Las 24 horas que acabaron con el secreto de la muerte de Juana Canal

El secreto más oscuro que puede tener una persona, el que Jesús Pradales mantuvo durante casi 20 años, acabó en 24 horas. Tras un día de silencio primero y confesiones parciales después, el viernes de madrugada y en presencia de su abogada de oficio llegó el relato definitivo de cómo mató a su expareja Juana Canal. En medio de la noche y del silencio de unas dependencias policiales de Ávila, el homicida confeso se trasladó mentalmente a otra madrugada, la del 22 de febrero de 2003, y a otro lugar, el piso de Madrid que compartía con su entonces pareja, para admitir lo que los investigadores y la familia de ella sospechaban desde que se reactivó el caso este verano: que la mató, la descuartizó, la enterró cerca de su pueblo en Ávila y siguió con su vida como si nada. Dos décadas después, con otro contexto social, otras leyes y otros protocolos policiales, quedan las preguntas de si ese crimen machista se pudo haber evitado y por qué no se investigó más a la última persona que la vio con vida.

Juana Canal, que tenía 38 años cuando murió, era una administrativa separada con dos hijos. Había tenido algunos problemas de adicciones, según ha explicado su familia en estos meses, pero en el momento en el que la desgracia sucedió todo parecía irle bien. Se había instalado en una casa de alquiler en un barrio popular de Madrid y había iniciado una nueva relación con Pradales hacía unos meses. Lo había conocido precisamente en un trayecto en el taxi que él conducía. Los allegados de ella apenas conocían al hombre con el que convivía, simplemente sabían su profesión, que tenía dos hermanos… los típicos primeros detalles escasos que se saben de un recién llegado a la familia.

Esa persona recién aterrizada cambió para siempre la vida de los Canal. No solo acabó con la de Juana, sino que uno de sus hijos falleció unos años después, muy afectado por la desaparición de su madre. El otro hijo trató de seguir adelante, tiene una empresa de jardinería y es padre de familia. También está personado en la causa contra el homicida confeso. Las hermanas de Juana nunca perdieron la esperanza de encontrarla, hasta el punto de que su implicación en la organización SOS Desaparecidos es total. Los padres de Juana fallecieron sin saber qué había sido de su hija. Pradales nunca volvió a aparecer en la vida de esta familia, sino que creó una nueva, fue padre de tres hijos, abandonó el taxi y empezó a trabajar en un puesto ambulante de hamburguesas. Fue detenido el miércoles en Fuente el Saz (Madrid).

Pradales, que hoy tiene 58 años, explicó en su última declaración que aquella noche discutieron porque ella había tirado la recaudación del taxi que él conducía por el inodoro, que le dio un golpe que la mató y que la descuartizó en la bañera. Después, la metió en maletas, y la transportó en su coche durante hora y media hasta una zona que conocía bien: un bosque cerca de Navalacruz, el pueblo abulense de su familia. Hoy escaman detalles que entonces se pasaron por alto, como que el día del crimen, a las dos y media de la mañana, un policía del distrito llegó a acudir a la casa después de que Juana llamara alertando de la agresividad de su novio. Cuando el agente llegó, el hoy detenido aseguró que recogía sus cosas y se iba y ella lo creyó y no denunció. Se desconoce si habían existido episodios previos de violencia en la pareja.

Este asesinato estaba abocado a quedar impune de no ser porque en 2019 la casualidad hizo que unos senderistas hallaran en un paraje boscoso de Ávila unos restos que parecían humanos. En ese momento, una comparación con las muestras de familiares de Juana Canal almacenadas en el registro nacional de desaparecidos ya probó que esos huesos pertenecían a la mujer cuyo rastro se perdió en 2003. Aun entonces, la casualidad volvió a ponerse de lado del homicida confeso, porque un problema de comunicación provocó que esta coincidencia en el ADN no se le notificara a la familia hasta este año. Fue hace escasos meses cuando se puso en marcha la maquinaria policial y, ahora sí, se buscaron pruebas y se vigiló al principal sospechoso.

Cuando Juana Canal fue asesinada, España llevaba mes y medio contabilizando las muertes de mujeres a manos de sus parejas. “Los registros y las bases de datos habían comenzado en enero, se estaban sentando las bases de la recogida de información y aún se estaba afinando esa tarea. Todavía no se habían estudiado como hoy las variables de riesgo, la caracterización de la mujer y del agresor… Y seguramente había menor sensibilización a la hora de analizar estos casos”, destaca Belén Sanz, epidemióloga social en el Instituto de Salud Carlos III que investiga los feminicidios en España. Ese febrero, en concreto, el histórico de datos recoge que hubo cuatro asesinatos machistas en el país. “Además, la coordinación entre los diferentes actores en la lucha contra la violencia de género aún no era lo que es hoy”, añade. En ese momento, ni siquiera existía el sistema Viogén, que se encarga de clasificar a las víctimas por su riesgo, asignarles protección y hacer un seguimiento de los casos.

