Almeida mantiene los carteles contra el aborto: “Madrid se caracteriza por su libertad”

Todo comenzó a principios de semana. El pasado martes, la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) lanzó en España una campaña de publicidad en 33 ciudades, entre las que se incluye la capital de España. Los carteles, que están visibles en estaciones de Metro de Madrid como las de Ópera, en pleno centro, o en diferentes marquesinas de autobuses, dicen lo siguiente: “Rezar frente a las clínicas abortistas está genial. Este mensaje podría ser cancelado por la inminente reforma de la ley del aborto”. Como suele suceder con estos anuncios provocativos, el mensaje alcanzó mayor impacto tras difundirse en redes sociales por decenas de usuarios anónimos, que se mostraban sorprendidos por la aparición de este tipo de carteles en el metro de la capital.

Inmediatamente, la portavoz del PSOE en la capital, Mar Espinar, pidió a través de una carta al propio Almeida que retirara de las calles estos carteles. “Creo que todos debemos saber que, cuando una mujer interrumpe de forma voluntaria su embarazo, lo hace después de haberlo meditado. Entiendo que haya un sector ultraconservador que tenga la necesidad de rezar, pero les pediría más respeto, que no lo hagan delante de las clínicas. Estas decisiones no son nunca fáciles y se toman en soledad”. La respuesta del alcalde ha llegado este viernes mediante otra carta. “Madrid es una ciudad que se caracteriza por su alto grado de tolerancia y libertad, y esta libertad, como no puede ser de otra manera, es un camino de doble sentido”, señala Almeida.

“El ejercicio de estos derechos”, continúa, “no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. A este Ayuntamiento no le compete juzgar si la opinión que defiende el anunciante es moralmente reprochable o deseable, sino si los madrileños que defienden una postura semejante tienen derecho a poder expresarla en libertad, tal y como la Constitución les concede”.

La Asociación Católica de Propagandistas ha encargado la difusión de estos carteles a la empresa publicitaria francesa JCDecaux, conocida especialmente por el uso de soportes como vallas publicitarias, opis o marquesinas de paradas de autobús. Esta empresa no ha querido contestar a ninguna de las preguntas de este periódico.

La polémica de estos carteles ha ido en aumento durante toda la semana. Los Ayuntamientos de Valencia y Vitoria, por ejemplo, ya los han retirado. La posición de Almeida, que también es portavoz nacional del PP, es la de derogar la actual ley del aborto para volver a la de 1985, tal y como confeso en su última entrevista con EL PAÍS el pasado septiembre. “Respeto el marco legal que hay en España, aunque a mí me gustaba más la ley del 85 [que lo permitía con tres supuestos: riesgo grave para la salud de la mujer, violación o malformación en el feto].”, dijo.

Los antiabortistas, como publicó este periódico en noviembre, se siguen agolpando en estas clínicas. La consigna siempre es la misma: tratar de interrumpir el paso de las mujeres que acuden a las clínicas con la excusa de repartir un folleto informativo, bombardearla a preguntas: ¿Cómo te llamas?, ¿a qué vienes?, ¿vas a abortar?, ¿qué necesitas para no abortar?, ¿estás segura de lo que vas a hacer? Si la mujer intenta esquivarles darán dos pasos, sea a derecha a izquierda, para impedirlo. El baile puede prolongarse durante un rato que a las mujeres se les hace eterno.

El éxito de quienes lo intentan impedir comienza cuando una mujer acosada se derrumba, cuando se deja guiar hasta la ambulancia, estratégicamente aparcada a escasos metros. Allí les harán una ecografía para mostrarles la imagen de su hijo y uno de los antiabortistas les invitará a tomar un café para hablar con ellas de su situación. Unas pocas, confiando en el médico que tienen delante, olvidarán que las clínicas les piden siempre que acudan a hacerse la intervención en ayunas. Una vez tomado ese café, misión cumplida para los antiabortistas: ese día ya no podrán abortar.

En un intento por frenar el acoso, el Congreso de los Diputados aceptó en noviembre tomar en consideración un cambio en el Código Penal para incluir como delito penado con hasta un año de cárcel la actividad a quienes “hostiguen o coarten la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”. El plan del Ministerio de Igualdad prevé regular la objeción de conciencia y garantizar el acceso al aborto en hospitales públicos en todo el territorio, además de eliminar el requisito del permiso de los progenitores para menores de 16 y 17 años. Este es el origen de la campaña que sigue aún vigente en la capital de España.

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