41.836 euros para que una empresa se ocupe de que votar en Madrid siga siendo gratis

Hay veces que hay que pagar para votar. Es lo que les sucedió a 5.669 madrileños que querían ejercer ese derecho de cara a las elecciones del 4-M, que ganó Isabel Díaz Ayuso (PP): como vivían en países que no permiten el franqueo en destino, tuvieron que pagar de sus bolsillos el envío de sus sufragios. Ahora, la Comunidad licita un contrato de 41.836,96 euros para que una empresa se encargue de devolverles el dinero. El Ejecutivo alega que carece de la infraestructura para cumplir con esta obligación legal, diseñada para garantizar la gratuidad del voto. El operativo es similar al que ya usaron antes otras Administraciones, como la central, para externalizar el pago de estas compensaciones.

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La empresa no correrá con los gastos de los reembolsos y podrá cobrar hasta 5 euros por cada solicitud ordinaria, y 7 por cada reclamación que tramite. En paralelo, la compensación a los electores saldrá directamente de las arcas públicas.

“El importe a pagar por los gastos de franqueo correrá por cuenta de la Consejería de Presidencia directamente, la cual transferirá el dinero a la adjudicataria, no constituyendo en ningún caso dicho importe parte del precio del presente contrato”, se especifica en la documentación de la licitación.

¿Por qué es necesaria la externalización de estos trabajos, que durarán un máximo de dos meses? ¿Qué impide que la Administración regional los haga con sus propios medios, y evite así incurrir en este gasto?

“La secretaria general técnica constata la imposibilidad de realizar con medios propios los trabajos contenidos en el presente contrato, al no disponer de medios materiales ni humanos adecuados para su desarrollo”, argumenta la Comunidad. “En consecuencia, se hace precisa la licitación de un concurso público al objeto de que los trabajos y servicios propuestos sean desarrollados por una empresa externa y especializada en la materia”.

El de la especialización no es un requisito menor. Un error provocó problemas para cobrar el reembolso a cientos de los españoles que pagaron por enviar su voto en las elecciones generales de abril de 2019, y en las europeas, autonómicas y municipales de ese mayo de ese año.

Más de 5.000 peticiones

La Comunidad ha recibido hasta ahora 5.149 peticiones de reembolso de votantes inscritos en el censo de electores residentes ausentes (CERA) que emitieron su sufragio desde países que no contaban con apartados de correos específicos. La misma solicitud han hecho 520 madrileños que viven fuera de Madrid de manera temporal. La Administración, además, calcula que próximamente recibirá 850 solicitudes o reclamaciones más. De ellas cree que estimará más de 280. En consecuencia, asegura, el número total de devoluciones superará las 6.800.

Para evitar pagos injustificados, el contrato detalla aquellos países desde los que se puede enviar el voto sin pagar, en el caso de los votantes inscritos en el CERA, y que por lo tanto deben ser excluidos del proceso: Francia, México, Alemania, Chile, Perú, Uruguay, Irlanda, Suecia, Bélgica, Países Bajos, República Dominicana, Colombia, Cuba, Argentina, Suiza, Andorra y Venezuela.

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