Otro factor que lastró la resolución de este caso mucho antes fue la falta del cadáver, que solo se halló por casualidad mucho tiempo después. Principalmente, porque en ese momento se dio por buena la versión de Jesús de que Juana se había marchado por su propio pie y nunca se buscó un cuerpo. En España se cuentan con los dedos de una mano los homicidios investigados y juzgados sin la existencia de un cadáver. El más mediático fue el de Marta del Castillo, cuya desaparición al principio también se trató como voluntaria; también está el de Ramon Laso, condenado en 2014 por matar a su mujer y su cuñado; el de Ricla (Zaragoza), por el que se condenó a Antonio Losilla en 2015 por asesinar y hacer desaparecer el cuerpo de su mujer con una trituradora. Estos dos últimos dieron elaboradas versiones del supuesto abandono de sus parejas de la noche a la mañana.

Hay más casos similares. En marzo, Agustín S. fue condenado en Murcia por el homicidio de su pareja, Lola Sandoval, de la que nunca se halló el cuerpo. La defensa del hombre se basó en la misma versión que llegó a dar esta semana Jesús Pradales, el homicida confeso de Juana: que había encontrado a su pareja muerta y él solamente la descuartizó. El jurado no creyó esa versión que Agustín S. mantuvo hasta el final.

Laura Vela fue letrada de la acusación en el caso Ricla, uno de esos asesinatos machistas que hace años seguramente habrían quedado impunes. “Hasta hace poco, cuando no había cuerpo, la mayoría de los tribunales, especialmente del jurado, eran reticentes a condenar si no había una prueba contundente. La diferencia entre antes y ahora es que con los avances tecnológicos y científicos es más fácil recabar un mayor número de indicios que sustenten la culpabilidad. En nuestro caso fue fundamental el posicionamiento telefónico y los estudios de ADN”, reflexiona. Los indicios serán también fundamentales en este caso en el que es muy difícil que el cuerpo de Juana dé respuestas de cómo fue asesinada.

A nadie sorprendió que Pradales se casara con otra mujer solo cuatro meses después de la desaparición de Juana —ahora se sabe que muerte—, ni que se cortara todo el contacto entre los allegados de la mujer y la última persona en verla. En su foto de perfil de una red social, el detenido saluda desde su puesto móvil de comida con cara afable. En otras se lo ve jugando al billar con sus amigos, disfrutando de la Navidad junto a su familia y promocionando su trabajo en ferias y fiestas patronales. También hay algunas publicaciones relacionadas con Navalacruz, el pueblo al que se llevó los restos de Juana. Pradales comparte con orgullo que es el lugar de origen de Iker Casillas y del patinador Javier Fernández.

Los signos de alarma para evitar un crimen

“El problema no es que se hiciera una mala investigación, sino que no se hizo. Ahora sabemos, entre otras cosas, que en al menos el 55% de los homicidios de mujeres el responsable es la pareja o expareja. La falta de conocimiento en esa época motivó la falta de seguimiento del principal sospechoso”, apunta Miguel Lorente, forense y exdelegado del Gobierno de Violencia de Género. “Probablemente, ni ella ni su entorno vieron los signos de alarma de lo que finalmente acabó sucediendo”, reflexiona. “En estos casos es necesaria una autopsia psicológica, un análisis del entorno de la víctima para ver si tiene sentido una desaparición voluntaria. Aquí ni siquiera se analizó si había movimientos en sus cuentas bancarias”, secunda Carmen Balfagón, criminóloga y jurista que representa, por ejemplo, a la familia de las niñas de Aguilar, dos adolescentes desaparecidas hace 30 años. Todo eso, que se sabe ahora, no estaba tan claro en 2003.

¿Cuántas personas más puede haber así? Este es el otro gran interrogante que se desprende de este caso. Juan Manuel Medina, abogado de la familia Canal, recuerda a Mari Cielo Cañavete, desaparecida en su pueblo de Albacete en 2007, cuyo cuerpo nunca se halló. Se llegó a condenar a su exnovio, un hombre casado mucho mayor que ella, pero la sentencia se anuló en el recurso judicial. “Todavía sigue habiendo falsos mitos sobre las desapariciones, como que solo se puede denunciar pasadas 48 horas o que solo pueden hacerlo familiares directos”, apunta Medina. En esta lista de desapariciones de alto riesgo también aparece Aurora Mancebo, cuyo rastro se perdió en 2004. El único sospechoso fue su novio después de que un testigo asegurara que le confesó el asesinato. El cuerpo sigue sin aparecer y no ha habido ningún detenido por este crimen.

Este viernes, parte de la familia Canal Luque se reunió para una misa en memoria de Juana en la iglesia del colegio al que acudieron todas las hermanas, los Salesianos. A la salida se mezclaban los escolares que ahora recorren los pasillos en los que estudió Juana con los que acudieron a despedirla. Un encuentro íntimo con el que la familia ha podido iniciar el duelo para despedir, ahora sí, a su hermana, tía y madre.

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