La Comunidad de Madrid contraviene la ley de la infancia al ofrecer formación en el síndrome de alienación parental

El Plan de Formación para Empleados Públicos de la Comunidad de Madrid para 2022, publicado este martes en el boletín regional, recoge la posibilidad de estudiar una “introducción teórica al concepto de síndrome de alienación parental [SAP] y su evolución en el tiempo”. La tesis de que la manipulación de los hijos por uno de los progenitores en contra del otro puede llevar a los niños a rechazar a este último ha sido desacreditada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que descartan su existencia como patología. Además, la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia recoge específicamente la prohibición de que se tome en consideración este planteamiento, como recuerda Beatriz Gimeno, diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid. La Comunidad atribuye la oferta formativa a un error administrativo, y avanza que se va a retirar la oferta de manera inmediata, como ya se hizo en 2020 (no se programó para 2021).

“Desde Podemos nos parece de una gravedad extraordinaria el uso ideológico de un instrumento que está desacreditado por todos los expertos que trabajan con menores y con víctimas de violencia de género”, explica Gimeno. “Es una herramienta que se viene usando para tapar los casos de abuso sexual a los menores que se puedan dar dentro de la familia, y para castigar a las madres que los denuncian”, añade. “Esto ha sido reconocido así por distintos expertos de Naciones Unidas. Y además, el uso del SAP está prohibido por la ley de infancia, por lo que enseñarlo podría considerarse ilegal. Haremos todo lo posible para que sea excluido de este plan de formación”.

El estadounidense Richard Gardner teorizó el SAP en 1985, y lo describió como la manipulación de un niño por parte de uno de los progenitores con el objetivo de que se vuelva en contra del otro y rechace todo contacto con este. No está reconocido ni por la Organización Mundial de la Salud ni por la Asociación Americana de Psiquiatría, y la Asociación Americana de Psicología considera que no existe evidencia científica que lo sostenga. El presidente del Comité de Derechos del Niño de la ONU, Luis Pedernera, también ha urgido a ponerle coto. Algo que intenta la nueva ley de protección de infancia, que no deja deja margen a la interpretación.

“Los poderes públicos tomarán las medidas necesarias para impedir que planteamientos teóricos o criterios sin aval científico que presuman interferencia o manipulación adulta, como el llamado síndrome de alienación parental, puedan ser tomados en consideración”, explicita el texto legal.

Según publicó El Español, el Gobierno regional subvenciona desde 2018 a una fundación que defiende la existencia del SAP para que actúe como Servicio de Intervención del Coordinador Parental en procesos judiciales de divorcio o custodia de los hijos.

La Comunidad, explica un portavoz, ya observó un 2020 que existía una contradicción entre el deber que marca la ley para que forme a sus especialistas, y el mandato de impedir que se tome en consideración el síndrome de alienación parental. Por eso, retiró entonces un curso similar al que oferta ahora, y cuya reaparición atribuye a un error administrativo al mezclarse archivos de la oferta formativa antigua con la nueva.

“El curso será retirado. Es un error”, ha resumido el portavoz gubernamental, Enrique Ossorio, durante la rueda de prensa que ha seguido a la reunión del consejo de gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

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