Interior no encuentra empresas de jardinería para destruir las plantaciones de marihuana de Madrid

El Ministerio del Interior ha declarado desierto, tras no recibir ninguna oferta, el concurso público puesto en marcha el pasado enero para contratar una empresa de jardinería que colaborase con la Policía Nacional y la Guardia Civil en el desmantelamiento de las grandes plantaciones de marihuana que se localicen en la Comunidad de Madrid y las provincias limítrofes, según se recoge en la documentación del concurso. La licitación lanzada por el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska incluía otras tres lotes para otras tantas zonas geográficas en España (Granada, Almería y Murcia, y Cataluña), para las que sí se presentaron varias ofertas y que ya han sido adjudicados. El último, oficializado este lunes. El contrato de Madrid estaba valorado en 24.200 euros, IVA incluido, para un año y era el de menor importe de los cuatro. El trabajo, por tanto, tendrán que seguir realizándolo en este caso los agentes, como hasta ahora.

Interior tomó la decisión de contratar empresas de jardinerías para desmantelar grandes plantaciones ―las que cuentan con más de 10.000 plantas― tras constatar el exponencial aumento de las incautaciones de plantas de cannabis en los últimos años: en 2021, las fuerzas de seguridad han intervenido más de tres millones, lo que supone un incremento próximo al 100% respecto al año anterior, en el que fueron 1,7 millones, y sitúa a España a la cabeza de la producción de esta droga en Europa. En 2020, Madrid fue la sexta provincia con más volumen de marihuana incautada, según refleja el anuario estadístico del ministerio. Hasta ahora, sin embargo, Interior había apostado por la compra de máquinas destructoras de biomasa (desde 2017 ha adquirido hasta un total de 42 en tres contratos) para hacer frente a los problemas que ocasionaba, tanto de seguridad como de salubridad, la cada vez mayor acumulación de estas plantas tanto en almacenes policiales hasta que el juez decidía su destrucción. Sin embargo, estas se han demostrado insuficientes ante el creciente volumen de incautaciones.

Según destacaba Interior en el pliego del concurso, “en el caso de pequeñas plantaciones, eran los propios agentes los encargados de desmantelar las plantaciones, pero en el caso de las grandes plantaciones se veían imposibilitados para desarrollar dicha actividad” por la falta de preparación y maquinaria. A veces se encontraban con “plantones de escasos centímetros”, pero en otras, con “árboles de cerca de dos metros”, añadía este documento, que recalcaba que dedicar el esfuerzo de las fuerzas de seguridad a estas funciones “absorbería el tiempo de las plantillas policiales en detrimento de la realización de los servicios de seguridad asignados legalmente”. Por ello, concluía que se hacía imprescindible “la contratación de empresas del sector privado que con sus conocimientos y medios técnicos estén en disposición de desarrollar estos trabajos”.

El departamento de Grande-Marlaska ha pedido a las empresas adjudicatarias que, antes de arrancar las plantas, colaboren con la policía “en la extracción de muestras y su conservación en cajas de cartón para evitar su putrefacción” para que sirvan de prueba ante la autoridad judicial. Posteriormente, deben encargarse de arrancar las plantas y, si el juez ha ordenado su conservación, de triturarlas, compactarlas y guardarlas en sacas de plástico o cajas hasta que se determine su destrucción. Todo ello, siempre bajo la supervisión de la policía, de la que recibirán instrucciones, sobre todo en “cuestiones relacionadas con la seguridad”. Interior ha incluido también en el contrato una cláusula de confidencialidad para que las empresas adjudicatarias y sus empleados no faciliten información “a terceras personas”.

Con estas premisas, el ministerio dividió el contrato en cuatro lotes para otras tantas zonas geográficas en atención a las de mayor número de aprehensiones. El primer lote correspondía a la provincia de Granada, en la que Interior ha presupuestado invertir 60.500 euros, más de un tercio del total del contrato. Le seguían por cuantía los lotes correspondientes a las provincias de Almería y Murcia (42.350 euros) y Cataluña (36.300). Madrid y provincias limítrofes, con 24.200 euros, era el de menor importe. En todos los casos, las empresas adjudicatarias recibirán un fijo de hasta 250 euros por plantación desmantela para costes de transporte y material, a los que se sumarán hasta un máximo de 25 euros por empleado y hora, cantidad que se incrementa un 25% si el trabajo se desarrolla en sábado, domingo o festivo. Con estos importes, los tres primeros lotes fueron adjudicados tras presentarse, en el caso de Almería y Murcia, cinco ofertas; cuatro al de Granada y tres al de Cataluña. El concurso de Madrid ha sido el único que ha quedado desierto “al no existir ninguna oferta o proposición que sea admisible”. La próxima licitación no está prevista hasta dentro de un año, cuando venzan las adjudicaciones actuales.

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