Gerencia Asistencial de Atención Primaria de la Consejería de Sanidad, a la que demandó para reclamarle un horario fijo de mañana en atención a sus limitaciones funcionales. Sanidad dejó correr el plazo de 15 días que tenía para recurrir la sentencia, que es firme desde el 25 de noviembre, a pesar de lo cual aún no ha dictado la resolución para hacer efectiva la medida. A Martínez casi le cuesta creer que, tras cuatro años de lucha, ha logrado la adaptación completa de su puesto de trabajo a su discapacidad. Ahora, espera servir de ejemplo y que su caso “siente precedente dentro de un colectivo que es el gran olvidado, pese a ser mayor”. “Todos podemos pertenecer a él en algún momento y no parará de crecer gracias a los avances médicos y a la mayor esperanza de vida”, recuerda.

“Tal y como recoge la sentencia, la Comunidad ha incumplido de forma manifiesta cuatro artículos de dos leyes”, interviene, sentado a su lado, el abogado Ángel Galindo. La obligación de adaptar el puesto de trabajo a las limitaciones de un trabajador consta en dos artículos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en uno del Estatuto Básico del Empleado Público y, en este mismo estatuto, la prohibición de la discriminación por razón de discapacidad.

Desde 2019

Sin embargo, la Comunidad ha ignorado las leyes en este caso desde 2019, cuando el servicio de Riesgos Laborales recomendó cambios en la jornada del médico ante el deterioro de su dolencia. A causa de la lesión, sufre espasticidad o rigidez muscular, que se acentúa con el paso de las horas y que, por la tarde, llega a niveles difíciles de soportar y le puede provocar dificultades para moverse, caídas y problemas para hablar. “Es un aumento del tono muscular patológico, cuando el músculo debería relajarse, no lo hace por un problema neurológico. Con el transcurrir del día, toda persona siente fatiga muscular, que en mi caso se multiplica por 10, por 20, por 30...”, describe con total conocimiento de causa, como médico y como paciente. Le ofrecieron jubilarse, pero él se niega. Con 46 años, casado y con dos hijas, se considera en su mejor momento: “Le estoy haciendo un servicio a la sociedad y tengo mucho que aportar a mis pacientes, lo único que tengo reducida es la movilidad”.

A los siete años, se dio un golpe en una piscina en Jaén. Trece días después, se desplomó en la playa de Benicàssim (Castellón). Había sufrido un ictus (falta de riego) postraumático. Fue trasladado al Hospital de la Fe de Valencia y le hicieron uno de los primeros TAC del país. “Era 1983, los albores de la medicina moderna”, recuerda. “A mi padre le dijeron que tenía un tumor, él se puso a darle vueltas en la cafetería y cayó en la cuenta de que era imposible”. Su padre, que trabajaba en control de calidad y soldadura de gaseoductos, tenía amplísimos conocimientos en radiología industrial. “Subió y les dijo a los médicos que no era un diagnóstico congruente y se negó a que me llevaran a Madrid hasta que no estuviera claro qué tenía”.

En aquella época, no existían los tratamientos antitrombóticos y el daño ya estaba hecho, no había cura. “Estuve un año entero en el Ramón y Cajal sin poder moverme ni hablar, tuve que reconducir toda mi capacidad funcional y readaptar mi sistema neuronal para volver a aprender a hacerlo”, cuenta. El médico recuerda momentos concretos, como el bañador que llevaba su madre cuando cayó fulminado, el estar tirado en la arena consciente pero sin poner llamarla... “He aprendido que estos recuerdos no son malos, es lo que me ha tocado vivir. Hay que seguir adelante con ellos y normalizar la situación”. Sus palabras dan para un tratado de filosofía.

Nada de esto le ha impedido desarrollar su vida plenamente: estudiar, trabajar, tener una familia... Seguramente, admite, lo que le pasó influyó en que estudiara medicina. Lleva ejerciendo desde 2005, tras aprobar el MIR, que ya le supuso un quebradero de cabeza porque intentaron “politizar” su caso. Este asunto le cabrea especialmente porque “la discapacidad trasciende a cualquier partido o ideología”. Empezó en el hospital de Alcorcón y de ahí, a Navalcarnero.

“Podía haber pedido la adaptación desde el minuto cero, pero tiraba para delante, mi lema es que nadie me pueda poner un pero por ser discapacitado”. En 2015, “para evitar problemas legales” por si se retrasaba en una atención domiciliaria, el director del ambulatorio lo empujó a ir a Salud Laboral. Tras examinarle, le hicieron una primera adaptación. En 2019 sufrió un edema óseo que lo dejó seis meses sin moverse y se reincorporó un mes antes de la pandemia.

En la revisión de Salud Laboral de marzo de aquel año, Riesgos Laborales, basándose en los informes de un traumatólogo, un neurólogo y un rehabilitador, estableció cuatro cambios que necesitaba para poder seguir ejerciendo: no hacer avisos a domicilio urgentes sino programados, reducir la atención a urgencias, ver pacientes no cada cinco minutos sino cada 10 y trabajar por la mañana. Su turno es deslizante: dos días de mañana, dos de tarde y uno alterno.

La administración cumplió las tres primeras recomendaciones, pero no el turno de mañana. “Salud Laboral elevó el informe, estaban obligados a dictar una resolución, pero la decisión no se tomaba. Recibí muchas llamadas, pero nunca una comunicación oficial escrita”, continúa. “Estas situaciones hay que denunciarlas, tengo pacientes que han tenido que dejar sus trabajos porque se negaban a adaptarles el puesto cuando están obligados por ley, es nuestro derecho. Estas cosas hay que tenerlas muy claras y no achantarse, hay que pelear”, reivindica.

En las revisiones de 2020, 2021 y 2022, el Servicio de Prevención reiteró sus recomendaciones, sin que llegara la adaptación completa. Por eso, buscó a un abogado y, en mayo, presentaron tres requerimientos, a gerencia, a Salud Laboral y al propio consejero. Nadie respondió y, ante el silencio administrativo, impugnaron y presentaron la demanda.

¿En ningún momento nadie de su entorno le dijo José Antonio para, no te metas en más líos? “No, porque saben cuando creo en algo, voy hasta el final”, responde el doctor, cuyo infinito coraje, entereza y determinación contrastan con su fragilidad física. En los cuatro años que llevaba esperando que la administración cumpla con la ley, ha estado trabajando de tarde cuando le tocaba. Porque Martínez solo quiere una cosa, trabajar, “pero en condiciones óptimas”.

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