Le toca el turno a Moratalaz: expulsión de los vecinos de La Salamandra

Olía a pintura en el antiguo centro educativo Antonio Gil Alberdi el lunes pasado y aquello no auguraba nada bueno. Tras el cambio de cerradura en agosto, tocó limpiar las paredes de murales y dibujos que aquel “nido de rojos peligrosos” había dejado.

—No nos lo creíamos. Cuando nos lo dijeron, salimos corriendo para verlo y ya estaban cubriéndolo todo de blanco. Pero nos echaron enseguida. Ya no somos bienvenidos.

Lo cuenta Ana María García, una psicóloga jubilada de 68 años que reconoce que entre el grupo de esos vecinos rojos peligrosos, como les adjetivaron miembros del PP en la Junta de Distrito en la pasada legislatura, crece el “desánimo” y el “decaimiento”. Ella forma parte de la asociación vecinal La Salamandra y con ella llegó y trabajó hasta caer rendida para acondicionar aquel colegio de Moratalaz de 2.117 metros cuadrados construido en un solar de 4.024 que llevaba años abandonado. El lavado de cara, del que participó la propia Junta, sirvió para convertirlo en un espacio abierto, cultural, social y donde no hubiera ningún tipo de intercambio económico. “Pero no somos okupas”, se apresura a aclarar.

Ese detalle es importante porque es el eje de un conflicto político con varias vertientes. Llegaron allí “de una forma legal”, es decir, bajo un acuerdo verbal con el anterior equipo de Gobierno de Ahora Madrid. Lo acreditan correos electrónicos, las actas de los plenos de las juntas de Distrito y el diálogo fluido que reinó desde abril de 2015 a junio de 2019. Fueron años de bonanza vecinal. De talleres, clases de taichi, encuentros literarios o el cuidado del huerto. Los vecinos organizaban actividades y tejían redes sociales.

Pero con el nuevo Gobierno, todo cambió. Igual que pasó con La Gasolinera, en el barrio de la Guindalera, o con La Dragona en Ventas, las normas estrictas volvieron a imponerse y el acuerdo verbal anterior se diluyó. “La anterior corporación municipal permitió la utilización del colegio sin documento de cesión que avalase dicho uso”, defienden desde la Junta de Distrito. “No es verdad. No había un contrato, pero entraban con la autorización del dueño y se puede acreditar. En eso consiste el acuerdo verbal, y si se rompe se puede denunciar”, explica el abogado Antonio Segura.

Los vecinos, con ánimo de llegar a un acuerdo, se reunieron con la nueva concejala, Almudena Maíllo (PP), que les instó a que elaboraran y mandaran un proyecto. Pero, para sorpresa de todos, se quedó en el camino. “Hace unos días, la Comunidad emitió varios informes en respuesta a las solicitudes de cesión temporal recibidas, determinando que va a ser necesaria la ocupación del centro para el desarrollo de actividades docentes y concluyendo con el sentido desfavorable a su cesión temporal”, dicen fuentes del actual equipo del distrito. Consultada la Consejería de Educación, la respuesta fue que “es un espacio que gestiona el Ayuntamiento”.

Los vecinos se quedarán en casa. No habrá actividades. Llega la pintura blanca, que borra toda expresión que no agrada al actual Ayuntamiento.