La SAREB paraliza el desahucio de 17 familias de Arganzuela

La SAREB ha solicitado pasada la una de la tarde de este martes la paralización del lanzamiento de 17 familias de Arganzuela que viven en un edificio de su propiedad. Y lo ha justificado sobre la base de la vulnerabilidad de nueve inquilinos, tras coordinarse con los servicios sociales municipales. “Se les ofrecerá un alquiler social en el mismo edificio”, explica un portavoz de la entidad. Sobre las dos y media de la tarde, el juzgado ha aceptado la solicitud, por lo que, al ser un único auto, frenará la actuación judicial para todas las familias, aunque el proceso de desahucio para aquellas que no hayan sido declaradas vulnerables seguirá su curso.

Se trata de 50 vecinos, 10 de ellos menores, que viven en la finca de la calle de Cáceres número 7 del distrito de Arganzuela, en Madrid. La inmobiliaria Gir Building Group Corporación, empresa propietaria del edificio, quebró a principios de 2015 y, antes de desaparecer, anunció que dejaría de cobrarles. Un administrador de la entidad, que ocupaba uno de los bajos, recibía el pago en metálico cada mes y emitía los recibos. Este empleado se esfumó sin dejar rastro, y 30 familias se quedaron sin saber cómo o dónde ingresar las rentas. Cinco años después, 17 de ellas se enfrentaban hasta hoy a la tercera notificación de desahucio, a pesar de estar activo el Real Decreto 37/2020 que en teoría los detiene mientras duren los efectos de la pandemia. La fecha marcada por el juzgado era este miércoles, 14 de julio, a las diez de la mañana.

Gloria, la esposa de Julián, está dentro de la lista de familias que no tendrán que marcharse: “Estamos medio contentos. Sobre todo por mi nieto, que vive con nosotros desde hace tres años, no quería cambiar de barrio, ni de amiguitos”. EL PAÍS ha tenido acceso al listado de pisos que se transformarán en alquiler social: un bajo, un primero, dos segundos, dos terceros y tres quintos, nueve en total.

Aún esta mañana, según relatan varios vecinos, dos hombres se ha acercado al portal ofreciendo dinero. Es la tercera vez que vienen en un mes. “Nos ofrecieron 5.000 euros a cada piso por irnos”, relata Julián. Hoy han vuelto y les han ofrecido el doble, 10.000 euros. “Al decirle que nos van a regularizar a nueve, han cambiado de opinión”, explica. “Ya no les interesaba y se han ido”.

El inmueble, que ocupa una parcela de 682 metros cuadrados y fue construido en 1926, contiene 70 viviendas, 40 de las cuales pertenecen a propietarios particulares. Las 30 de la inmobiliaria pasaron a la Sociedad de Gestión de Archivos procedentes de la Reestructuración Bancaria, la SAREB. Hubo una primera y única vista en los juzgados de Plaza de Castilla al principio del proceso, en el que cada familia pudo exponer sus condiciones y aportó la documentación requerida. “Preguntamos dónde ir ingresando el alquiler”, explica Julián de las Mozas, exrepartidor de carne jubilado de 68 años y vecino del segundo. “Nos dijeron que esperáramos a que nos comunicasen el número de una cuenta bancaria”. Pero esta información nunca les llegó.

Otro de los vecinos, de 82 años, había heredado el contrato subrogado de su abuelo, que a su vez lo había firmado en 1937, y quiso ir consignando el importe de cada mensualidad en el juzgado de instrucción número 54. La abogada de las 17 familias, Pilar Huete, se indigna al teléfono: “Ha estado varios años pagando religiosamente, y no le ha servido de nada”. Explica además que desde el juzgado pueden argumentar que se encuentran ante un procedimiento hipotecario, porque los contratos ya están resueltos. “Pero esta situación está directamente relacionada con el arrendamiento”, precisa.

Según dicta la Ley de Arrendamientos Urbanos, para contratos de más de siete años si el dueño es una persona jurídica, como lo es la extinta inmobiliaria, el inquilino podrá quedarse en el inmueble ante situaciones en que el arrendador pierda la titularidad de la vivienda, si se han registrado los contratos en el Registro de la Propiedad antes de la situación sobrevenida. De otro modo se resuelven. “Pero cómo iban a saber esto las familias” continúa Huete. “Ellos tenían un justo título, no son okupas, han estado años preguntando a quién pagar”.

Ellos tenían un justo título, no son okupas, han estado años preguntando a quién pagar

Pilar Huete, abogada de las familias

Marcela Cuadro, vecina del bajo, es la más antigua del edificio. Fue, de hecho, la portera desde 1980 hasta su jubilación. El más reciente es Tarik, llegado a principios de 2015, repartidor de pizzas de una gran cadena. Las amigas Naima y Rashida, de 56 y 63 años, llevan también varios años en el inmueble. Naima sigue esperando a que le saquen del ERTE y pueda volver a su trabajo en un restaurante, mientras que Rashida ya está jubilada de su trabajo de cocinera, tras más de 24 años. Con su sueldo y pensiones pagaban el alquiler sin problemas.

De la misma forma lo hacían Irma, Milagros, Estela Mari, Luz María o Paola, todas ellas mujeres venidas de Latinoamérica y que dejaron a los suyos para cuidar de los hijos y mayores de familias madrileñas. Con lo que ganaban pagaban las rentas, que oscilaban entre los 340 a los 550 euros, en función del tamaño de los pisos. De acuerdo al catastro, hay ocho de entre 18 y 21 metros cuadrados en el bloque.

Pequeños o grandes, para estas familias estos pisos son su hogar y no quieren irse. Reclaman hacer válidos los contratos de alquiler que tenían en vigor cuando su casero se arruinó. Tampoco podrían irse, aunque quisieran: no tienen posibilidad de asumir hoy el precio medio de los alquileres de Madrid. En Madrid han subido los arrendamientos un 57%.

En la plataforma Stop Desahucios tienen una propuesta de solución: “El Ayuntamiento podría perfectamente comprar las viviendas”. Mercedes Revuelta, activista de la entidad, introduce la posibilidad. “El Ayuntamiento ya firmó un convenio con la SAREB para ampliar su parque público de vivienda”, dice Revuelta. Desde el Consistorio confirman este hecho: “la Sociedad cedió 108 viviendas a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo en enero de 2016”. Antes de que venciera el convenio, se compraron para no tener que realojar a los inquilinos. Sin embargo, el edificio de la calle de Cáceres número siete no estaba en la bolsa. “Estas viviendas no están en el acuerdo, y de momento no nos interesan”, explica el portavoz de la empresa pública.

Estas 50 personas son vulnerables, hemos presentado papeles para justificarlo al juzgado, a los servicios sociales, y a una gestora de la SAREB

Pilar Huete, abogada de las familias

Pilar Huete explicaba antes de la intervención de la SAREB que esperaba que el lanzamiento no se ejecutara. “Estas 50 personas son vulnerables, hemos presentado papeles para justificarlo al juzgado, a los servicios sociales, y a una gestora de la SAREB”.

Desde servicios sociales del Ayuntamiento aseguraron el jueves pasado a este periódico que ya había acuerdo con la entidad para ofrecer un alquiler social a tres familias y que, desde la Junta Municipal, se había solicitado la suspensión de lanzamiento. Las familias aseguraron que no sabían nada. Registraron su último recurso el pasado viernes, sin saber si el juzgado había recibido informes de los trabajadores sociales. La letrada insiste en la situación de vulnerabilidad, el título de arriendo existente, “y por supuesto hay un decreto en vigor que prohíbe que les saquen de sus casas en pandemia”.

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