La Policía, la Inspección de Trabajo y la Comunidad de Madrid recibieron denuncias de la explotación de los socorristas y las falsificaciones de títulos

Varias autoridades, entre ellas la Policía, la Inspección de Trabajo y la Comunidad de Madrid, recibieron denuncias este verano sobre las irregularidades en la contratación de socorristas y la falsificación de títulos para ejercer en las piscinas de Madrid. Tal y como denunció a EL PAÍS, la captación de un grupo de socorristas peruanos que llegó a trabajar a Madrid estuvo marcada por irregularidades en su captación, contratación y condiciones laborales. En las pruebas y testimonios aportados por los afectados hay claros indicios de falsificación de documentos, engaños y explotación. Tras la publicación del reportaje el pasado domingo, se han multiplicado las denuncias enviadas a este periódico que revelan cómo empresarios del socorrismo, españoles y extranjeros, se lucran con dudosas prácticas que incluyen traer trabajadores que no saben nadar o someterles a unas condiciones de trabajo en las que cobran por debajo del convenio y sin librar. Nadie les puso freno.

Un empresario del sector se puso en contacto con EL PAÍS esta semana para aportar tres denuncias que realizó este verano por diferentes motivos relacionados con los fraudes que estaba identificando en el sector. La primera la interpuso presencialmente en la Inspección de Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo en agosto. En esta denuncia señalaba a una empresa que, según aseguraba, empleaba es piscinas de urbanizaciones a alrededor de medio centenar de socorristas peruanos “sin contrato y en condiciones por debajo de convenio”. El grupo de peruanos, señalaba, había sido traído a España “de manera organizada”. Esta no fue la única denuncia que recibió la Inspección de Trabajo este verano. Fuentes del ministerio afirman que han llegado “varias”, sin concretar el número, relacionadas con el sector del socorrismo y que todas ellas han conllevado una actuación de los inspectores. Las actuaciones, señalan, aún no se han concluido. “La inspección está especialmente vigilante para detectar cualquier tipo de fraude y las condiciones de trabajo”, afirman.

La Comunidad de Madrid también está al tanto de las irregularidades. La región es el principal destino de socorristas extranjeros: el 67% de los 1.175 profesionales que han llegado de otros países a cuidar de las piscinas y playas españolas se han empleado en Madrid. Son 90 personas que obtuvieron un permiso para trabajar esta temporada y luego regresar a su país y 779 de ellos son peruanos, según datos oficiales facilitados por el Ministerio de Política Territorial que controla las Oficinas de Extranjería. Tras salir a la luz que el oscuro negocio que hay en la contratación de estos socorristas, la Embajada de Perú en Madrid anunció este miércoles que ha pedido a las autoridades peruanas que abran de manera “urgente” una investigación sobre “la presunta explotación y fraude” en la contratación de socorristas en España.

El mismo empresario que acudió a la Inspección de Trabajo para denunciar la explotación de peruanos sin contrato, también comunicó un fraude a la Consejería de Sanidad, que regula la formación necesaria para prestar servicios como socorrista. Según consta en la denuncia, una de las 35 empresas habilitadas por la Comunidad para impartir cursos profesionales de socorrismo, estaba expidiendo diplomas sin exigir siquiera que el candidato fuese presencialmente a la piscina. Esta empresa, según ha contado el empresario, da títulos a cualquier persona que los pague, independientemente de sus habilidades y su condición física. Un portavoz de la consejería explica que se ha conminado a la empresa hasta en dos ocasiones para hacer una auditoria, pero esta no la ha facilitado. “Se volverá a hacer un nuevo requerimiento y si no lo acepta se les revocará la habilitación”, advierte. El portavoz también mantiene que se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía “varias” irregularidades, sin precisar el número y el motivo.

La presencia de socorristas con formación deficiente en las piscinas, la falsificación de títulos o su venta sin exigir las pruebas necesarias es una constante en las denuncias recibidas por EL PAÍS en los últimos días. No es algo nuevo, pero hasta el año pasado el problema principal que se veía en Madrid es que las autoridades no lograban verificar la veracidad y la calidad de los títulos extranjeros. Por eso, en septiembre de 2021 el Gobierno regional cambió la ley y eliminó la posibilidad de homologar títulos de fuera, lo que obliga a todo aquel que quiera ejercer como socorrista a titularse en las escuelas habilitadas de la comunidad. Con el cambio legislativo también se acabó con el registro de socorristas profesionales, por lo que ahora las autoridades desconocen quiénes están trabajando en las piscinas madrileñas. Es la empresa que contrata quien debe exigir el título correspondiente. Para la Comunidad, la nueva ley trajo más control en la formación, pero para las asociaciones de socorristas y los empresarios, la medida ha generado nuevos problemas, entre ellos, la falsificación.

Algunas de las empresas habilitadas para formar socorristas cuentan con rentables acuerdos con captadores en Perú que les traen cientos de personas que necesitarán formarse para ejercer en Madrid. El nivel de muchos de ellos, según cuentan veteranas fuentes de sector, es bajo por la formación que reciben en su país, por lo que, una vez en España, se ven con problemas para superar las pruebas. Pero las empresas que se ocupan de las piscinas de las comunidades de vecinos ya los han contratado para poder traerlos y la temporada se echa encima, así que en esos casos, se repiten algunas artimañas: o se les aprueba aun sin haber superado las pruebas o, directamente, se les envía un título de un curso que ni siquiera han hecho. También hay un mercadeo de falsificación de títulos de escuelas que no necesariamente están incumpliendo, pero pierden el control del uso que se hace de sus diplomas. Es un negocio de miles de euros porque cada curso cuesta en torno a los 200 euros.

La última denuncia llegó a la comisaría de Alcobendas. El empresario, que se pasó el mes de agosto dispuesto a destapar el negocio ilícito de sus pares, contó a la Policía que había descubierto que un peruano ejercía como socorrista con un título de su escuela. Este hombre, según recoge la denuncia, nunca había hecho el curso con él. El diploma era falso y no contaba con la firma digital que corresponde al documento. Según fuentes policiales, esta tampoco fue la primera, ni la última, denuncia referente a irregularidades en el socorrismo que llegó a las comisarías este verano.

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