La Casa del Cura decide quedarse y no entregar las llaves

Los vecinos de la Casa del Cura tienen el tiempo contado. Este viernes era el último día útil para entregar las llaves y dejar de forma voluntaria el edificio en el número 1 de la Plaza del Dos de Mayo, en el barrio de Malasaña, que en estos años ha sido una casa —de formas muy distintas— para mucha gente. Ahora el Ayuntamiento ha decidido desalojarlos, tras haberle revocado la concesión para reconvertir el inmueble en un centro de servicios sociales.

La Casa del Cura ha decidido celebrar el último día de legalidad que le queda con música y bailes en la plaza. Ha participado en la celebración incluso Paloma Pujol, bicampeona de España de fútbol freestyle. Vive a menos de 200 metros del sitio que le permitió ganar los últimos dos mundiales de footbag (deporte que consiste en tocar una pelota rellena de semillas o arena con los pies sin dejar que caiga al suelo). “En la Casa del Cura me han permitido entrenar y grabar los vídeos que presenté para los mundiales, que se celebraron de forma telemática”, relata mientras se calienta para exhibirse delante de los vecinos que han acudido a la convocatoria de Haciendo Barrio, el proyecto que agrupa a las 38 asociaciones que ocupan el edificio.

La Casa del Cura tiene las llaves del edificio desde abril de 2019, tras ganar una convocatoria del Ayuntamiento que les adjudicó el uso del sitio hasta 2023. Sin embargo, con el cambio de guardia en Cibeles y la guerra a los “chiringuitos de Carmena” emprendida por la Administración de Almeida, empezaron las trabas, según denuncia la junta de la plataforma. Primero tuvieron problemas con el suministro de la luz, luego con las obras del edificio, la instalación del ascensor y finalmente la posible revoca de la cesión.

El punto de no retorno para los vecinos de la Casa del Cura se remonta al 19 de junio de 2020, día que se iba a celebrar la reunión con el concejal del distrito Centro, José Fermández Sánchez (PP), para decidir el futuro del espacio. “Antes de que empezara la reunión, leímos en un periódico que habían decidido revocar la cesión”, recuerda consternada Inma Castro, abogada y miembro de la junta de Haciendo Barrio. “La reunión no se había ni celebrado, y ya habían decidido que hacer”.

El plan del Ayuntamiento es reconvertir el inmueble en un centro de servicios sociales. Cuando revocaron la cesión, la asociación interpuso un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 10, solicitando medidas cautelares para evitar el desalojo antes de que falle la sentencia. La situación se volvió a complicar en marzo de 2021, cuando el Tribunal Superior de Madrid avaló el recurso del Ayuntamiento y denegó las medidas cautelares, obligando a los vecinos a dejar el edificio en noviembre.

Esta construcción de cuatro plantas, con la fachada naranja coronada por una bandera arcoíris, ha acogido en los últimos tres años grupos de teatros, coros, scouts, asambleas de vecinos, consultas psicológicas, clases de español para inmigrantes y refugiados y una despensa solidaria. “Empezó como una iniciativa temporal durante el confinamiento, pero se ha convertido en una necesidad”, reconoce Jaime López, un voluntario de la despensa y vecino del barrio. Si pierden este espacio, las 90 familias que acuden dos jueves al mes para recoger la “compra” no tendrán que comer.

En guerra contra las asociaciones vecinales

No es la primera vez que una asociación vecinal se encuentra en esta situación. La administración de Almeida ha demostrado en más de una ocasión no querer promocionar los espacios de participación ciudadana, que en la mayoría de los casos surgieron en los cuatro años que Manuela Carmena estuvo en Cibeles. En noviembre de 2019 —solo cinco meses después del comienzo de la legislatura de los populares— los vecinos del barrio de La Guindalera, en el distrito de Salamanca, dejaron La Gasolinera, un espacio que desde el 2016 albergaba un huerto urbano y numerosas actividades culturales.

Fue solo el primero de muchos. Le siguieron La Salamandra, en el antiguo colegio Antonio Gil Alberdi de Moratalaz, cuyos vecinos fueron desalojados en diciembre del mismo año; la Asociación Vecinal de Las Tablas, en el distrito de Fuencarral-El Pardo, que disfrutaba de un espacio en cesión demanial desde 2013, cuando era alcaldesa la popular Ana María Botella, y el Espacio Vecinal de Arganzuela, que entregó las llaves del Mercado de Frutas de Legazpi en febrero de 2021. Desde hace ocho meses se resiste en Chamberí la Casa de Cultura, que decidió no abandonar el local de Bravo Murillo y luchar en los tribunales una prórroga de la cesión de las instalaciones que había sido negada por el Ayuntamiento.

La Casa del Cura también ha decidido resistir. “La sentencia sobre el recurso para la revocación de la cesión está próxima, no entendemos cuál es el problema en quedarnos hasta que se dicte, no van a hacer nada en un mes. Posiblemente, no van a hacer nada nunca, como pasó con todos los otros centros vecinales que han pasado por esto”, reconoce Castro. Vicente Gómez, presidente de la asociación Esto es Pez, no tiene dudas sobre las intenciones del Ayuntamiento: “Sabemos que si dejamos las llaves y luego el tribunal nos da la razón, nunca nos van a permitir volver”. Aseguran que en el caso de que la sentencia no les sea favorable, dejarán el inmueble sin oponer resistencia, ni recurrir.

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