Cuatro alcaldías del PP en la región de Madrid sometidas a examen judicial en una misma semana

Cuatro hombres que han ocupado alcaldías del PP en la Comunidad de Madrid han tenido esta semana novedades en los casos que les enfrentan a la Justicia. Tres se han sentado en el banquillo para explicar por qué concedieron licencias a promotores de vivienda durante sus mandatos en Colmenar Viejo (51.938 habitantes) a pesar de que incumplían las normas urbanísticas. Se trata del alcalde Jorge García (que gobierna desde 2016) y de los exalcaldes Miguel Ángel Santamaría (2011-2016) y José María de Federico Corral (1995-2011).

La Fiscalía Provincial de Madrid solicita dos años de prisión y otros ocho de inhabilitación para el alcalde por un delito de prevaricación urbanística. Para sus predecesores en el cargo pide tres años y seis meses de prisión. También se sientan en el banquillo por estos hechos dos concejales y siete exconcejales, todos del PP.

El escrito de acusación señala que los miembros integrantes de las sucesivas Juntas de Gobierno del Ayuntamiento de Colmenar Viejo se pusieron de acuerdo a partir de 2008 para otorgar de forma “muy reiterada” un total de 16 licencias urbanísticas, especialmente licencias de primera ocupación, a distintos promotores, a pesar de infringir la ley. Las violaciones se refieren a infracciones como sobrepasar la altura permitida, las condiciones de salubridad, de calidad del aire, las distancias entre edificios o la estética.

El juicio comenzó el martes y se ha prolongado a lo largo de la semana. El alcalde actual dijo el martes a los periodistas concentrados a la puerta del juzgado número 11 de Madrid que ha sido víctima de un juicio paralelo totalmente injusto en los últimos siete años. “Por fin nos sentamos ante la Justicia”, dijo, según declaraciones recogidas por la agencia Europa Press. Subrayó que en su caso los hechos se refieren a una única licencia a la que solo le faltaba el contrato de la compañía eléctrica. “Son pequeñas desviaciones urbanísticas de un centímetro de altura, de un grado en la inclinación de un tejado, no hay nada que incumpla”, añadió.

El otro caso afecta a quien fue regidor de Brunete (10.760 habitantes) entre 2011 y 2019, Borja Gutiérrez. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó este miércoles la condena por cohecho a dos años de cárcel, al haber resultado demostrado que intentó sobornar entre 2011 y 2012 a la entonces concejal de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) María Isabel C., con el objetivo de que se pasara al PP y así lograr la mayoría suficiente para no depender del resto de partidos. Contra la sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

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