El Gobierno facilita la tramitación exprés de sus normas justo antes de las elecciones

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se ha escudado en sus dificultades para combatir ágilmente los efectos de la pandemia para aprobar un decreto que acelera la tramitación de sus normas: disminuye los plazos de emisión de informes, suprime trámites que considera innecesarios o duplicados, y regula específicamente la tramitación urgente. Esos cambios han levantado suspicacias en los partidos de la oposición, que temen una disminución de los controles previos, y critican que la decisión se haya tomado a la puerta de las elecciones.

La minoría absoluta de Isabel Díaz Ayuso

“Durante la covid, y ante la urgencia de todo lo que sucedía, nos dimos cuenta de la necesidad de tener instrumentos normativos rápidos para poder actuar, y que nuestras tramitaciones de normas se hicieran a la máxima velocidad”, explicó el portavoz regional, Enrique Ossorio, tras el consejo de Gobierno del miércoles. “Por eso se han reducido plazos, se han suprimido trámites que no tenían sentido, se ha creado un procedimiento específico urgente que reduce a la mitad los plazos, y otro muy rápido para las disposiciones que son meramente organizativas”, apuntó tras celebrar que Madrid cuente por primera vez con procedimiento propio para la elaboración de normas. “Procedimientos que tardaban 140 días, o más, se van a reducir a la mitad, a 70 días”.

Esas explicaciones no convencen a la oposición, que tampoco vio con buenos ojos que la presidenta tanteara el proyecto de reformar el Estatuto de Autonomía para reforzar su poder, introduciendo la figura de los decretos leyes para situaciones de emergencia. Entonces, como ahora, la excusa fue que la pandemia había mostrado las dificultades de la Administración para responder con rapidez a una situación constantemente cambiante. La razón, a ojos de la oposición, era otra: la inestabilidad de un Gobierno en minoría, y totalmente dependiente de Vox, que no ha sido capaz de aprobar ni un solo Presupuesto en dos años.

Nos preocupa que se confunda la agilidad con la laxitud en el control de algunos procedimientos

José Cepeda, diputado del PSOE

“Nos preocupa”, dice José Cepeda, diputado autonómico y senador del PSOE. “En una comunidad como esta, en el epicentro de la corrupción en España, con numerosos casos pendientes, es llamativo, primero, el momento en el que se toma la decisión, en medio de un proceso electoral”, apunta. “Y segundo, nos preocupa, también, que se confunda la agilidad con la laxitud en el control de algunos procedimientos”.

“El gobierno en funciones de Ayuso modifica el sistema de elaboración de decretos para hacerlo menos participativo y con menos garantías”, lamenta Jacinto Morano, de Podemos, sobre el Gobierno regional, que mantiene aún plenos poderes, pero tiene ya unas elecciones en el horizonte. “Es un gobierno que ha sido incapaz de sacar adelante, ni siquiera de presentar, unos Presupuestos. Solo saben gobernar por decreto”.

El problema no es de plazos, es de acción política: el gobierno de Ayuso ha aprobado una ley en dos años, recurrida por no respetar el procedimiento ante el Tribunal Constitucional

Pablo Gómez Perpinyà, diputado de Más Madrid

“El problema no es de plazos, es de acción política”, coincide Pablo Gómez Perpinyà, de Más Madrid. “El gobierno de Ayuso ha aprobado una ley en dos años, recurrida por no respetar el procedimiento ante el Tribunal Constitucional”, recuerda sobre la reforma de la ley del suelo para eliminar trabas administrativas a los constructores. “El periodo electoral es el outlet de un gobierno ineficaz que no ha trabajado cuando les correspondía y ahora le toca estudiar todo en una noche antes de los exámenes de septiembre y haciendo trampas”.

El Gobierno, sin embargo, solo ve ventajas en los cambios, que no afectan a la contratación, sino a la elaboración de disposiciones de carácter general. Y pone ejemplos. Se reduce casi un 50 % la tramitación del procedimiento normativo, debido fundamentalmente a la simplificación o supresión de trámites, la reducción directa de alguno de los plazos, y la simultaneidad en la solicitud de informes, explica un portavoz. Es el caso de la declaración de urgencia en la tramitación de un proyecto normativo, será suficiente con una orden del consejero correspondiente, y no hará falta, como hasta ahora, la tramitación de un Acuerdo del Consejo de Gobierno. Y se establece un Plan Normativo plurianual, en lugar del anual vigente hasta ahora, lo que, asegura el portavoz gubernamental, reforzará la planificación.

Como resultado, dice el Gobierno, la duración media de la tramitación de las normas pasará de 125 días hábiles a unos 70. Una flexibilización que no deja claro a quién beneficia.

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