La Comunidad de Madrid oculta las ofertas de mascarillas que recibió en lo peor de la pandemia

La Comunidad de Madrid hizo cientos de compras sanitarias a dedo en lo peor de la primera ola de la pandemia de coronavirus, entre ellas un contrato de mascarillas por 1,5 millones de euros que benefició al hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción. Todas las administraciones de España seleccionaron discrecionalmente a contratistas de emergencia durante aquellas semanas de marzo y abril de 2020, y en el caso de Madrid conocer los criterios de selección del Ejecutivo contribuiría a esclarecer los hechos que afectan al familiar de la líder autonómica. Sin embargo, su Gobierno ha ocultado esas solicitudes a este periódico en una respuesta a una petición formulada por los cauces de la Ley de Transparencia.

Las compras sanitarias en Madrid las hizo el jefe de la asistencia médica en el Servicio Madrileño de Salud, Manuel de la Puente, una persona a quien Tomás Díaz Ayuso, un comercial de productos sanitarios, ya le había vendido antes de la pandemia. Durante la primera ola, De la Puente y su secretaria, Teresa Requejo, excompañera de trabajo del hermano de la presidenta, recibieron cientos de ofertas sanitarias por correo y por teléfono.

Con el fin de conocer cuántas y cuáles de esas ofertas fueron tenidas en consideración y concluyeron en un contrato, EL PAÍS había pedido a la Consejería de Sanidad una lista de todas las recibidas durante los meses de marzo y abril de 2020. Sin embargo, la respuesta que ha dado a este periódico la Consejería viene firmada por un órgano que no tuvo nada que ver con las compras, la Dirección General de Salud Pública, en lugar del que sí se encargó de ese cometido, la Dirección General del Proceso Integrado de Salud que comanda De la Puente. De ese modo, el departamento de Salud Pública esquiva la pregunta de este periódico escudándose en que allí no se presentó ninguna oferta. La respuesta dice textualmente: “Informarle que una vez consultadas nuestras bases de datos y archivo, no consta que por este Centro Directivo se solicitaran y, en consecuencia, se recibieran ofertas para la adquisición de material sanitario de protección en el contexto de la lucha contra la pandemia de covid-19, durante los meses de marzo y abril de 2020″

Cuando estalló la pandemia, los proveedores sanitarios habituales de las administraciones y otros oportunistas que buscaban enriquecerse se movieron rápido para contactar a las personas encargadas de las compras de material de protección (EPIs), presentándoles ofertas de productos que en aquellos días solo estaban disponibles en Asia. Pero esas propuestas no se han hecho públicas ya que la ley de Contratos del Sector Público no especifica que las Administraciones estén obligadas a hacerlo. Se trata de miles de compras de ayuntamientos, autonomías y el Gobierno central. Solo la Comunidad de Madrid hizo 4.448 contratos de emergencia en 2020.

Esto no significa que las administraciones no conserven esos documentos que están en el origen de las compras. Precisamente, EL PAÍS publicó en marzo la oferta de compraventa en la que participó Tomás Díaz Ayuso. Fue hecha por la empresa de ropa de su amigo Daniel Alcázar, Priviet Sportive SL. “Muy señores nuestros. Por medio de la presente, nos complace hacerles la siguiente oferta”, dice el escrito sin firma del 28 de marzo de 2020, que pasa a describir el producto, precio, plazo, forma de pago y datos de facturación. Este periódico obtuvo esa oferta gracias a una solicitud de acceso a la información pública de la Ley de Transparencia. La propuesta de adjudicación fue firmada por De la Puente el 1 de abril: 250.000 mascarillas por 1,5 millones de euros.

Esta compra está siendo investigada por la Fiscalía Anticorrupción -por posible tráfico de influencias, falsedad en la factura emitida por Tomás Díaz Ayuso, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios- y por la Fiscalía de la Unión Europea -por posible malversación de fondos comunitarios, los empleados en esa compra-. Según publicó la semana pasada el diario El Mundo, la Fiscalía Anticorrupción interrogó al hermano de la presidenta el 6 de abril. Por su parte, la Fiscalía Europea ya ha tomado declaración al amigo, Daniel Alcázar.

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