La Comunidad de Madrid suspende las oposiciones a bombero tras admitir la reclamación de dos aspirantes eliminados

La Comunidad de Madrid ha decidido paralizar las oposiciones a bombero. Es una buena noticia para Antonio Cañadas y Alex Díaz, dos aspirantes de 37 y 28 años, que se quedaron fuera de la carrera el pasado octubre por un error de forma de su certificado médico. La mejor noticia de todas, de hecho. Para los demás candidatos, sin embargo, la peor. Continúa la polémica, con el futuro de 298 aspirantes en el aire cuando quedaban escasos metros para llegar a meta.

Este viernes, el día después de Reyes, llegó lo que tanto habían pedido Antonio y Alex: que su recurso de alzada no solo fuera admitido a trámite, sino que Función Pública, que depende de la Consejería de Hacienda del Gobierno regional, les diera la razón. Y lo hizo. Suspendió los exámenes que estaban programados entre el 11 y el 21 de enero, una semana y media en la que se iba a celebrar la tercera y última parte de unas oposiciones destinadas a adjudicar 150 plazas de bombero a las que se han presentado 2.000 personas.

La alegría, en todo caso, va por barrios. Mientras Antonio y Alex celebraban ayer que podrían reengancharse a unas pruebas que el tribunal les había negado por presentar un certificado sellado por la clínica y el médico, pero no firmado, un grupo de candidatos reaccionó ante la noticia con la convocatoria de una movilización contra la suspensión. El día en cuestión: el lunes que viene, 10 de enero, en Las Rozas. Allí se reunirán para protestar porque se consideran víctimas colaterales de una decisión, la del tribunal examinador, que no solo perjudicó en su día a los dos candidatos que se quedaron fuera de los exámenes, sino ahora a ellos, que llevan desde el 3 de julio pasado pasando unas pruebas duras y exigentes que han ocupado su vida, y sus noches, al completo. Además de los años previos de estudios. Todo queda ahora en suspenso.

La bomba explotó con una escueta nota firmada por la secretaria del tribunal, Guadalupe García, en la que anunciaba que las oposiciones quedaban paralizadas “hasta nueva fecha, que se comunicará oportunamente”. Nada se sabe de cómo perjudicará eso a los que han llegado a la fase final, 298 personas que habían superado las pruebas teóricas y las físicas.

“La concentración la han organizado los propios chavales, pero no es para nada en contra de los dos que reclamaron, más bien en contra del tribunal y por el retraso”, matiza Rubén Montero, portavoz del sindicato de bomberos CSIT Unión Profesional, que ha estado apoyando a los dos candidatos expulsados durante todo este tiempo y pensaba que ya, a estas alturas, no conseguirían nada.

Antonio y Alex llevaban meses peleando con múltiples altibajos emocionales para seguir dentro de la carrera, porque entendían que el error por el que se habían quedado fuera no había sido culpa de ellos y, sobre todo, “porque era subsanable”, un elemento fundamental para el derecho administrativo en el que tanto incidió Carmen Fernández Hinojosa, abogada del despacho Medina Morales y Asociados y asesora del sindicato de Bomberos y la Asociación Profesional Movimiento de Bomberos (Mobom).

“Estaba ya medio deprimido, pero hoy [por este viernes] me he levantado con el móvil que echaba humo y no me lo podía creer”, dijo Antonio nada más recibir la resolución. Su cabeza no había parado de retroceder una y otra vez al 25 de octubre. En aquel momento se presentaba a la segunda parte de las oposiciones con la mejor de las sensaciones, porque la primera parte le había salido bastante bien, había conseguido el número 96 (de 2.000) y estaba más que en forma para encarar las pruebas físicas exigentes. Llevaba más de un año preparándose para conseguir las mejores marcas en tres pruebas de atletismo (60, 300 y 2.000 metros), un ejercicio de press de banca (55 repeticiones de pesas con 40 kilos), otro de cuerda y otro de natación (50 metros). “Llegaba sin problemas”, admitía. Pero justo en el momento de entregar el certificado médico que debía presentar, le echaron para atrás. Había ido a una clínica y le habían sellado el papel junto al número de colegiado del doctor, pero no le pusieron el garabato pertinente.

A Alex le pasó exactamente lo mismo poco después. También llegaba en buena forma. Y también con un número casi inmejorable, el 16 de 2.000, una posición que le había empujado a dejar su trabajo en una tienda de ropa, porque pensaba que, salvo una fatalidad de última hora, era muy probable que una de las 150 plazas que se disputaban iba a ser suya.

La fatalidad se tradujo en aquella decisión inamovible del tribunal. Antonio y Alex pusieron tres reclamaciones, incluso sus médicos se prestaron a firmar allí mismo el certificado, porque entendían que el fallo no era de los opositores, pero los 10 miembros examinadores se mostraron inflexibles. Los dos candidatos presentaron entonces un recurso de alzada, que el tribunal también desestimó, hasta que Función Pública ha afeado por fin la decisión de los examinadores, “porque el error de forma era subsanable”.

Fuentes de la Comunidad de Madrid insisten en que el tribunal de las oposiciones “tiene soberanía total y absoluta en las decisiones en torno a las pruebas y función pública es el único ente con capacidad para cambiar alguna decisión del mismo, pero solo si se produce una reclamación o activación judicial ante dicha reclamación”. Una vez tomada la decisión por parte de Funcion Publica, ahora será el propio tribunal de la oposición quien marcará la pauta de cómo y cuándo se realizan las siguientes pruebas. Ningún otro organismo de la Administración toma decisiones al respecto.

El lío, en todo caso, está montado. Ahora queda saber cómo y cuándo se desenreda la madeja.

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