Un alto cargo de Almeida, sobre el espionaje a Ayuso: “Sí se ha podido hablar con un detective, pero no pagarlo”

Silencio. Un runrún con ruido de cámaras y flashes comienza en el salón de actos del Ayuntamiento de Madrid:

―Ruego a los servicios de la sala que llamen al compareciente.

La comisión de investigación sobre el intento de espionaje a Isabel Díaz Ayuso ―supuestamente a través de dos empresas públicas del Ayuntamiento de Madrid― ha comenzado este lunes en la capital. ¿Ha acudido la presidenta madrileña tal y como estaba previsto? No. No ha querido. ¿Los exministros del PP Rafael Catalá y Alberto Ruiz Gallardón? Tampoco. ¿El todavía presidente los populares, Pablo Casado? No. ¿El ministro de Presidencia, Félix Bolaños? No. ¿Y Diego Lozano, consejero de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS)? Sí, el único. Con cinco grandes ausencias y la asistencia de un alto cargo popular del Ayuntamiento, ha dado comienzo la primera sesión de la comisión de investigación que dilucidará si se ha malversado dinero público a la hora de intentar espiar a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

―Tiene la palabra el señor Lozano.

―No voy a usar mi turno. Mi objetivo es despejar las dudas. Estoy a disposición de los portavoces para que pregunten lo que quieran.

Lozano, durante la hora larga que ha durado su intervención, ha defendido que los controles internos impidieron contratar una agencia de detectives. Dentro de la EMVS, ha admitido, “se ha podido hablar con un detective [para intentar investigar a la presidenta a Ayuso], pero no pagarlo”.

La comisión ha empezado con el turno de José Manuel Calvo, portavoz del Grupo Mixto, que activó así su micrófono: “¿Cuándo tuvo noticias del espionaje?, ¿qué hizo?, ¿por qué no informó al resto del Consejo de Administración de la EMVS, donde están el resto de grupos políticos?”.

Lozano dijo que se enteró de esta información el 12 de enero de 2022, después de un comité de dirección de la empresa, donde se encontraba el gerente, el jefe de comunicación de la EMVS y el concejal de Vivienda, Álvaro González, (PP). Al acabar, ha contado, el delegado de Movilidad y hombre de máxima confianza del alcalde Almeida, Borja Carabante, les pidió, tanto al jefe de prensa como a él mismo, que se quedaran un momento en la sala. Que existía un “rumor” que afectaba al área de comunicación. “Nos dijo que si habríamos contactado con un detective y que si habríamos contactado estos servicios”, ha relatado Lozano, que ha añadido después que esto no era posible porque la empresa tiene una serie de controles internos sobre los contratos. ¿Por qué no avisó al resto de miembros del consejo de la EMVS? “No avisé porque esto es una conversación que mantengo con el presidente de la empresa”, ha contestado. “Yo no puedo llevar al consejo todas las conversaciones que tengo con los consejeros”.

Más tarde, ha continuado: “A mí no me habían preguntado nunca por un espionaje sobre Ayuso, no es lo habitual”.

David Fernández era entonces el jefe de comunicación de la EMVS. Hace unas semanas se marchó del Ayuntamiento. Es el segundo cargo que ha dimitido tras la marcha de Ángel Carromero, hasta hace una semanas director general de la Coordinación de la Alcaldía del Madrid. El portavoz del Grupo Mixto continuó:

―¿Conoce usted a Carromero?

— Sí, llevo más de 20 años afiliado en el PP, pero no he hablado con él por teléfono en los últimos años. En este mandato no he tenido contacto con él.

Minutos después, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, quiso saber los motivos por los que fue Borja Carabante, edil de Medio Ambiente y Movilidad (PP) quien le informó del supuesto espionaje.

— ¿Qué le dice?

—Lo que me dice es que hay un rumor de que se ha contactado con una empresa de detectives del grupo Mira.

— ¿Se tienen que acreditar todas las personas que acceden a la EMVS?

—Si vienen con los consejeros, no.

―¿Con quién habló después?

―Con nadie.

— ¿Seguro?

—Sí.

―¿Y este WhatsApp [muestra un folio con un pantallazo] que envió a una directora?

Lozano hace un silencio. “Lo que yo envío ahí es la noticia de cuando salta la información, en febrero”, contesta. Minutos después, toma la palabra el delegado de Urbanismo, Mariano Fuentes, de Ciudadanos. Fuentes, socio de Gobierno y vicepresidente de la EMVS, se enteró por la prensa de este caso. Visiblemente molesto, activó su micrófono con fiereza: “¿Cuándo tuvo conocimiento?”, pregunta. “El 16 de febrero”, respondió el ponente. Fuentes terció. Fue con todo: “El alcalde ha dicho que se lleva investigando dos meses y usted dice aquí que solo se investigó un mes”. Lozano guarda silencio, de nuevo. Y lanza: “Yo no he hecho ninguna investigación. No se ha pagado con dinero público nada [...] Yo sé que eso no lo he encontrado. ¿Alguien de la EMVS ha podido hablar con un detective? Sí, pero no se podría pagar con dinero de la empresa”. ¿Le consta que alguien maniobrara para que no saliera a la luz? “No”.

El PP preguntó después por los procesos de contratación. “No se puede hacer”. ¿Y si se hubiera intentado hacerlo hubiera sido posible? “Si hubiera intentado contratar no hubiera pasado de su primer control. No hubiera pasado nunca. Los pagos en la EMVS están muy controlados. Las facturas pasan cuatro controles”. Más Madrid preguntó quién le había propuesto para el consejo de la EMVS: “El alcalde daría el visto bueno. Tengo una buena relación con él”.

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