Del coste cero a pagar 42.000 euros: Madrid financia la recogida de los residuos de las empresas que vacunan

Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, lo presentó en julio como un ejemplo de las virtudes de la colaboración público privada en la lucha contra el coronavirus: varias empresas administrarían vacunas contra la enfermedad como cualquier hospital de la región. El Gobierno autonómico aclaró inmediatamente que las compañías no cobrarían nada, y especificó en una respuesta parlamentaria que actuarían “con sus propios recursos” y que “únicamente” se les proporcionarían las vacunas. Tres meses después, la Comunidad afronta el pago de al menos 41.806,60 euros para garantizar la recogida de los residuos que genera desarrollar la campaña de vacunación en cinco compañías privadas, según documentación a la que accedió EL PAÍS. Al menos porque aunque ese importe es “el máximo” que recoge el contrato, y aunque un portavoz de la Consejería de Sanidad especifica que “el contrato no se ha modificado”, también explica que “se abona por volumen de residuos retirados”. Pero a la repregunta sobre cómo puede tener un máximo si depende de la cantidad de residuos a retirar, no hubo respuesta.

Sí reconoce la Administración que las empresas podrían tener derecho a una compensación económica si así lo quisieran. Como el Ejecutivo ha articulado la integración de las empresas en su sistema de vacunación a través del mecanismo de la puesta a disposición, que recoge una Orden de Sanidad, las cinco compañías podrían tener derecho a esa compensación.

Así se lee en una respuesta gubernamental obtenida por Javier Padilla, diputado de Más Madrid, a través del portal de transparencia: “La puesta a disposición da derecho a ser resarcido, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 tras la tramitación del oportuno procedimiento que se inicia a instancia del perjudicado”.

Aunque el Gobierno autonómico no cree que lo hagan. El mismo portavoz de la Consejería detalla que “la participación de las empresas se ha realizado en el marco de su Responsabilidad Social Corporativa. La formalización de su colaboración se estableció mediante Orden del Consejero de Sanidad y no ha habido ni hay ninguna solicitud de compensación por la actividad desarrollada por ninguna de las cinco”.

“Diferentes empresas han sido incorporadas en los últimos días a la campaña de vacunación frente al COVID-19 organizada desde la Administración de la Comunidad de Madrid, en base a las características de sus instalaciones y medios para realizar la cita y vacunación de población mayor de 30 años”, se explica en el contrato. “La previsión es que se alcancen cifras superiores a las 5.000 dosis semanales en los nuevos puntos de vacunación (actualmente cinco, en una lista de empresas no cerrada)”, se especifica sobre los acuerdos con Acciona, El Corte Inglés, el Grupo Santander, Santa Lucía Seguros, y Europ Assistance Iberia. Y se detalla: “La actividad de vacunación en estos centros ha comenzado el 7 de julio y conlleva la generación de residuos clasificados como peligrosos”.

El coste de su recogida, sin embargo, no correrá a cargo de las compañías. Se sufragará a través de los Presupuestos. A cambio, la adjudicataria se compromete a suministrar los envases y contenedores necesarios, con las correspondientes etiquetas de identificación; y a recogerlos diariamente, entre el 5 de julio y el 4 de noviembre, “en el lugar utilizado por las distintas empresas”.

Nada de eso dijo Díaz Ayuso cuando presentó un acuerdo considerado como la culminación de su apuesta por la colaboración público privada en la gestión de la crisis. Tras privatizar los tests para detectar si los profesores se incorporaban al curso 2020-2021 contagiados; y externalizar parte del dispositivo de vacunación a la Cruz Roja, una organización sin ánimo de lucro, o el almacenamiento de las dosis; la presidenta justificó el acuerdo con las empresas privadas con la necesidad de aumentar el ritmo de vacunación. Pese a ello, dos de los centros se situaron en dos zonas de baja densidad poblacional y difícil acceso, como La Moraleja y la ciudad financiera de Boadilla del Monte, por lo que beneficiaron principalmente a los empleados que trabajaban en esas sedes, y no a la población general.

“Nuestro modelo, reconocido en todo el mundo, ha sido el de hacer compatible la economía y la salud”, defendió la presidenta de la Comunidad a mediados de julio. “Y por eso les anuncio que hemos llegado a un acuerdo con la Fundación CEOE para aumentar el ritmo de vacunación en la región”, añadió.

Desde entonces, pasaron las semanas sin que se conocieran más detalles de cómo se había llegado a ese acuerdo, cuáles eran sus condiciones, o sus costes. Hasta el 13 de septiembre. Ese día, la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, compareció en la Asamblea, y tuvo que responder a las cuestiones que plantearon los representantes de Más Madrid, que ya habían registrado dos preguntas para aclarar los términos de los acuerdos.

“Durante el mes de mayo, varias empresas mostraron su interés en colaborar con el plan operativo de vacunación de la Comunidad de Madrid, y en junio se dio forma a esta colaboración a partir de una reunión que se mantuvo con más de 20 empresas”, explicó. “Creo que es importante, señoría, disipar cualquier sombra de duda de que la participación de las empresas se ha realizado en el marco de su responsabilidad social corporativa”, siguió. Y detalló: “La Consejería de Sanidad les ha suministrado las dosis de vacunas de acuerdo a la planificación establecida, jeringuillas y agujas, exactamente igual que a cualquier otro punto de vacunación de la Comunidad de Madrid que forme parte del plan operativo de la Comunidad de Madrid. Además, desde la dirección general nos encargamos de retirar los residuos sanitarios que generan”.

Según Andradas, a mediados de septiembre esas empresas privadas habían administrado 166.875 dosis de la vacuna. El portavoz de la Consejería actualiza esas cifras: “Al cierre de estos puntos de vacunación poblacional el día 30 de septiembre, las dosis administradas son 182.015″. En Acciona se inocularon 23.319 dosis; en El Corte Inglés fueron 56.983; en el Santander, 57.581; en Iberia inyectaron 23.073; y en Santalucía, 21.059. Cuál será finalmente el importe que tendrá que asumir la Comunidad no ha sido aclarado. Para Andradas, “es un ejemplo de colaboración público-privada a tener en cuenta”. Lo dijo aquel día en la Asamblea, haciéndose eco del discurso de Díaz Ayuso. Y como ella, sin mencionar el coste que tendría para las arcas públicas.

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